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Los tribunales costarricenses están juzgando el gravísimo caso de presunta corrupción de los reaseguros del INS, más de 20 años después de ocurridos los hechos, tras superar múltiples atrasos y maniobras dilatorias y 14 años más tarde de una sentencia en firme en Inglaterra. Cuando nuevos hechos de corrupción ocurren e involucran incluso al presidente de la República, el país no puede olvidar ni permitir que los juicios se alarguen sin fin.
Es conveniente recordar las palabras del Tribunal de la División Penal de la Corte de Apelación de la Real Corte de Justicia de Londres, en la sentencia del caso Regina versus Messent, del 11 de marzo de 2011 (caso número 2010/06306/A3), al resolver una apelación y dejar en firme la condena de 21 meses de prisión contra el ejecutivo británico de la empresa reaseguradora PWS, responsable del pago de sobornos a altos funcionarios costarricenses, que hasta ahora no habían sido juzgados en Costa Rica:
“El recurrente supervisó 41 pagos corruptos a las tres personas ya identificadas en esta sentencia entre 1999 y 2002, ya sea directamente a ellas, o a sus cónyuges, o a empresas asociadas a ellas (...). Los pagos corruptos realizados por PWS a las organizaciones e individuos en Costa Rica fueron reembolsados desde Costa Rica mediante sumas de dinero devueltas a PWS disfrazadas como primas de seguros.
“El acuerdo se registró en los libros de PWS como ‘comisiones de cesión’ o ‘comisiones de terceros’. Eso fue un eufemismo. En realidad, estas sumas eran parte del pago a un fondo para sobornos para permitir que esta corrupción continuara y tuviera éxito. El Gobierno de Costa Rica, y por lo tanto los ciudadanos de Costa Rica, fueron efectivamente obligados a pagar por la corrupción de sus propios funcionarios por parte de extranjeros y, por lo tanto, sufrieron una pérdida no muy inferior a los $2 millones originales como resultado de la decisión del apelante.
“El resultado final fue que Costa Rica financió estas actividades corruptas y pagó casi $2 millones más de lo que debería haber pagado por el cumplimiento exitoso de los contratos (…). No puede haber ninguna duda de que la corrupción de funcionarios de gobiernos extranjeros o ministros de gobiernos extranjeros se encuentra en el extremo superior de los delitos corporativos graves, tanto en términos de culpabilidad como de daños.
“[La] Corona dejó en claro que, durante el transcurso del interrogatorio, cuando el recurrente comenzó a reconocer su criminalidad, aceptó que sabía que estaba tratando con organismos gubernamentales. Lo supiera o no, se trataba de órganos de gobierno cuyos titulares eran designados personalmente por el presidente de Costa Rica. También está claro que el dinero en poder del INS representaba fondos estatales. Las primas se pagaron con fondos estatales y, como hemos explicado, fue con fondos estatales que finalmente se financiaron los sobornos corruptos. Esta fue la corrupción que involucró a empleados seleccionados por el gobierno en Costa Rica que perdieron sus trabajos luego de una elección presidencial. Fueron empleados por el Estado y la pérdida final la sufrió el Estado de Costa Rica.
“No comentamos sobre la posición económica de Costa Rica, pero en el contexto de las observaciones en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2004, recordamos que la corrupción ‘socava la capacidad de un gobierno para proporcionar servicios básicos’“.
En conclusión, para la Corte de Apelaciones de Londres no hubo duda acerca de la existencia de un grave caso de corrupción, todavía presunto en Costa Rica, que involucró a una empresa británica y a un grupo de altos funcionarios designados políticamente, del ICE y del INS (a quienes cita por sus apellidos), con poder e influencia suficiente en sus instituciones como para decidir la asignación y renovación de contratos con una empresa proveedora que haría pagos ilegales, mediante un “sistema deshonesto cuidadosamente estructurado” en perjuicio de los costarricenses.
El escándalo INS-Reaseguros lamentablemente no fue aislado. En Costa Rica y el extranjero hubo judicialización y condenas en otros tres casos conectados: ICE-Alcatel, CCSS-Fischel e INA-Veneta. Estos fueron parte de una red de corrupción política que operó en el país a principios del siglo XXI, descubierta por el periódico La Nación. Dicha red compartía protagonistas, patrones de operación, partidos políticos, vínculos familiares y negocios privados con instituciones públicas, como quedó demostrado en la tesis de maestría en Ciencias Políticas de este servidor, en la Universidad de Costa Rica, titulada: “La corrupción transparente”. De 56 personas involucradas en los casos mencionados, 14 recibieron condenas en firme, en Costa Rica o el extranjero.
Es cierto que causa pena ver a un grupo de adultos mayores enfrentar un juicio que ha sido postergado y dilatado, pero, como lo dice también la sentencia británica en el caso Reaseguros, “cuando personas aparentemente decentes y respetables inflan deshonestamente sus ingresos y mejoran su propio estilo de vida y el de su familia, el surgimiento de la verdad casi siempre tiene un impacto devastador en todos ellos”.
Independientemente del resultado del juicio, Costa Rica no puede ignorar ni olvidar que, hace dos décadas, un grupo de empresarios y políticos poderosos en altos puestos públicos actuó de manera coordinada y planificada para ganar de manera ilegal millones de dólares a costa del pueblo costarricense, en diferentes negocios con el Estado. Que la tardanza en juzgar la corrupción no se repita porque el pasado es prólogo.
Mauricio Herrera Ulloa es periodista y exministro de Comunicación.
