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En Costa Rica, la conversación pública sobre migración se ha centrado en las crisis humanitarias asociadas a las personas en tránsito, a los flujos mixtos que cruzan el Istmo y a las crecientes solicitudes de refugio. Informes y planes describen los desafíos del Estado para garantizar protección básica a quienes cruzan el país en condiciones de alta vulnerabilidad.
Mucho menos visible en ese relato de “crisis” es la situación de miles de personas residentes regulares que, pese a cumplir con todos los requisitos migratorios, ven su vida cotidiana profundamente afectada por los retrasos en la emisión y renovación del Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (Dimex).
El país cuenta con un andamiaje jurídico e institucional presentado como ejemplo regional: la Ley General de Migración y Extranjería incorporó un enfoque de derechos y de integración, y documentos como el Plan Nacional de Integración 2023–2027 reiteran el compromiso con la inclusión.
Estudios académicos y de política pública muestran que el país ha desarrollado una arquitectura compleja para gestionar la movilidad humana, en diálogo con estándares internacionales. Esa misma literatura, sin embargo, advierte sobre brechas entre la norma y la práctica: capacidades limitadas, fragmentación institucional y dificultades para garantizar, en la vida cotidiana, el acceso efectivo a derechos para la población migrante.
Es en ese intersticio entre el discurso y la experiencia donde emerge la crisis silenciosa del Dimex. En la práctica, se producen retrasos de cuatro a seis meses en la entrega de documentos, incluso cuando las personas han tramitado la renovación con hasta tres meses de antelación.
La normativa exige que la persona extranjera mantenga su documentación al día y prevé multas e incluso la eventual cancelación de la residencia si incumple los plazos. Lo que no prevé suficientemente es el escenario en que es el Estado el que incumple y, por falta de personal, saturación del sistema o ineficiencia administrativa, no logra emitir el documento dentro de plazos razonables, aun cuando la persona usuaria actuó con diligencia.
Los comentarios en el Facebook oficial de la Dirección General de Migración y Extranjería funcionan como un archivo vivo de esta tensión. Un usuario sintetiza el problema: “Urge que el Estado haga algo con esta institución, ya que, según dijeron, solo tienen a dos personas imprimiendo el plástico del Dimex para más de 26.000 pendientes de entregar”.
Otro comparte su testimonio sobre el impacto directo que estos retrasos tienen en salud y finanzas: la Caja Costarricense de Seguro Social no entrega medicamentos ni respeta citas, y los bancos rechazan trámites porque el sistema indica que la persona no posee un documento válido, aun cuando nunca ha estado en condición irregular. No hay aquí “irregularidad” en sentido jurídico; hay una irregularización de facto producida por la demora estatal.
En este contexto, el limbo que generan los atrasos en el Dimex –lo cual impide renovar contratos, retirar medicamentos o realizar trámites bancarios– agrava una vulnerabilidad que no se explica por la “falta de cumplimiento” individual, sino por fallas estructurales en la gestión pública. Esto lleva a que la situación se perciba más como un “problema administrativo” que como una verdadera “crisis”, a pesar de sus efectos concretos sobre el acceso a derechos.
La literatura sobre migración e instituciones ha llamado la atención sobre la “burocracia de la espera”, que organiza la vida de las personas migrantes mediante trámites prolongados, citas escasas y tiempos de decisión impredecibles.
En Costa Rica, esta se entrelaza con desigualdades ya documentadas, pues la población migrante, especialmente la nicaragüense, afronta mayores niveles de pobreza, hacinamiento, trabajo precario y barreras de acceso a servicios que la población costarricense.
De ahí que la producción académica reciente subraye que la gestión de la movilidad no se limita al control fronterizo ni a la respuesta a emergencias, sino que exige garantizar condiciones dignas de residencia mediante una coordinación efectiva entre Migración, la Caja, el Ministerio de Trabajo, la banca y el sistema educativo, algo que los testimonios en redes muestran que aún está lejos de cumplirse.
En este contexto, la lectura crítica de los relatos en redes sociales, el análisis de la normativa, la jurisprudencia y la producción académica pueden ayudar a llenar un vacío fundamental.
Clasificar los testimonios por tipo de afectación (trabajo, salud, educación, finanzas) y vincularlos con los marcos de integración y derechos ya existentes permitiría mostrar que no se trata de casos aislados, sino de un patrón estructural de vulneración. Reconocer que aquí hay una dimensión humanitaria –no solo en las fronteras, sino en las filas interminables de espera por un documento– es un paso necesario para que la política migratoria costarricense esté a la altura de las promesas de derechos que enuncia.
danivasquez0816@gmail.com
Daniela Vásquez Pino cursa el programa de Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central en la Universidad de Costa Rica; es máster en Antropología de Flacso-Ecuador e historiadora de la Universidad Nacional de Colombia/Medellín.
