EscucharSin duda, la llegada de Nayib Bukele ha supuesto un punto de inflexión en la política de El Salvador, tanto por el efecto que ha tenido en los partidos tradicionales como por la controversia generada en torno a su presidencia. Su liderazgo basado en el personalismo, el ataque a las élites políticas tradicionales, el contacto directo con el pueblo a través de las redes sociales y, sobre todo, su programa de mano dura contra las maras, lo convirtió rápidamente en una figura mediática, que polarizó a la comunidad internacional.
Mientras numerosos políticos han prometido implementar el “modelo Bukele” en sus respectivos países, no son pocos los actores políticos, sociales y organismos internacionales que han condenado los excesos de su lucha contra el crimen organizado y la creciente autocratización del país.
Pero, ¿cómo han incidido realmente las políticas desplegadas por Bukele en la reducción del número de homicidios en El Salvador? Nuestro artículo Has the iron fist against criminal gangs really worked in El Salvador?, de reciente publicación en la revista Defence and Peace Economics, pretende responder a este interrogante.
Para ello, analizamos las estadísticas mensuales de homicidios desde julio de 2016 hasta setiembre de 2024 y, a través de la técnica de regresión en discontinuidad en el tiempo, centramos nuestra atención en el impacto inmediato de dos hitos de la política criminal de Bukele: el lanzamiento del Plan de Control Territorial (junio de 2019) y la declaración del Estado de excepción (marzo de 2022).
Escogimos estos momentos por ser aquellos en los que el gobierno tomó medidas más radicales y enérgicas contra las maras, que incluían aspectos como detenciones masivas y la incomunicación de las cárceles. Estas políticas comprendían elementos tanto de incapacitación (reducción de la capacidad del individuo para delinquir), como de disuasión (elevación del costo de delinquir que resulta en la decisión de no llevar a cabo dichas conductas).
La celeridad con la que estas políticas se implementaron, con redadas masivas, movilización de fuerzas armadas, cambios legislativos y cerco a las cárceles, invitaba a pensar que tendrían un impacto inmediato sobre los homicidios y podrían constituir dos parteaguas en la política criminal del país.
Los resultados de nuestro análisis confirman nuestra hipótesis. En particular, apuntan a que aproximadamente tres cuartas partes de la reducción en la tasa de homicidios entre 2019 y 2024 pueden atribuirse al inicio del Plan de Control Territorial (unos 23 homicidios por cada 100.000 habitantes) y a la declaración del Estado de excepción (algo menos de 14 homicidios por 100.000 habitantes). Este notable éxito puede deberse a que el despliegue de sistemas de vigilancia y las detenciones consiguieron neutralizar las fuentes de financiación de las maras, romper sus líneas de comunicación y dificultaron enormemente que estas pudiesen continuar con sus actividades criminales.
No obstante, estos resultados deben analizarse con precaución, ya que se basan en los datos oficiales difundidos por el gobierno salvadoreño y han sido objeto de críticas por parte de ONG y académicos, quienes acusan a las autoridades de reducir las cifras de homicidios con fines políticos.
En todo caso, para comprobar la robustez de nuestro análisis, repetimos el ejercicio con información estadística proporcionada por fuentes periodísticas, alcanzando similares conclusiones.
Sin embargo, este descenso de los homicidios no ocurrió en un vacío institucional, sino acompañado de un evidente deterioro democrático, tal y como puede observarse en los principales índices dedicados a su medición: el Índice de Democracia Electoral de Varieties of Democracy, el Índice de Democracia de la Economic Intelligent Unit de la revista The Economist y el Índice de Libertad en el Mundo (Freedom House).
Las medidas de política criminal adoptadas por el gobierno explican gran parte del deterioro de estos indicadores desde la llegada del presidente Nayib Bukele. En este sentido, numerosos expertos han denunciado cómo las medidas del plan de control territorial han provocado sistemáticas violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, posibles ejecuciones extrajudiciales y persecución de periodistas y actores de la sociedad civil. Este clima de impunidad no solo ha implicado un deterioro en derechos y libertades, sino que también ha debilitado instituciones fundamentales en cualquier sistema democrático.
Nuestro artículo no pretende justificar o denostar el “modelo Bukele”. Tal y como hemos expuesto, dicho modelo se mostró exitoso en la reducción del número de homicidios, aunque desastroso en términos de calidad democrática y derechos humanos. Por el contrario, hemos buscado únicamente aportar evidencia empírica que posibilite un debate informado entre la población, que posibilite entender y ponderar los potenciales éxitos, amenazas y limitaciones de las estrategias de seguridad puestas en marcha por el gobierno de Nayib Bukele.
Miguel Paradela López es profesor colaborador asistente en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.
José-Ignacio Antón Pérez es profesor en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca.
