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En Costa Rica, muchos dan casi por sentado que el oficialismo llegará a las próximas elecciones con ventaja. El razonamiento es sencillo: el presidente Rodrigo Chaves conserva un nivel de apoyo considerable, muy a pesar de constantes choques institucionales, roces con la prensa y cuestionamientos a su estilo de gobernar.
Bajo esa lógica, su candidata debería heredar ese capital político. Y las encuestas, vistas superficialmente, parecen confirmar la tesis: el presidente mantiene un respaldo sólido y, en teoría, Laura Fernández debería cosecharlo.
Pero lo que en la teoría parece evidente, en la práctica no lo es tanto. La política no es una simple ecuación donde la popularidad se transfiere como si fuera un cheque en blanco. Se trata de un fenómeno mucho más incierto.
Aquí surge un dilema que conviene analizar: ¿cuánto del respaldo a Rodrigo Chaves pertenece realmente a su figura y cuánto se le puede trasladar a Laura Fernández? Esa pregunta es central porque las urnas no miden lealtades, sino percepciones, atributos y confianza.
Aquí radica mi primera advertencia para el oficialismo: su supuesto caudal político podría estar en jaque si no saben gestionar la transferencia de poder.
El riesgo de transferencia política
La mayor vulnerabilidad del oficialismo es asumir que el capital político del presidente es un activo fácilmente trasladable a su candidata. En la práctica, este capital puede diluirse, especialmente si Laura Fernández no es capaz de proyectar atributos similares a los que hoy sostienen la popularidad del mandatario.
Este riesgo lo veo en tres planos: el primero es el de la percepción: los costarricenses pueden valorar la fuerza de Chaves como líder, pero no necesariamente ver las mismas cualidades en Fernández; el segundo, la continuidad, pues parte del electorado podría simpatizar con algunas políticas de este gobierno, pero desconfiar de la persona llamada a ejecutarlas en un eventual nuevo mandato; y el tercer plano es el de la confianza: sin un vínculo emocional con la ciudadanía, no hay transferencia posible. El voto no se mueve por decreto, sino por credibilidad.
En otras palabras, el oficialismo podría descubrir demasiado tarde que el apoyo al presidente es un recurso personalísimo, pero nunca transferible. Y lo que parecía una elección ganada podría llegar a transformarse en una contienda abierta, con resultados impredecibles.
Un archipiélago disperso
Del otro lado, la oposición vive su propio laberinto: la abundancia de nombres no se traduce en opciones reales; no logran articular un discurso convincente ni convertirse en opción real de poder. Durante meses, su error ha sido reducir la política a un rechazo a Chaves, sin construir un relato que ofrezca esperanza o futuro. O tal vez sí haya candidatos que, aunque no atacan directamente el chavismo, siguen sin echar mano a las herramientas del marketing político para vincularse directamente con los votantes.
Este desorden beneficia a la candidata oficialista, incluso con sus debilidades a cuestas. Mientras sus rivales fragmentan el voto y dispersan recursos, ella se asegura –al menos– la ventaja de la unidad interna. Y es claro que, en el escenario actual, no hay posibilidad de alianzas ni coaliciones que reduzcan la dispersión.
Cada candidatura se aferra a su propia lógica, lo que convierte a la oposición en un archipiélago de voces aisladas. Esta incertidumbre estructural diluye recursos, fragmenta mensajes y genera una ineficiencia colectiva. Es decir, todos pierden por no ser capaces de coordinarse, aun cuando compartan un objetivo común.
El costo de las oportunidades perdidas
En política, el costo de oportunidad es enorme. El oficialismo tropieza con la dificultad de transferir apoyo a su candidata, pero la oposición pierde la ocasión de consolidar una narrativa de esperanza para el futuro. El vacío está ahí, abierto, esperando ser ocupado. Sin embargo, la fragmentación hace de cada intento un esfuerzo ineficiente.
Lo vimos en elecciones recientes: en 2014, el Partido Acción Ciudadana llegó a segunda ronda en buena parte porque la oposición tradicional se neutralizó a sí misma. En 2018, la dispersión de candidaturas provocó un escenario similar: el oficialismo, debilitado, logró sobrevivir gracias al desconcierto opositor. En ambos casos, más que la fuerza de quien ganó, pesó la incapacidad de quienes debían hacerle frente.
Y este es el verdadero drama de la política costarricense del siglo XXI: la oposición parece condenada a desperdiciar oportunidades por no actuar en el momento correcto.
Lo que está en juego
Si el oficialismo logra mitigar el riesgo de transferencia fortaleciendo la figura de Fernández, podrá extender su control. Pero si no lo logra, se abrirá un vacío que la oposición –si fuese más hábil– podría aprovechar. El problema es que hasta ahora ningún partido ha diseñado una estrategia para crecer más allá de sus convencidos.
En otras palabras, el dilema no es solo del oficialismo, que debe demostrar que puede trasladar la popularidad del presidente a su candidata. También es de la oposición, que debería tener la capacidad de capitalizar cualquier debilitamiento. Hoy, ninguna de las dos condiciones está garantizada.
El triunfo del oficialismo no está escrito. Tampoco la derrota de la oposición. El desenlace dependerá de dos factores: si Laura Fernández logra ganarse la confianza de los votantes más allá de la sombra de Chaves, y si la oposición entiende que su tarea inmediata es forzar una segunda vuelta, aunque eso implique dejar de lado egos y agendas menores.
En un país donde la mayoría insiste en que no quiere más de lo mismo, las próximas elecciones serán una prueba de inteligencia política. No ganará quien grite más fuerte contra el adversario, sino quien logre escuchar con mayor claridad la demanda ciudadana.
paolo@segurosticos.com
Paolo Araya es máster en Gestión de Riesgos.
