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El Acuerdo de París trazó objetivos trascendentales para limitar el calentamiento global con cambios sin precedentes a nivel productivo: reducir emisiones, descarbonizar la economía e incrementar la resiliencia climática, lo cual también advierte de impactos en el mercado de trabajo.
La acción climática no puede alcanzarse sacrificando el bienestar social ni profundizando las desigualdades. La transición justa implica movernos de sistemas productivos contaminantes y destructivos hacia modelos económicamente viables, socialmente inclusivos y ambientalmente sostenibles.
La descarbonización y el paso a fuentes de energía cero emisiones constituyen un marco de acción clave para la adaptación climática y la transición justa permite asegurar que los beneficios de esta transformación ecológica se traduzcan en oportunidades: nuevos empleos, acceso a energías renovables, menos contaminación del aire, más resiliencia ante el cambio climático y avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los Gobiernos han comenzado a reconocer la necesidad de avanzar hacia una transformación justa y han generado planes climáticos y de largo plazo como con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). Además, los países cuentan con la Guía de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016) que orienta a los gobiernos y sus interlocutores sobre los marcos de política pública.
Esta guía advierte sobre la necesidad del diálogo para alcanzar consenso social sobre las vías para la sostenibilidad y de la coherencia entre lo económico, lo medioambiental, lo social, formativo y laboral para lograr una transición justa. Para ello se requieren: políticas macroeconómicas y de crecimiento, industriales y sectoriales, políticas activas del mercado de trabajo y derechos laborales, así como protección social.
¿Como se traduce en la gestión pública?
1. Diagnóstico territorial y planificación participativa
Antes de implementar medidas climáticas, identificar los sectores y territorios más vulnerables permite abrir diálogos multisectoriales para construir soluciones ajustadas a la realidad local. La participación de los actores sociales, productivos y autoridades locales ayuda a construir soluciones climáticamente inteligentes y a definir metas para un desarrollo sostenible, contener los impactos ambientales y generar capacidades para insertarse en las nuevas dinámicas productivas y laborales.
Regiones mineras, zonas rurales con agricultura intensiva y comunidades costeras ofrecen una oportunidad para repensar el desarrollo sostenible.
2. Protección social y reconversión laboral
No dejar a nadie atrás es una premisa que coloca en perspectiva el reto de cerrar las brechas económicas y sociales. Garantizar la adecuada protección social, generar condiciones para incrementar la resiliencia climática y proteger a la población ante los impactos climáticos puede contribuir a las metas de empleo productivo, elevar las condiciones de trabajo decente y promover una mayor inclusión para reducir el desempleo y la pobreza.
Mecanismos de seguridad y compensación social, incentivos a la generación de empleos verdes, nuevos nichos de producción sostenible y el desarrollo de habilidades y competencias para las nuevas condiciones laborales, son retos en la transición.
3. Financiamiento y cooperación
Para impulsar una transición, se requiere acceso a recursos financieros y es crucial que se diseñen instrumentos fiscales y presupuestarios que prioricen la inversión social. Existe una valiosa oferta de fondos climáticos internacionales que incentivan la generación de alianzas con organismos multilaterales, sector privado e instituciones financieras.
La coherencia política se torna clave. Es integrar el desarrollo sostenible y la transición justa en las políticas macroeconómicas y de crecimiento: políticas que promueven la producción y consumo sostenible alineadas con las estrategias para favorecer el entorno competitivo, la innovación empresarial y la generación de empleos decentes.
¿Qué pasa si no avanzamos hacia un enfoque justo?
En las condiciones actuales, representa un riesgo ambiental y puede exacerbar el malestar y la desconfianza de segmentos de la población que podrían enfrentar afectaciones laborales y a sus medios de vida. Lo anterior podría traducirse en resistencia y conflictos socioambientales por la desinformación y por el potencial impacto en la ciudadanía.
Perder empleos sin tener alternativas viables podría generar mayores costos sociales y económicos en el mediano plazo. Una transición justa no es un lujo, sino una condición necesaria para la viabilidad política y social de la transformación ecológica. Los gobiernos que integren este enfoque estarán mejor posicionados para garantizar una acción climática efectiva, legítima y duradera.
Incorporar justicia social en las decisiones ambientales es una inversión en estabilidad y equidad para un futuro sostenible compartido.
Carlos Manuel Rodríguez E. es CEO de Global Environment Facility (GEF) y exministro del Minae.
Geannina Dinarte R. es socia fundadora de Boreal Consultoras y exministra de la Presidencia y del MEIC.
