La figura del asesor parlamentario en Costa Rica surgió aproximadamente hace 40 años y, desde entonces, ha sido objeto de fuertes críticas. Esto, porque, al ser un cargo de confianza del diputado, se ha utilizado como clientelismo político y se ha desvirtuado, lo que le ha restado importancia a una posición que es realmente trascendental dentro de la dinámica parlamentaria.
Un diputado que aspire a hacer un buen papel durante su periodo constitucional debería partir de una premisa básica: la humildad. Esto implica rodearse de asesores competentes –idealmente, más preparados que él–, con amplios conocimientos del derecho parlamentario, la política, la economía y la historia, entre otras áreas clave.
Formar parte del primer poder de la República exige mucho más que cumplir horarios, hablar por hablar o someterse sin cuestionamientos a la línea del partido. Supone asumir un rol activo en la construcción institucional del país, con criterio propio y conciencia de la huella que se deja en la vida pública.
A lo largo de su mandato, el legislador enfrentará decisiones complejas que requieren deliberación constante con su equipo. Algunas iniciativas prosperarán; otras quedarán en el camino. En ambos casos, el norte debe ser el interés nacional, en coherencia con su marco ideológico y en diálogo tanto con su bancada como con otras fuerzas políticas.
En ese engranaje, el asesor parlamentario debe manejar con solvencia el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa –de rango constitucional– y la jurisprudencia de la Sala Constitucional que lo interpreta. Ese conocimiento no es accesorio: es la base técnica sobre la que se sostiene buena parte del trabajo legislativo.
Desde el inicio, su rol consiste en perfilar ideas y proyectos con viabilidad real, susceptibles de convertirse en ley. También le corresponde orientar al diputado en decisiones estratégicas, como la elección de comisiones: espacios donde se define buena parte del quehacer parlamentario, se gana visibilidad política y se incuban propuestas que eventualmente adquieren fuerza normativa.
A ello se suma la necesidad de una lectura informada del contexto nacional e internacional. Un asesor eficaz no solo sigue la coyuntura, sino que identifica oportunidades para proyectar al legislador en foros externos, con agendas claras y propuestas concretas que trasciendan lo declarativo.
Igualmente relevante es insistir con el diputado en que mantenga contacto con la comunidad que lo llevó a la curul y concertar encuentros con sus integrantes para así poder escuchar de primera mano sus inquietudes y darles presencia en el plenario.
La negociación es otra de sus herramientas centrales. Debe allanar el camino político con criterio y prudencia, aconsejando cuándo vale la pena dar una batalla y cuándo conviene evitar discusiones estériles. En esa misma línea, le corresponde orientar sobre el uso del control político y la pertinencia de integrar comisiones de investigación.
Con todo, hay un límite claro: el asesor no sustituye al diputado. Su función es técnica y orientadora; la decisión final –con sus costos y consecuencias– siempre recaerá en el legislador.
No es casual que muchos de los diputados más destacados desde la Segunda República contaran con asesores de alto nivel, con quienes podían discutir el rumbo político y económico del país con rigor y franqueza. Esa tradición, lastimosamente, se ha venido perdiendo.
De cara al próximo periodo constitucional, cabe esperar que los legisladores dimensionen el valor de este recurso humano y lo seleccionen con criterio, no solo en función de lealtades, sino del compromiso con el país y con el mandato ciudadano.
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Max Fernández López es abogado y profesor universitario.