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“Mi autoridad derivaba de ella (la Constitución) y se ha extinguido al extinguirse su fuente”.
Ricardo Jiménez Oreamuno escribió esas palabras el 1.º de setiembre de 1892. Tenía 33 años, presidía la Corte Suprema de Justicia y acababa de renunciar. Era mi abuelo. Un día antes, el presidente José Joaquín Rodríguez había disuelto el Congreso Constitucional.
Ricardo Jiménez dejó claro con aquella decisión cómo entendía el poder: no le pertenecía. Su autoridad provenía de la Constitución y terminaba donde terminaba ella.
No fue un gesto aislado. Con los años, se convirtió en el único costarricense que presidió los tres poderes de la República: Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Llegó a la Presidencia en tres ocasiones por la vía electoral, y en las tres entregó el cargo al concluir su periodo.
Ciento treinta y cuatro años después, el 23 de abril de 2026, Rodrigo Chaves dice que “el pueblo de Costa Rica” ya recuperó el Ejecutivo y el Legislativo, que “nos falta el Poder Judicial” y que hará cuanto esté en sus manos “para también recuperar ese poder de la República”.
Y la palabra que no consigo pasar por alto es esa: “Falta”.
Porque el Poder Judicial no falta. Está donde debe estar: fuera del control del Gobierno.
Tres meses después, ya ministro del gobierno de Laura Fernández, Chaves preguntó en Nicoya: “¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?”
Que el Poder Judicial siga fuera de ese control importa hoy más que nunca. Una misma fuerza política ocupa el Ejecutivo y tiene mayoría en el Legislativo. Que no controle también el Judicial no es una falla: es una garantía de la República.
Esa independencia no significa ausencia de controles. Sus magistrados deben rendir cuentas, sus estructuras admiten reformas, sus errores deben criticarse. Lo que no debe confundirse es reforma con subordinación.
¿Costa Rica necesita reformar su Poder Judicial para que funcione mejor, o alguien pretende “recuperarlo” para un proyecto político? Porque son cosas distintas.
Desde diciembre de 2025, la Sala Constitucional estaba sin magistrados suplentes porque la Asamblea no logró nombrarlos. Cuatro magistrados prorrogaron los nombramientos vencidos. Tres discreparon. Existe ahí una discusión constitucional legítima.
Lo que ocurrió después pertenece a otra categoría. El 31 de julio, la presidenta Laura Fernández calificó la sentencia como un “golpe de Estado” y llamó “magistrados golpistas” a los cuatro que formaron mayoría. Ese mismo día, la presidenta de la Asamblea, Yara Jiménez, anunció una querella por prevaricato en su contra. El 3 de agosto, al acompañar la presentación de la querella, Fernández los llamó “usurpadores”. Luego reformuló la acusación como un “golpe de Estado institucional”. La querella sigue en pie.
Discrepar de una sentencia es democracia. Modificar por vías legales las reglas del Poder Judicial también lo es. Pero una sentencia no se convierte en golpe de Estado porque el gobierno la considere equivocada, y una interpretación discutible no basta para probar prevaricato.
Cuando esas acusaciones provienen del poder, las palabras dejan de ser inocuas: preparan el terreno para que el límite parezca abuso y su subordinación termine presentada como “recuperación”.
En 1989, Costa Rica creó la Sala Constitucional para controlar los actos del poder público y proteger los derechos ciudadanos. Treinta y siete años después, ese contrapeso vuelve a ponerse a prueba cuando incomoda al poder.
El 6 de agosto, personas de distintas generaciones y posiciones políticas salieron a las calles en defensa de la independencia judicial.
Porque la República no tiene dueños.
Mi abuelo renunció porque consideró extinguida la fuente de su autoridad. Nosotros estamos en una posición distinta: la Constitución está viva, la Asamblea está abierta, la Corte funciona. Tenemos derecho a discutir sus sentencias y exigir reformas por los procedimientos que la propia Constitución establece.
No estamos defendiendo que nada cambie. Estamos defendiendo quién tiene derecho a cambiar las reglas, por cuáles procedimientos y cuáles límites ni siquiera una mayoría electoral tiene derecho a borrar.
Porque los poderes de la República no se “recuperan”.
Se ejercen. Se limitan. Y se respetan.
gabriela.solisj.cr@gmail.com
Gabriela Solís Jiménez es abogada costarricense y nieta del expresidente Ricardo Jiménez Oreamuno.
