En Costa Rica discutimos reforma judicial como si fuera una lista de compras: presupuesto, rezagos, gestión, criminalidad, tecnología. Todo importa. Pero hay un error de origen: mientras la cúspide del Poder Judicial sea, en los hechos, vitalicia, el sistema seguirá produciendo impunidad. Y esa impunidad no se queda arriba.
El problema no es abstracto. Un magistrado que sabe que su continuidad es prácticamente automática termina creyéndose intocable. Con el tiempo, esa percepción se vuelve cultura: “aquí no pasa nada”. Y cuando la cúspide se siente impune, esa impunidad se extiende a sus amigos y aliados dentro de la institución. Se protegen redes. Se normalizan prácticas. Se resiste el control externo. Se castiga al que incomoda.
Por eso, cambiar la forma de reelección de los magistrados no es una reforma más. Es el principio de cualquier reforma judicial seria. Y este diagnóstico no nació ayer. En 2018, cuando yo era diputado, desde la fracción del PUSC se impulsó el expediente 20.893: una reforma constitucional para modificar el artículo 158, precisamente para romper la lógica de reelección automática y devolverle al sistema un freno democrático real. Ese fue el punto cero.
En 2019, ese diagnóstico se volvió debate público. Y luego se volvió control político. No porque cambiara el problema, sino porque el país empezó a ver, con mayor claridad, los efectos acumulados del diseño institucional: credibilidad en caída, sensación de doble estándar, y la idea –cada vez menos disimulada– de que dentro del Poder Judicial hay jerarquías que se protegen entre sí.
Ahora bien. Follow the money. Si queremos entender por qué la impunidad se sostiene, hay que ver en qué se gasta la plata. El presupuesto 2025 del Poder Judicial ronda los ¢521.023 millones. De ese monto, un 81% se destina a remuneraciones y gasto ordinario. Además, el propio desglose del presupuesto ubica cerca de un 19% en el ámbito administrativo, frente a un 35% para el servicio jurisdiccional y un 23% para el OIJ. Esa estructura dice mucho: sostenemos planilla y administración, mientras la ciudadanía mide justicia por tiempos y resultados.
En 2024, el propio Poder Judicial defendió su ejecución presupuestaria indicando que cerca del 90% se destina a salarios y servicios del personal. Y para 2026, el presupuesto presentado fue de ¢532.837 millones, con un incremento de apenas 0,2% y sin creación de plazas nuevas. Todo esto confirma la misma fotografía: rigidez salarial, peso administrativo y poco margen para inversión y mejora.
No estoy diciendo que el personal judicial “sobre”. Estoy diciendo algo más básico: cuando la cúspide es impune, el presupuesto tiende a financiar estabilidad interna y equilibrios de poder, no necesariamente resultados hacia afuera. Por eso, la discusión presupuestaria y la discusión de reelección son inseparables: el dinero sigue al poder.
Aquí entra la Ley 24.943, ya aprobada, que obliga a la rendición de cuentas del Poder Judicial. Bien. Pero si la rendición de cuentas se reduce a cumplir un trámite, no sirve. La rendición de cuentas tiene que ser útil, medible y orientada a mejorar la justicia.
La independencia judicial no se protege con silencio ni con reelección automática. Se protege con credibilidad. Y la credibilidad se construye cortando la impunidad en la cúspide, alineando presupuesto con resultados y haciendo de la rendición de cuentas un instrumento real de mejora, no un ritual para tranquilizar conciencias.
Pedro Muñoz es exdiputado de la República.