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Durante décadas, Costa Rica logró algo que muchos países todavía persiguen: llevar electricidad confiable, solidaria y limpia a hogares, escuelas, comercios e industrias. El modelo eléctrico costarricense ha sido exitoso para garantizar calidad de vida, cohesión territorial y desarrollo económico, adaptándose a las tendencias productivas del país.
En la actualidad, Costa Rica tiene un nuevo reto. En un mundo globalizado, digitalizado y condicionado por la crisis climática, la energía dejó de ser solo un servicio básico: es infraestructura estratégica. Las nuevas industrias –centros de datos, manufactura avanzada, electromovilidad, hidrógeno, inteligencia artificial– son intensivas en electricidad y exigen capacidad, resiliencia, precios competitivos y redes de transmisión robustas.
Atender esa nueva demanda no puede hacerse descuidando a los que ya sostienen la economía cotidiana: la industria actual, las pymes y la persona que necesita un servicio confiable y a precio razonable en la zona norte, Cahuita o Puntarenas.
En ese contexto, el Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional ha abierto una discusión necesaria sobre el modelo eléctrico que Costa Rica requiere para las próximas décadas. No podemos negar los logros del sistema actual, pero debemos analizar si la reforma propuesta preserva las garantías constitucionales mientras prepara al país para los nuevos desafíos.
El primer punto es separar dos cosas que en el debate se mezclan con demasiada facilidad. Privatizar, en sentido material, es vender activos estratégicos, trasladar al mercado la titularidad de infraestructura pública o retirar al Estado de la dirección del sistema. Abrir de forma regulada es distinto: permite la participación de más agentes, pero bajo reglas públicas, con obligaciones legales, sanciones, títulos habilitantes y supervisión del regulador.
Esa diferencia no es menor. La principal apuesta del proyecto está en la generación: abrir más espacio a la competencia y a la inversión bajo reglas públicas, sin privatizar lo que hoy realizan empresas o instituciones públicas. También crea un marco jurídico más ordenado para el sector eléctrico, que hoy descansa en un conjunto disperso de leyes, reglamentos e interpretaciones administrativas.
La transmisión y la distribución, en cambio, no se privatizan ni cambian de naturaleza; se mantienen como piezas públicas y reguladas del sistema. Tampoco la electricidad se convierte en una mercancía común por crear un mercado mayorista.
El proyecto declara la generación, transmisión, distribución y comercialización como actividades de utilidad pública; exige condiciones de servicio público para todas esas etapas, y crea la categoría de servicios de interés general de electricidad. En términos sencillos: cambia el modo de organizar la generación y ordena jurídicamente el sector, pero no renuncia al mando público sobre las reglas del juego.
Ese modelo tampoco es una ocurrencia costarricense. Europa lleva décadas usando mercados eléctricos regulados, con competencia en generación y obligaciones públicas exigibles, evolucionando la doctrina del servicio público por la del interés general o de servicios esenciales. La lección comparada es incómoda para los extremos: la protección del usuario no depende del rótulo, sino de la densidad de la regulación y de la fortaleza de las instituciones que la aplican.
Lo decisivo, entonces, es mirar qué conserva y qué moderniza el Estado. La transmisión permanece en el ICE; Aresep mantiene la regulación tarifaria y de calidad, y el Minae conserva y fortalece la rectoría sectorial. En cuanto al despacho y la operación del sistema, hoy esas funciones se concentran en el Docse dentro del ICE.
Como el ICE es un actor en el mercado, el proyecto propone crear el Ecosén como una entidad independiente, con doble función: planificar y operar el sistema eléctrico, y administrar el nuevo mercado. Sus detractores cuestionan esa institucionalidad por incorporar participación de agentes de mercado y por crear un costo adicional. Pero el punto jurídico relevante es otro: separar al operador del sistema del principal agente del mercado es necesario para fortalecer la neutralidad, la transparencia y la confianza en las reglas.
El precedente de telecomunicaciones ayuda, aunque no debe usarse como calcomanía. Allí, la apertura introdujo competencia sin borrar la rectoría pública ni las obligaciones de acceso universal.
Pero la electricidad tiene diferencias críticas: no se almacena masivamente como una llamada perdida, exige equilibrio instantáneo entre oferta y demanda y depende de una red física que debe operar coordinadamente.
Por eso, si en telecomunicaciones la clave fue regular el acceso, en electricidad la clave será regular el despacho, la transmisión, las obligaciones de suministro y la solidaridad tarifaria, así como crear las condiciones para un mercado competitivo, a pesar de que existiría un agente con gran concentración (ICE).
El punto de cierre debe ponerse donde está el corazón de la reforma: la generación. Allí se juega si Costa Rica puede atraer nueva inversión, incorporar tecnologías limpias, responder a demanda creciente y hacerlo sin sacrificar solidaridad ni servicio universal.
El proyecto ofrece herramientas para intentarlo: utilidad pública, condiciones de servicio público, servicios de interés general que cumplen un fin público, altas facultades regulatorias de Aresep, control de competencia por Coprocom y operación al mínimo costo.
La reforma, bien entendida, no consiste en soltar la generación al mercado; consiste en someterla a reglas más claras y a la participación de una mayor cantidad de agentes para producir energía suficiente, competitiva y compatible con el Estado social.
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Raúl A. Guevara Villalobos es abogado y director de Acope.
