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Cada 15 de setiembre recordamos el momento en que Costa Rica comenzó a gobernarse a sí misma. La independencia significó dejar atrás una autoridad exterior y asumir la responsabilidad de decidir nuestro propio destino. La construcción republicana nos planteó que hacerlo también implica aceptar límites sobre el poder que constituimos.
Esa es una de las paradojas más profundas de la democracia. Una nación conquista su independencia cuando puede decidir por sí misma. Alcanza su madurez republicana cuando comprende que ninguna autoridad, por legítimo que sea su origen o amplio su respaldo, puede decidirlo todo.
Respetar las normas es apenas la expresión más visible de una cultura de legalidad. Esta exige comprender qué protegen las normas, para qué existen y qué valor público preservan. Las reglas democráticas encarnan principios destinados a limitar la concentración del poder, garantizar derechos, distribuir competencias y ofrecer cauces pacíficos para resolver diferencias.
Cumplir la ley supone actuar de manera compatible con esos fines. Una institución puede actuar formalmente conforme a derecho y, aun así, desnaturalizarse si se convierte en instrumento para eludir controles, debilitar contrapesos o someter funciones concebidas para ejercerse con independencia. La democracia se erosiona cuando sus formas sobreviven, pero sus principios dejan de orientar la conducta.
Esta dimensión cultural nos interpela a todos. Su prueba más exigente llega cuando una sentencia nos perjudica, un control limita a quienes apoyamos o una regla impide aquello que deseamos. Defender solo los límites que contienen al adversario es aceptar una democracia condicional.
Costa Rica construyó su estabilidad sobre una cultura política distinta. Después de 1948, fortaleció sus instituciones de garantía y consolidó un Poder Judicial protegido del poder político. El artículo 154 de la Constitución resume esa arquitectura con admirable sencillez: “El Poder Judicial solo está sometido a la Constitución y a la ley”.
Esa disposición protege a cada persona que algún día necesite que un tribunal examine, con independencia, la actuación de una autoridad o de cualquier otro poder. La independencia judicial garantiza que exista un lugar donde la razón jurídica pueda prevalecer sobre la conveniencia particular.
Por eso, preocupa la instrumentalización de instituciones, procedimientos y normas como piezas tácticas al servicio de objetivos inmediatos. El deterioro institucional puede avanzar sin una ruptura abierta, mediante decisiones formalmente reconocibles que poco a poco modifican quién decide, quién controla, quién nombra, quién administra y en qué condiciones actúa un contrapeso.
Durante los últimos meses, han coincidido en Costa Rica presiones sobre el presupuesto judicial, discusiones sobre nombramientos y permanencia de magistraturas, iniciativas que inciden sobre el gobierno del sistema de justicia, cuestionamientos a la autonomía de sus órganos e incluso acciones penales posteriores a decisiones jurisdiccionales políticamente controvertidas. Esta acumulación de episodios traza una ruta que exige atención democrática.
La discusión presupuestaria para 2027 ilustra el problema. El proyecto en trámite supedita aspectos estratégicos de la administración financiera, operativa y laboral del Poder Judicial a una mayoría legislativa. Hoy esas decisiones corresponden al propio Poder Judicial. En este contexto, el debate sobre cuánto debe recibir resulta insuficiente. La autonomía depende también de quién administra los medios indispensables para cumplir una función constitucional, y una institución puede conservar su presupuesto y perder independencia efectiva si necesita permiso político sucesivo para utilizarlo.
Aquí vuelve a importar la cultura de legalidad. Antes de examinar si una decisión es formalmente viable, conviene preguntar qué principio protege la regla que se pretende sortear, qué valor público preserva y qué precedente queda si se la evade. Cuando una autoridad acepta un límite que restringe su actuación, fortalece la democracia. Cuando convierte ese límite en un obstáculo que debe eludirse, enseña otra cosa.
La polarización erosiona nuestra disposición a reconocernos dentro de un mismo marco de reglas. Donde el conflicto se vuelve un recurso para movilizar adhesiones, las instituciones empiezan a medirse por su utilidad para una causa particular y los hechos por su capacidad para confirmar una identidad.
Ese es el momento en que la defensa de la democracia deja de ser tarea exclusiva de las instituciones. Las cortes no resisten solas. Se necesita una ciudadanía que exija hechos antes que consignas, autoridades capaces de rendir cuentas y actores políticos dispuestos a reconocer que la legitimidad democrática también se demuestra respetando aquello que limita el propio poder.
Hace más de dos siglos, Costa Rica conquistó el derecho a gobernarse. Hoy debemos demostrar que también hemos adquirido la madurez para conducirnos dentro de límites. Esa segunda independencia exige comprender el principio que sostiene cada regla y actuar de acuerdo con él.
La independencia de una república también se mide por su capacidad de decirle al poder, incluso al que elegimos y apoyamos, “hasta aquí puede llegar”.
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Orlando Aguirre Gómez es el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
