
Los costarricenses entienden algo que algunos países han olvidado: que la soberanía de una nación pequeña no vale menos por serlo. La identidad de Costa Rica se ha construido sobre la idea de que el tamaño no determina la legitimidad: un país de poco más de cinco millones de habitantes tiene derecho a manejar sus propios asuntos, elegir su propio gobierno y rechazar la injerencia externa.
Eso también está en juego en el Atlántico Sur.
La soberanía británica sobre las Islas Falkland data de 1765, varios años antes de que existiera siquiera la República argentina. Cuando Argentina envió una guarnición militar a esas islas, a finales de 1832, el Reino Unido la retiró rápidamente. Se alentó a la población civil, que previamente había solicitado y recibido permiso británico para residir en las islas, a permanecer allí. La mayoría decidió hacerlo voluntariamente.
Muchas de las familias que viven allí hoy han permanecido en las islas durante diez generaciones, un periodo más largo que el de muchas familias argentinas en la propia Argentina.
Además, las recientes afirmaciones del canciller Pablo Quirno ignoran otra verdad incómoda. En 2013, los habitantes de las Islas Falkland celebraron un referéndum libre y justo, supervisado por observadores internacionales de Canadá, Estados Unidos, Chile, Brasil, Uruguay y Nueva Zelanda. Con una participación del 92%, el 99,8% votó a favor de seguir siendo un territorio británico autónomo. Eso es lo más cercano a la unanimidad que puede ofrecer la democracia.
Si Argentina realmente respetara la autodeterminación –un principio que invoca de forma constante en otros contextos–, aceptaría ese resultado como cualquier democracia acepta el resultado de una elección que no le favorece. En cambio, Buenos Aires sigue intentando reabrir una cuestión ya resuelta mediante campañas de presión internacional, con la esperanza de que la repetición sustituya la legitimidad.
En 1982, Argentina intentó otro camino: la invasión. El Consejo de Seguridad de la ONU la condenó de inmediato y exigió el retiro de sus fuerzas. Argentina se negó, y el conflicto resultante costó muchas vidas jóvenes en ambos bandos, un doloroso recordatorio de lo que ocurre cuando se usa la fuerza para resolver una cuestión que la democracia ya ha respondido con claridad.
Nada de esto busca faltarle el respeto a Argentina ni a su pueblo. El Reino Unido ha trabajado arduamente para construir una relación verdaderamente productiva con Argentina, desde la cooperación en materia de seguridad hasta un comercio que supera las 2.000 millones de libras anuales. Hay aún más espacio para que ambos países trabajen juntos en intereses regionales compartidos.
Lo que no hay es espacio para negociar el derecho básico de 3.600 personas a decidir quién las gobierna, un principio que Costa Rica, entre todas las naciones, ha defendido durante décadas en el escenario internacional.
En última instancia, esta es una cuestión sobre los principios fundamentales del sistema internacional.
Los habitantes de las Islas Falkland son una comunidad autónoma que ha votado, repetida y abrumadoramente, por seguir siendo lo que son. Respetar su decisión es nuestra obligación.
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Edward Stevens es embajador del Reino Unido en Costa Rica.