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Cuando llegaron las cámaras de foto-multa, se decía que “iban a reemplazar a los oficiales de Tránsito”. No ocurrió. Lo que sí sucedió, en algunos países, fue una reorganización del trabajo: menos tiempo en tareas repetitivas de vigilancia y más capacidad para enfocarse en prevención, control estratégico y atención de emergencias.
En Costa Rica, uno de los problemas más graves es la velocidad. La experiencia demuestra que las cámaras y los dispositivos de control automatizado funcionan como disuasivos efectivos: reducen la tentación de exceder los límites y permiten sancionar sin necesidad de contar con un oficial en cada punto de la vía. Estos sistemas no sustituyen la presencia policial, pero sí la complementan y amplían su alcance, lo que libera a los oficiales para labores de mayor valor agregado.
A falta de un oficial en cada esquina, las cámaras “llenan el vacío”. No en el sentido literal, pero sí generan en el conductor la sensación de que cualquier irrespeto puede tener consecuencias.
Hoy el debate resurge con la inteligencia artificial (IA): ¿viene a sustituir funcionarios o a potenciar su desempeño? ¿O más bien a suplir la ausencia de recurso humano con herramientas inteligentes? La ruta sensata es la del gobierno aumentado: usar la IA para descargar tareas rutinarias y repetitivas, mientras que las decisiones con implicaciones legales, éticas o de criterio permanecen en manos humanas. No se trata de reemplazar personas, sino de combinar lo mejor de ambos mundos para ofrecer servicios más oportunos y de mayor calidad. La historia ya ha demostrado que la tecnología, bien aplicada, no elimina funciones, sino que redefine y mejora el trabajo público.
¿Hay productividad real detrás de esa promesa? Un estudio de la consultora McKinsey & Company estima que la IA generativa podría aportar entre $2,6 y $4,4 billones anuales en valor económico, principalmente al automatizar partes del trabajo del conocimiento: síntesis de información, redacción de borradores y apoyo en la toma de decisiones. Trasladado al sector público, esto se traduciría en liberar horas de escritorio para destinarlas a tareas de mayor valor público, como la atención ciudadana, la auditoría previa, el control interno, la planificación y la coordinación interinstitucional.
Ahora bien, potenciar no significa “apretar un botón y listo”. Requiere un diseño responsable: con datos protegidos, trazabilidad, supervisión humana y capacitación del personal. Los organismos internacionales, como la OCDE a través de su Observatorio de Innovación en el Sector Público (OPSI), recuerdan que los gobiernos usan IA para diseñar mejores políticas y servicios, pero también advierten de riesgos que deben gestionarse: sesgos, falta de explicabilidad, calidad de los datos y ausencia de transparencia. La clave es implementar con ética y con gobernanza, no con un entusiasmo desmedido que ignore los límites y los riesgos.
Así como las foto-multas no sustituyeron a los policías de Tránsito, la IA no tiene por qué sustituir al funcionario público. Bien aplicada, puede ser el copiloto que eleve productividad y calidad, mientras el conductor –la persona funcionaria— mantiene el juicio, la responsabilidad y la vocación de servicio.
barqueroa77@gmail.com
Alberto Barquero Espinoza es administrador de empresas con énfasis en transporte terrestre y seguridad vial.
