La magistrada Iris Rocío Rojas Morales, de la Sala Primera, indicó ayer en un derecho de respuesta que La Nación y, por ende, este periodista faltamos a la verdad en la noticia intitulada “136 resoluciones se atascan en oficina de magistrada de la Sala I”, publicada el 10 de agosto del 2015.
El reportaje de este medio es un análisis estadístico de un informe que ese mismo tribunal de casación pone a disposición del público en su página en Internet.
Dicho informe contiene el listado completo de los expedientes que tramitaban los cinco magistrados al 30 de junio del 2015.
El reportaje es el resultado de un estudio riguroso que nos llevó a determinar en cuál oficina de cuál magistrado se encontraban los 261 proyectos de sentencia listos para votación.
El reporte institucional señala que, a esa fecha, el 52% de los expedientes estaban concentrados en la oficina de la jueza Rojas. Es decir, 136 resoluciones redactadas por los otros cuatro magistrados y que requerían el aval de la magistrada para que fuesen sometidos a votación del pleno.
De los 136 casos, 16 entraron al despacho de Rojas entre junio y diciembre del 2014; 77 entre enero y abril del 2015; y 43 entre mayo y junio del 2015. La magistrada Carmenmaría Escoto tenía 19 proyectos en su poder; Jorge López, 18; Luis Guillermo Rivas, 6; Román Solís, 5; y en la Secretaría, 77.
En la versión digital de este artículo, el lector puede consultar la tabla con el detalle completo.
El 31 de julio, La Nación solicitó a la oficina de prensa del Poder Judicial una entrevista con la magistrada Rojas para hablar sobre este atasco en su oficina, pero no respondió.
El viernes 7 de agosto, este periodista llamó al despacho de Rojas para hablar con ella, pero su secretaria, Priscilla Ortiz, indicó que se encontraba en reunión y devolvería la llamada en la tarde, lo cual nunca hizo.
El lunes 3 de agosto volvió a llamársele por la mañana. en esta ocasión la jueza aseguró que estaba ocupada.
Ese día, desde la 1:30 p. m., este diario esperó a Rojas en la sesión de Corte Plena y no fue hasta las 5 p. m. que nos atendió. En la conversación sostenida, señaló que el informe estadístico de junio estaba desactualizado y mostró una tabla general donde indicaba que, a esa fecha, existía un grueso de 150 proyectos en circulación que fueron divididos a la mitad, entre la oficina del magistrado suplente Jorge López y el despacho de ella.
Por esa razón, la Sala decidió nombrar otro magistrado suplente que redujera la congestión. Esta versión consta en la publicación del 10 de agosto.
Este medio le solicitó una copia de dicho documento, ella prometió enviarlo por correo electrónico y todavía ayer no lo había hecho. Es falso que lo hiciera como asegura en su derecho de respuesta.
En relación con el caso de la letrada Ana Isabel Salazar Bonilla, cuyo cumplimiento del requisito de dos años de experiencia en puestos relacionados no consta en el Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, este diario presentó a la opinión pública el cuestionamiento hecho por el Consejo Superior en la sesión del 9 de diciembre del 2014.
Hicimos ver que Lupita Chaves, integrante del Consejo, informó de que en una nota el director de Gestión Humana, Francisco Arroyo, expuso que nunca se le pidió a su oficina revisar los requisitos cuando la letrada Salazar Bonilla entró a trabajar en el despacho de Rojas, en junio del 2014.
El error del nombramiento en propiedad lo confirma la misma magistrada en su derecho de respuesta al señalar que lo dejó sin efecto. Esto reafirma el apego a la verdad que caracteriza todo artículo que publica La Nación .
CONSULTE: Tabla de todos los expedientes que se encuentran en el despacho de la magistrada.
ADEMÁS: lnforme de junio 2015 de la Sala Primera