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Hubo un tiempo en que Costa Rica era el ejemplo que el mundo citaba cuando quería demostrar que conservar la naturaleza y crecer económicamente podían ir de la mano. Ese tiempo no es remoto: está a apenas 15 años de distancia. Lo que ha ocurrido desde entonces merece más que una nota al pie en el balance de fin de año; merece una conversación pública honesta sobre el rumbo que hemos elegido, o que hemos dejado que otros elijan por nosotros.
El país que fuimos
A comienzos de la década de 2010, Costa Rica acumulaba credenciales ambientales que pocos países podían igualar. El Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), vigente desde 1996, había revertido décadas de deforestación: la cobertura forestal, que rondaba el 21% en los años ochenta, superaba ya el 52% entrado el nuevo siglo. La matriz eléctrica funcionaba con más del 99% de energía renovable de forma consistente. Y en 2015, el país presentó ante la ONU su primera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), consolidando su imagen como actor de alta ambición frente al cambio climático.
La política ambiental no era vista como un costo, sino como un activo: generaba turismo, abría puertas diplomáticas y construía orgullo nacional. El Minae concentraba en torno al 0,30% (2017) del gasto público total, con una tendencia a crecer en términos nominales.
La fractura silenciosa
La crisis fiscal que culminó en la reforma tributaria de 2018 y el programa con el FMI, introdujo una lógica de ajuste horizontal que no distinguió entre gasto superfluo y gasto estratégico. La regla fiscal frenó el crecimiento de instituciones como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y limitó su capacidad de manejar sus propios ingresos. En paralelo, el proceso de adhesión a la OCDE generó compromisos de modernización que coexistieron, paradójicamente, con una reducción real de los recursos para fiscalizar el territorio.
El dato que lo resume todo: el Minae representa hoy apenas un 0,12% del PIB, frente al 0,16% de 2010, y su peso dentro del gasto público total ha caído del 0,30% al 0,27%. En términos nominales, la cifra sube; en términos relativos, la naturaleza pesa cada vez menos en las decisiones del Estado.
Los números del abandono
El Informe Estado de la Nación 2025 convierte esa tendencia en evidencia inapelable. El presupuesto del Sinac –el brazo operativo que administra parques nacionales, refugios y reservas– cayó un 40% entre 2020 y 2024, al pasar de ¢44.029 millones a ¢26.420 millones. Las horas de control y patrullaje se redujeron un 62% entre 2018 y 2024. El personal asignado a las áreas silvestres bajó de 545 a 517 personas.
Todo esto, mientras la superficie bajo protección formal aumentaba más de un 500% con la ampliación de las áreas marinas del Parque Nacional Isla del Coco y los Montes Submarinos y otras áreas protegidas declaradas sin presupuesto asignado.
En cifras: la regresión ambiental 2018-2025
- Presupuesto Sinac (2020 a 2024): ¢44.029 M a ¢26.420 M (−40%).
- Horas de control y patrullaje (2018 a 2024): −62%.
- Personal en áreas silvestres: 545 a 517 personas.
- Superficie protegida (2020 a 2024): +500% (más territorio, menos guardas).
- Minae como % del PIB (2010 a 2025): 0,16% a 0,12%.
- Desastres climáticos registrados en 2024: récord de 1.619.
El mismo informe documenta cerca de una decena de reformas administrativas que concentran la toma de decisiones en la cúpula ministerial, reduciendo la autonomía técnica del Sinac y excluyendo a comunidades, científicos y organizaciones civiles de los espacios de participación.
Se eliminó el Viceministerio de Aguas y Mares. Se paralizó la Comisión de Gobernanza Marina. Y una directriz obliga a que toda comunicación del Minae con la Contraloría o la Procuraduría sea visada por el ministro o ministra: un cambio histórico en un ministerio que se construyó sobre el principio de la desconcentración técnica.
Normas más laxas, riesgos más altos
A las tijeras presupuestarias se suma el retroceso regulatorio. El Decreto 45196-S elevó hasta 800 veces el umbral permitido de clorotalonil en el agua potable, al sustituir el concepto de “valor máximo admisible” por el de “valor de alerta”. Entre 2022 y mayo de 2025 se realizaron al menos 24 modificaciones al proceso de registro de agroquímicos, excluyendo al Minae y al Ministerio de Salud de la evaluación de sustancias catalogadas como de “mínimo riesgo”.
Las personas expertas consultadas por el Estado de la Nación advierten de que estas medidas debilitan la capacidad científica y sanitaria del Estado en uno de los países con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del planeta.
e.e.gutierrez.espeleta@gmail.com
Édgar E. Gutiérrez-Espeleta fue ministro de Ambiente y Energía en el periodo 2014-2018.
