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La República no se defiende porque todos pensemos igual, sino porque seguimos respetando las instituciones aun cuando discrepemos de ellas. Las diferencias entre los poderes del Estado deben resolverse mediante el derecho, nunca debilitando la confianza en las instituciones llamadas a proteger los derechos fundamentales.
Esa ha sido una de las lecciones más valiosas que me ha dejado el servicio público, donde pude participar en algunos de los debates constitucionales más trascendentes del país. En unos casos, la Sala Constitucional acogió las posiciones que impulsábamos; en otras, no; incluso hubo resoluciones divididas. Pero la fortaleza de la jurisdicción constitucional no debe medirse por el sentido de sus fallos, sino por su capacidad de poner un punto final jurídico a conflictos que la política, por sí sola, no puede resolver. Esa ha sido una de las mayores fortalezas de nuestra democracia.
Por eso, observo con preocupación el debate generado alrededor de la reciente sentencia sobre las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. No porque sus resoluciones no puedan discutirse, pues en democracia toda sentencia admite crítica. Lo preocupante es confundir el derecho a disentir con la descalificación de las instituciones llamadas a resolver esos conflictos.
El verdadero problema no comenzó con la sentencia, sino cuando una omisión institucional dejó de ser un desacuerdo político y empezó a afectar derechos fundamentales de personas concretas.
El artículo 164 de la Constitución no regula únicamente un procedimiento de nombramiento; protege la continuidad misma de la justicia constitucional. Frente a esa realidad, la Sala no puede permanecer indiferente. Su propia ley, que es parámetro de constitucionalidad, le impone garantizar la continuidad de su función, definir el alcance de su competencia y acudir a los principios del derecho constitucional y del derecho público cuando el ordenamiento no ofrece una respuesta expresa. Esa interpretación podrá compartirse o cuestionarse jurídicamente, pero es precisamente su razón de ser: garantizar la supremacía constitucional y los derechos fundamentales.
Para tener razón no es necesario desmerecer las instituciones de la República. La crítica fortalece a las instituciones cuando busca mejorarlas; las debilita cuando pretende sustituir el derecho por la descalificación.
Las instituciones pueden y deben reformarse. He sido crítico de múltiples aspectos del funcionamiento del Poder Judicial. Pero precisamente porque creo que nuestras instituciones necesitan mejorar, también creo que debemos protegerlas. Reformarlas nunca puede significar debilitar su legitimidad. Tampoco existen para protegerse a sí mismas, sino a la persona. Y es que detrás de cada expediente paralizado no hay un número de ingreso ni una estadística pendiente; hay una persona que espera un medicamento, un adulto mayor que reclama una pensión, un niño cuyo derecho a la educación está comprometido, una familia que espera justicia o un ciudadano que considera amenazada su libertad.
Cuando una institución deja de cumplir su misión, quien verdaderamente sufre no es el Estado; es la persona. En igual sentido, la independencia judicial no protege a los jueces; protege a los ciudadanos frente al poder y las instituciones no existen para darle la razón al Gobierno ni para satisfacer a la oposición. Existen para sobrevivir a ambos. Los poderes de la República no existen para vencerse entre sí. Existen para controlarse recíprocamente, respetar las competencias que la Constitución les asigna y preservar el equilibrio institucional que garantiza nuestras libertades.
Los gobiernos pasan. Los diputados pasan. Los magistrados también pasan. La República permanece. Y permanece porque sus instituciones deben ser más fuertes que nuestras diferencias. Cuando se debilita la confianza en ellas, no gana un gobierno ni pierde una oposición. Pierde la República. Porque la República se mide por su capacidad de resolver los conflictos sin sacrificar el respeto a las instituciones ni la dignidad de las personas.
daniel_soley@hotmail.com
Daniel Soley Gutiérrez ha sido funcionario judicial (técnico y juez), defensor adjunto de los Habitantes y viceministro de la Presidencia.
