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Costa Rica, en algún momento llamada la Suiza centroamericana, hoy se encuentra muy lejos de esa realidad. Problemáticas revestidas de factores socioeconómicos, desigualdad social y desempleo, entre otros, han dado paso a un crecimiento criminal importante.
Hoy, es un país que, en los últimos años de la segunda década del siglo XXI, se ha caracterizado por tener un alto flujo de tránsito de drogas debido a su posición geográfica, lo que ha traído consigo, lamentablemente, el posicionamiento de estructuras criminales y bandas locales que se disputan rutas, territorios y controles logísticos para esta actividad criminal. Y todo lo anterior propicia un aumento significativo del crimen organizado.
El año 2023 registró alrededor de 900 homicidios y fue uno de los años más violentos, con cifra récord de asesinatos. Empero, para este 2025, según declaraciones del director del Organismo de Investigación Judicial, podríamos tener un cierre similar o incluso con un número mayor.
Del estudio de los Indicadores para el Seguimiento de la Situación de la Seguridad Ciudadana y el informe del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), se desprende que la realidad de la seguridad ciudadana en Costa Rica, especialmente en el periodo 2018–2023, refleja una serie de problemas estructurales que afectan el bienestar colectivo. A partir de los informes oficiales disponibles, se hace evidente una preocupación creciente en torno al aumento de ciertos delitos, la participación de personas menores de edad en conductas relacionadas con el consumo de drogas, la deserción estudiantil y las limitaciones institucionales para responder de forma preventiva y articulada.
La percepción de inseguridad y miedo por parte de la ciudadanía ha aumentado, deteriorando el tejido social y generando un impacto psicológico. Además, se ha normalizado la violencia.
La consistente tendencia de la sobreexposición a los homicidios dolosos demuestra una falla en los mecanismos de seguridad y prevención para con la población más vulnerable: los menores de edad. Hay una preocupante conexión entre los homicidios dolosos y el reclutamiento criminal con participación de menores.
Ante esta realidad, resulta imperioso el fomento de líneas de atención para prevenir la criminalidad, el aumento de homicidios, el crecimiento del crimen organizado y la afectación de las comunidades. Urge una estrategia integral y sostenida, revestida de una intervención social, un fortalecimiento institucional y la participación comunitaria.
Deben aplicarse modelos preventivos desde la perspectiva criminológica y estrategias intercomunicadas con integralidad interinstitucional. Es vital anticipar el delito, mitigar sus efectos y fortalecer entornos seguros y protectores.
La prevención lleva justamente a la inversión en juventud y educación; se requieren programas que brinden oportunidades reales de estudio, empleo y cultura a jóvenes en riesgo; recuperación de espacios públicos, e implementación de casas de cultura y espacios para el deporte.
La prevención del delito debe verse como una inversión social del Estado y no solo como un tema policial. Se requiere una visión a largo plazo, enfocada en niñez, adolescencia y zonas más vulnerables, una integración comunitaria y motivación menos punitivista.
Campaña ‘Costa Rica más segura’
Hoy la sociedad costarricense cuenta con una Unidad para la Prevención y el Análisis Criminológico (UPAC), la cual surge como una iniciativa de la Escuela de Criminología de la Universidad Libre de Costa Rica (Ulicori). Su objetivo es crear un espacio de intervención social que vincule a estudiantes, egresados y profesionales en Criminología con las necesidades reales de la sociedad costarricense.
Con esta iniciativa de Ulicori, se ha logrado el involucramiento de profesionales que ofrecen una intervención especializada, la vinculación académica social, la prevención efectiva y una innovación en política criminal, lo que contribuye al desarrollo de políticas públicas bajo un análisis criminológico de la realidad actual del país.
Por medio de este proyecto, y ante la creciente criminalidad, se ha lanzado una campaña de fortalecimiento de la seguridad llamada “Costa Rica más segura”, la cual dotará a la población de diversas herramientas que permiten combatir la criminalidad y fortalecer el país en orientaciones de corte preventivo.
Este programa –en el que participan la Universidad y otras instituciones vinculadas con la atención de este fenómeno social– pretende dar a la población desde tips de seguridad hasta programas más robustos.
La prevención no es una responsabilidad policial sino social, y para una labor preventiva eficiente, se requieren integración, intervención y participación activa.
Thais Fonseca Ureña es directora de la Escuela de Criminología de la Universidad Libre de Costa Rica.
