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La necesidad de reformar el Estado costarricense ha estado presente en el debate político nacional desde la década de los años 70 del siglo pasado. Desde entonces, se han multiplicado diagnósticos, discursos, comisiones y llamados a una eventual Asamblea Constituyente.
Sin embargo, los resultados concretos han sido escasos. Como acertadamente lo ha señalado el Programa Estado de la Nación, hemos tendido a “patear el tarro para adelante”: postergar indefinidamente las decisiones de fondo mientras los problemas estructurales se agravan.
Parte del problema radica en que el debate suele plantearse en términos abstractos, retóricos o meramente simbólicos. Se habla, por ejemplo, de fundar una “tercera república”, pero rara vez se explica con precisión qué significa eso, cuáles son sus objetivos concretos, qué instituciones se pretenden transformar o mediante cuáles mecanismos jurídicos y políticos se piensa hacerlo realidad.
En ausencia de propuestas específicas, el debate termina convertido en una sucesión de consignas, deseos o declaraciones grandilocuentes incapaces de traducirse en reformas efectivas.
Mi tesis es sencilla pero fundamental: no existe un debate serio sobre reformas estructurales mientras no exista un texto concreto que pueda ser discutido, criticado, corregido y, eventualmente, aprobado dentro de la institucionalidad democrática.
La deliberación pública requiere contenido normativo. No basta con denunciar problemas; es indispensable proponer soluciones precisas. Solo cuando una iniciativa se formaliza en el seno de la Asamblea Legislativa adquiere verdadera posibilidad de discusión nacional, apertura al escrutinio ciudadano y legitimidad institucional.
Fuera de ese cauce democrático, suele ocurrir lo que ya ha sucedido repetidamente con diversas “juntas de notables” y comisiones especiales: producen documentos técnicamente interesantes, a veces incluso valiosos, pero que terminan archivados en el “país de los sueños”, sin consecuencias reales para la vida institucional del país. Costa Rica no necesita más diagnósticos abstractos; necesita propuestas concretas susceptibles de debate político y decisión democrática.
Entendiendo lo anterior, presento por este medio una propuesta para reformar el Poder Judicial. Se trata de sustituir integralmente el capítulo constitucional que regula dicho poder por un nuevo texto orientado a fortalecer la independencia judicial, mejorar los mecanismos de control y rendición de cuentas, modernizar su estructura organizativa y recuperar la confianza ciudadana en la administración de justicia. Entre otros aspectos, la propuesta destacaría los siguientes:
Capítulo I: Función judicial
Se reafirma que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce como un servicio público gratuito, sustentado en principios como la unidad jurisdiccional, la prohibición de tribunales de excepción, la autonomía funcional y presupuestaria del Poder Judicial, la publicidad de las actuaciones judiciales y el derecho de apelación. Asimismo, se establece el deber de todos los funcionarios judiciales de actuar conforme a los principios fundamentales del servicio público.
La propuesta fortalece el principio de tutela judicial efectiva, exigiendo una justicia pronta y cumplida, con sanciones por retardos injustificados y con procesos regidos por criterios de simplificación, oralidad, celeridad y debido proceso.
Se regula expresamente la responsabilidad de los jueces por negligencia, denegación de justicia o error judicial; se garantiza su independencia e inamovilidad; se establece un estricto régimen de incompatibilidades y prohibiciones político-partidistas, y se fortalece la carrera judicial mediante concursos públicos de oposición y mérito, formación especializada y evaluación profesional.
También se prohíbe la avocación de causas entre tribunales, se refuerza la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias y se mantiene la consulta obligatoria al Poder Judicial en proyectos legislativos relacionados con su organización y funcionamiento.
Capítulo II: Tribunal Superior de Justicia
La Corte Suprema de Justicia es sustituida por un Tribunal Superior de Justicia como máximo órgano jurisdiccional del país. Sus magistrados serían nombrados por la Asamblea Legislativa a partir de ternas propuestas por el propio Tribunal, el Colegio de Abogados y la Defensoría de los Habitantes, respetando la paridad de género.
Los magistrados serían elegidos por un único periodo de 12 años, mediante mayoría calificada de dos terceras partes de la Asamblea Legislativa. Se elevan, además, los requisitos para ocupar el cargo, exigiéndose amplia experiencia profesional y una trayectoria de reconocida solvencia.
La propuesta regula la figura de magistrados suplentes, limita las funciones administrativas de los magistrados propietarios y establece mecanismos específicos para su suspensión o cancelación de credenciales por faltas graves o ineptitud.
Asimismo, se redefinen las competencias del Tribunal Superior de Justicia, concentrándolo en funciones jurisdiccionales superiores, reglamentarias y de dirección institucional, incluyendo el nombramiento de altos cargos judiciales.
Capítulo III: Consejo Administrativo del Poder Judicial
Se crea un Consejo Administrativo encargado exclusivamente de la gestión administrativa, financiera y presupuestaria del Poder Judicial, con el propósito de profesionalizar la administración judicial y separar las funciones jurisdiccionales de las tareas gerenciales. Estaría integrado por cinco miembros, incluyendo especialistas externos en Administración y Derecho.
Capítulo IV: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
La propuesta establece un Consejo de la Judicatura responsable de la selección, nombramiento, evaluación, ascenso y disciplina de jueces y servidores judiciales, buscando garantizar independencia, imparcialidad y profesionalismo.
Este órgano tendría, además, la potestad disciplinaria sobre todos los servidores judiciales, incluyendo magistrados y miembros de los órganos de administración judicial.
Capítulo V: Jueces de Paz
Finalmente, se incorpora constitucionalmente la figura de los jueces de paz, concebidos como autoridades comunitarias encargadas de resolver conflictos vecinales y de menor cuantía mediante mecanismos de mediación, conciliación y equidad, sin necesidad de patrocinio letrado. Estos jueces serían escogidos directamente por las comunidades y ejercerían sus funciones ad honorem.
Más allá de diagnósticos y buenas intenciones
Como se comprenderá, la presente propuesta está debidamente redactada –artículo por artículo– tal y como se presentaría a la corriente legislativa para ser discutida como una reforma constitucional con fundamento en el artículo 195 de la Constitución Política.
Precisamente por ello, esta iniciativa pretende trascender el terreno de los diagnósticos y las buenas intenciones para ingresar al único espacio donde las grandes reformas democráticas pueden adquirir legitimidad, viabilidad y fuerza normativa: el debate institucional dentro de la Asamblea Legislativa.
Solo así será posible discutir seriamente el futuro del Poder Judicial costarricense, no desde consignas abstractas o discursos retóricos, sino a partir de un texto concreto que pueda ser analizado, criticado, corregido y eventualmente aprobado por los representantes del pueblo.
Alex Solís Fallas es abogado constitucionalista y fue contralor general de la República.
