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Iniciada nuestra campaña electoral, varias personas candidatas a la presidencia ya han anunciado en sus discursos que, ante la persistencia de la crisis de criminalidad que afronta el país, consideran como opción para contenerla la suspensión de garantías individuales, totales o parciales, en el territorio nacional. Esto no sorprende, pero sí denota el profundo desconocimiento en esas campañas electorales, tanto de los candidatos como de sus flamantes asesores en ese campo.
La suspensión de garantías, o estado de excepción, se ha utilizado largamente en América Latina como estrategia electoral para atraer votos, de modo que lo que estamos viendo aquí no es nada nuevo. Todo lo contrario, repite prácticas de mano dura fracasadas que utilizaron otros países como México, Honduras y Ecuador, que, tristemente, no dieron resultados positivos; son pura demagogia populista que engaña a la ciudadanía. Veamos.
Según señaló Juliana Rubio, directora asociada del programa de las Américas del Center for Strategic and International Studies (CSIS) en el informe de 2024 El creciente atractivo regional de las estrategias de mano dura de lucha contra el crimen, muchas campañas políticas a la presidencia en la región que enfatizan en una estrategia de mano dura contra la delincuencia, con la promesa de medidas punitivas que restablezcan el orden, a menudo han resonado entre los votantes.
Eso tiene relación con que, en América Latina y el Caribe, los ciudadanos durante mucho tiempo han tenido una fascinación por los líderes autoritarios con ínfulas de caudillos, los que a menudo erosionan la democracia, debilitan las instituciones y violan los derechos humanos.
En el contexto actual de violencia criminal exacerbada en varios países latinoamericanos debido al crimen organizado transnacional, el denominado “modelo Bukele”, ambiguo, según Rubio, está capturando cada vez más irracionalmente la imaginación de los políticos y ciudadanos latinoamericanos. Pese a ello, opina Rubio, las personas no comprenden lo que realmente hace ese modelo, lo que los ciudadanos deben sacrificar para implementarlo y los costos sociales significativos que implica perseguir la ilusión de soluciones rápidas, un enfoque que nunca ha demostrado ser sostenible ni efectivo.
Además, no hay que olvidar que el “modelo Bukele” está basado en la cooptación de los poderes –tanto el Legislativo como el Judicial–, en negociaciones clandestinas con las pandillas y en un estado de excepción permanente, de modo que la solución de la seguridad en realidad es un camino al autoritarismo.
Las estrategias de mano dura, incluyendo la suspensión de garantías, son cortinas de humo que engañan a los electores haciendo de la mentira una verdad. Lo que ponen en evidencia, a la postre, es la incapacidad de los gobiernos para implementar las políticas públicas idóneas centradas en las causas estructurales de la criminalidad, como ha ocurrido en nuestro país con la presente administración, que permanece en estado de negación. Así lo demostró el presidente Rodrigo Chaves en una entrevista reciente que concedió a Fox News, en la que afirmó que la ciudadanía tica está confundida respecto a la inseguridad. ¿Cómo reaccionarían él, los ministros Mario Zamora y Gerald Campos, o la diputada Pilar Cisneros, si uno de sus parientes resultara víctima colateral del sicariato narcotraficante?
Según la fundación InSight Crime, varios países latinoamericanos han apostado recientemente por declarar o prolongar estados de excepción para combatir el crimen organizado, aunque hasta ahora los resultados de esos esfuerzos han mostrado poca evidencia de éxito. Tales medidas, según InSight Crime, generan ventajas operativas, políticas y mediáticas de forma inmediata, pero no los resultados prometidos y dan lugar a riesgos cuando se prolongan.
A veces, esta medida es la única opción, porque los gobiernos no tienen una verdadera política de seguridad ciudadana y optan por ella para ejercer la autoridad, afirma Edward Hoffman, experto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
Por su parte, en Ecuador, la Corte Constitucional ha resaltado la insuficiencia de los estados de excepción para solventar problemáticas sociales de carácter estructural. La Corte recalcó que los estados de excepción no son una solución a largo plazo para los problemas de seguridad ciudadana. En su dictamen N.° 6-22-/EE, 2022, párrafo 145, estableció: “i) decretar un estado de excepción no constituye por sí solo una solución inmediata a la problemática, porque esta persiste y va en escalada; ii) un estado de excepción es un mecanismo extraordinario que no puede ser empleado como un instrumento ordinario ni puede ser una herramienta de gestión pública”.
En 2018, el BID publicó su informe Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe. Desafíos e innovación en gestión y políticas públicas en los últimos 10 años.
El informe reconoce tres paradigmas en el tratamiento del tema entre 1985 y 2015:
1) Sálvese quien pueda. La violencia y el delito no son prioridad del Estado, sino un asunto que debe resolver cada quien.
2) Mano dura. La violencia y el delito son el resultado de conductas transgresoras y se solucionan neutralizando a los individuos con medidas represivas.
3) Convivencia ciudadana y prevención. La violencia y el delito son el resultado de causas múltiples que demandan estrategias integrales y multisectoriales en el marco de los derechos humanos.
Lamentablemente, los discursos del populismo punitivo del segundo paradigma continúan prevaleciendo en el presente. Esto, según el BID, es porque los avances doctrinarios y conceptuales no se incorporan con la velocidad deseada en el funcionamiento de las instituciones y en la formulación de las políticas públicas, fundamentalmente porque plantean exigencias de cierta complejidad a las instituciones y a sus procesos de gestión.
Esos son los desafíos de una gobernanza efectiva y eficiente de la seguridad. Las personas candidatas a la presidencia en esta campaña electoral tienen que evitar las estrategias superficiales, fáciles y engañosas, y no optar por acciones fracasadas como la suspensión de garantías, que solo son cortinas de humo fallidas.
ceciliacortes668@gmail.com
Cecilia Cortés es politóloga e internacionalista.
