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El ambiente político en Costa Rica ha cruzado una línea peligrosa. Lo que antes era un debate sano sobre la gestión pública se ha transformado, en los últimos años, en un ataque sistemático y destructivo hacia la institucionalidad, ensañándose con especial fuerza contra el Poder Judicial y la figura del fiscal general de la República, el señor Carlo Díaz.
Hoy, ante la inminente finalización del periodo del fiscal general y su legítima aspiración a la reelección, el país se encuentra en una encrucijada que va mucho más allá de un nombre o un puesto: nos jugamos el núcleo de nuestra democracia.
A los políticos: Costa Rica no merece el canibalismo institucional
Los últimos dos gobiernos han inoculado en el debate nacional un estilo de confrontación inédito, en el que la discrepancia se paga con el linchamiento público y la descalificación personal. No obstante, la Fiscalía General no es una oficina subordinada a los caprichos de Zapote, ni una ficha en el tablero de ajedrez electoral de turno.
Una democracia sin un Ministerio Público independiente no es una democracia: es un régimen de impunidad selectiva.
Quienes un día sí y el otro también atacan sin misericordia las bases de la justicia penal deben entender que sus discursos de odio no caen en el vacío. Están socavando la paz social de una nación que ha cimentado su éxito histórico en el respeto a las reglas del juego y la separación de poderes. Costa Rica no merece que la elección de su máximo perseguidor del delito se rebaje a un circo de intimidaciones políticas.
A don Carlo Díaz y la Fiscalía: El derecho a decidir sin el peso de la amenaza
La decisión del actual fiscal general de optar por la reelección debe responder únicamente a sus atestados, a su rendimiento y a su visión técnica para combatir el crimen organizado y la corrupción. Es inadmisible que esta postulación se discuta bajo la sombra del miedo o como un acto de supervivencia frente a los embates del Poder Ejecutivo.
El liderazgo de la Fiscalía se ejerce con la Constitución en la mano, no con la mirada puesta en las encuestas de popularidad oficialistas ni en el temor a las represalias discursivas. El miedo jamás ha sido un buen consejero de la justicia, y ceder ante él sería otorgarles la victoria a quienes pretenden arrodillar la ley.
A los magistrados de la Corte Plena: Su único norte es la Constitución
La responsabilidad histórica recae por entero sobre las espaldas de las magistradas y los magistrados que integran la Corte Plena. Ustedes son los llamados a blindar este proceso. No permitan que la próxima deliberación se torne en un linchamiento o en un canje de favores políticos para apaciguar las aguas bravas del Ejecutivo.
Su voto no puede ser una moneda de cambio. No busquen la complacencia de quienes desprecian el orden republicano.
Su deber fundamental es evaluar los perfiles con rigurosidad técnica y ética, blindados contra cualquier “guerra sin cuartel”.
Si los magistrados muestran fisuras o debilidad ante la intimidación, el mensaje para los jueces de menor rango y para toda la ciudadanía será devastador: que el Poder Judicial ha capitulado.
Ciudadanía, despierta
A los ciudadanos de a pie nos corresponde vigilar. No podemos normalizar el atropello diario a la división de poderes bajo la falsa premisa de una eficiencia autoritaria. Defender la independencia del fiscal general, sea quien sea el que ocupe la silla bajo criterios de absoluta idoneidad, significa defendernos a nosotros mismos de los abusos del poder real.
La Corte Plena tiene la palabra. Confiamos en que la valentía republicana prevalezca sobre la intimidación.
gcalderont2018@gmail.com
Guillermo Calderón T. es administrador de empresas.
