La violencia nos consume, ¿y las autoridades, qué?

La indignación es palpable, pero lo más aterrador es la indiferencia de aquellos que deberían estar tomando decisiones para frenar esta ola de destrucción. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que el país se desangre mientras unos pocos siguen en sus cómodos puestos de poder, ocupados más en sus intereses personales que en el bienestar del pueblo?

Nos encontramos ante una emergencia nacional que ya no puede esperar más. La violencia ya no tiene fronteras: los crímenes no solo afectan a ciertos cantones, sino que se han filtrado en todos los rincones del país. Y lo peor de todo es que nos hemos vuelto insensibles. ¿Cuántos más tienen que morir para que, finalmente, nuestras autoridades reaccionen? ¿De qué sirven las leyes y las promesas si no se cumplen? Los responsables de velar por la seguridad del país están demasiado ocupados en disputas partidarias, mientras el pueblo paga el precio más alto.

¿Dónde está la Asamblea Legislativa que, como principal encargada de la creación de leyes, debería haber hecho más para endurecer las penas y modificar el sistema judicial que favorece a los criminales? ¿Dónde está la Corte Suprema de Justicia, que se supone que debe velar por el bienestar de los costarricenses y la aplicación justa de la ley? Y, más importante aún, ¿qué está haciendo el señor presidente de la República?

Esta no es una cuestión de colores políticos ni de ideologías, es una cuestión de vida o muerte. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando ni siquiera nos asustan los asesinatos de niños, el hecho de que los propios hijos maten a sus madres, o que los adolescentes se conviertan en sicarios a tan corta edad?

Costa Rica está perdiendo su esencia. El país necesita una transformación real, no una lucha política vacía. Ya no se trata de quién tiene el poder o de quién está en la oposición, se trata de salvar vidas y devolverle a Costa Rica la seguridad y la paz que tanto necesita.

Las respuestas que deben darse a esta crisis están claras, pero las autoridades siguen dilatando el tema. Si bien las bandas criminales son las primeras culpables, no podemos dejar de señalar a aquellos que, teniendo el poder, se quedan de brazos cruzados.

Es hora de exigir soluciones reales; ya no hay tiempo para promesas vacías ni para discursos que no resuelven nada. Necesitamos acciones concretas y las necesitamos ya:

1. Reformas en el sistema judicial: No podemos seguir tolerando la impunidad, los procesos deben ser más ágiles y las penas para los delincuentes deben ser más severas y no el hazmerreír de los delincuentes.

2. Inversión en seguridad pública: La Policía necesita más recursos, capacitación y tecnología para enfrentarse a las bandas organizadas que dominan las calles.

3. Programas de prevención social: Debemos atacar las raíces del crimen, ofreciendo alternativas reales a los jóvenes en riesgo en campos como deporte, cultura y educación. Esto, antes de que se conviertan en parte del problema.

4. Coordinación interinstitucional inmediata: El gobierno, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema deben trabajar juntos, dejando de lado los intereses políticos, para proteger a la población.

Costa Rica no puede esperar más; este país está en peligro, y las autoridades deben responder. La gente está desesperada, y el tiempo de las palabras ha pasado. Ahora urgen las acciones contundentes, las decisiones claras y, sobre todo, un compromiso con la seguridad de todos los costarricenses.

Las discusiones estériles deben terminar. Ya basta de mirar hacia otro lado, Costa Rica exige respuestas.

regidorescazu@gmail.com

Ricardo López Granados es regidor propietario de la Municipalidad de Escazú.