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En Costa Rica, diariamente estamos bombardeados con tantos temas relacionados con el Estado que es fácil que el árbol no nos deje ver el bosque. El caso de la privacidad es un ejemplo clarísimo.
Costa Rica se fundó como un Estado liberal para proteger al individuo del abuso de poder. Hoy, las instituciones olvidan que el Estado debe servir al ciudadano, no usarlo como una fuente de datos para sus propios fines sin importar los atropellos a sus derechos.
Bajo excusas técnicas, día tras día vemos estos atropellos a derechos fundamentales, como el de la intimidad, la autodeterminación informativa y el secreto de las comunicaciones, garantías consagradas en el artículo 24 de nuestra Constitución Política.
Casos como el del Banco Central (BCCR) ilustran esta crisis: la institución recolecta datos sensibles de los costarricenses, incluyendo deudas, ubicación, así como registros de Hacienda y de la CCSS, bajo pretextos estadísticos y ambientales de compromisos internacionales. Este complejo sistema legal y tecnológico de extracción de información privada, validado recientemente por la Sala IV, ignora la naturaleza confidencial de los datos ciudadanos.
Otro caso importante es el del Ministerio de Hacienda, que pidió a empresas de telecomunicaciones entregar datos de sus clientes bajo la excusa de perseguir infractores tributarios.
Más recientemente, se reporta que el Ministerio de Salud le pidió a una clínica de salud mental enviarle datos como nombre completo, número de cédula, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y diagnóstico clínico de pacientes. En este caso, se usa la excusa de vigilancia epidemiológica.
No estamos frente a abusos aislados; todos siguen el mismo patrón ante una normalización progresiva de que el Estado acceda a la vida íntima del ciudadano. El Estado usa su poder para obligar a terceros a entregar datos que nunca deberían salir de la esfera privada de las personas y a transferirlos, en múltiples casos, sin anonimización suficiente (o sin anonimización del todo) y con salvaguardas poco claras.
Que haya marcos legales de por medio no debe llevarnos a callar ni a dejar de cuestionar si esto está bien. ¿Para qué tenemos una rama del Estado dedicada a crear leyes y control político si aceptamos que el cuerpo legal actual está terminado o es perfecto o incuestionable?
Esta constante redefinición peligrosa del individuo frente al Estado no se queda solo en el ámbito de los datos personales. Según reportan medios, el Ministerio de Hacienda “avaló” el uso de drones por parte de las municipalidades para realizar control de declaraciones de bienes inmuebles.
Vale la pena cuestionarnos: ¿que el Ministerio de Hacienda avale esto da un fundamento legal para hacerlo? ¿Tiene Hacienda potestad para permitir tal flagrante violación a la privacidad de las personas? ¿Quién monitorea que las municipalidades no abusen de este “poder”? ¿A dónde vamos a parar?
Alegatos comunes
En muchos casos, hay quienes defienden el statu quo de desprotección ciudadana con argumentos como los siguientes:
Argumento: Los entes públicos se rigen por “estrictas” leyes respecto a la privacidad e intimidad de las personas. Realidad: En la práctica, el marco regulatorio actual está desactualizado; hacen falta reformas, como la que plantea el expediente 23097 (plan de Ley de Protección de Datos Personales).
Argumento: Los entes públicos aseguran que su tecnología protege los datos, eliminando el peligro del libre flujo. Realidad: Ni la tecnología más avanzada evita fallos internos, como las denuncias de acceso ilegal a datos de salud o hackeos. Dejar circular los datos solo aumenta la vulnerabilidad ciudadana.
Argumento: En la práctica no se abusará de estos superpoderes y, si pasara, existen castigos hasta de cárcel para las personas que incurran en estas acciones. Realidad: La UPAD es el ejemplo perfecto de cómo, a vista y paciencia de muchos, se vulneran principios fundamentales y nadie termina en la cárcel. Y la UPAD no es un caso aislado. ¿Recuerdan el caso de Keylor Navas y cómo funcionarios del OIJ y del Ministerio Público accedieron a su información sin autorización?
El gobierno es un fideicomiso para proteger nuestros derechos, no un poder absoluto. Al exigir datos íntimos, el Estado costarricense pone en tensión el contrato social. Como advirtió James Madison, un gobierno debe controlar a los gobernados, pero, sobre todo, “obligarse a controlarse a sí mismo”. La acumulación desmedida de información pública hoy ignora esta urgencia.
Nuestras instituciones han olvidado cómo controlarse. El problema no es que el Estado viole la privacidad: es que está redefiniendo qué significa tenerla. La privacidad es la frontera final de nuestra libertad individual; si no exigimos límites hoy, mañana ningún rincón de nuestra vida, ni siquiera nuestra salud o nuestro bolsillo, nos pertenecerá.
tewar93@gmail.com
Walter Montes es director de Ingeniería de Software y cofundador de Primera Línea.
