Escuchar
La militarización de la seguridad pública en América Latina se ha vuelto un hecho común, lo que genera preocupación por sus efectos en el incremento de la inseguridad y la violencia, en los derechos humanos, en el debilitamiento del Estado de derecho y la democracia, así como en las instituciones civiles, de acuerdo con el Consorcio Latinoamericano sobre Militarización, Seguridad Ciudadana y Democracia.
El uso de la militarización está relacionado con la tendencia hacia políticas de seguridad punitivas, orientadas a concentrar el poder y consolidar regímenes autocráticos. Una expresión de esta tendencia fue la cumbre liderada por el presidente Trump el 7 de marzo en Florida, para crear una coalición militar para el hemisferio occidental denominada “Escudo de las Américas”.
Como ya sabemos, América Latina tiene las tasas de homicidio más altas del mundo. Los hombres jóvenes son las principales víctimas, en su mayoría, por el uso de armas de fuego. La escalada sin precedentes de este fenómeno ha presionado a los Gobiernos, debido al costo político que implica, a impulsar con urgencia políticas públicas orientadas a reducir la violencia letal.
Con el fin de identificar qué intervenciones han demostrado funcionar, cuáles no, cuáles son promisorias, contraproducentes o carecen de resultados concluyentes, el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil, con el apoyo de Open Society Foundations, llevó a cabo una revisión sistemática de evaluaciones de impacto. Esta fue publicada en 2024 bajo el título “¿Qué funciona para reducir homicidios en América Latina y el Caribe?”. En total, se identificaron y analizaron 65 evaluaciones: 42 provenientes de Brasil, 10 de Colombia y cinco de México, con menor representación de otros países. Esto se realizó mediante la revisión de repositorios científicos, búsquedas en Google y consultas con expertos.
Uno de los tipos de programas evaluados para la prevención de homicidios fue la estrategia de militarización de la seguridad pública, tema que en días recientes ha cobrado relevancia en Costa Rica tras la propuesta de un asesor presidencial de la presidenta electa, Laura Fernández, de instalar bases militares para combatir la criminalidad.
Según la investigación, la militarización de la seguridad pública contempla intervenciones en las que las fuerzas armadas asumen funciones de seguridad mediante dos tipos de programas. En el primero, se despliega a los militares en labores de patrullaje; en el segundo, se busca descabezar grupos criminales mediante la captura o eliminación de sus líderes.
En el caso del patrullaje militar, se identificaron dos programas: a) el Plan Fortaleza, en Cali, Colombia, que desplegó militares en zonas de alta incidencia, bajo un diseño experimental con grupo de tratamiento y grupo de control, y b) la militarización del combate al narcotráfico promovida en México por el gobierno de Felipe Calderón.
Ambos programas fueron evaluados como contraproducentes. El caso de Cali evidenció un aumento de homicidios en áreas contiguas a aquellas donde hubo presencia militar, mientras que en México, se registró un incremento de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes en las zonas intervenidas. En consecuencia, aunque las evaluaciones se limitan a dos casos, la evidencia disponible apunta a que la militarización de la seguridad incrementa –y no reduce– la violencia letal.
En cuanto a la estrategia de descabezamiento de grupos criminales, también fue calificada como contraproducente, con base en dos evaluaciones realizadas en México. Ambas evidenciaron aumentos en los homicidios en los periodos posteriores a la muerte o captura de los líderes criminales, tanto en los estados donde ocurrieron estos hechos como, sobre todo, en los estados de origen de dichos líderes. Esto se relaciona con las disputas internas por el poder tras su neutralización. Así, aunque el número de estudios es limitado, la evidencia actual sugiere que eliminar a los líderes de organizaciones criminales puede generar más violencia.
Además, en México, el reciente operativo para eliminar al líder del cartel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, considerado uno de los grupos criminales más poderosos y con presencia global, evidencia que la militarización –denominada “guerra contra las drogas”, iniciada por el presidente Felipe Calderón en 2005 y continuada por Andrés López Obrador– ha sido un fracaso. Desde entonces, han surgido carteles más sofisticados, con mayor poder de fuego y acceso a tecnologías avanzadas. México no volvió a ser el mismo tras este proceso.
Más que una guerra contra el narcotráfico, se ha desplegado una guerra contra el pueblo, opina Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad George Mason, quien ha investigado por décadas la violencia en ese país. Correa señala efectos perversos de la militarización, como violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y la capacidad de reprimir o restringir movimientos sociales.
Frente a la militarización, es imprescindible proponer respuestas alternativas, contundentes, creativas, realistas y de carácter civil, a escala regional, que sean compatibles con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. Sin embargo, no debe perderse de vista que no es únicamente a través de las leyes como se transforman las realidades sociales.
Como señaló en 2025 la Washington Office on Latin America (WOLA), enviar al ejército estadounidense a combatir a los carteles no logrará nada que la “guerra contra las drogas” no haya intentado ya, sin efectos duraderos y con un enorme costo en vidas humanas. El problema no está en las herramientas, sino en la incapacidad de los gobiernos para gestionar con eficiencia y eficacia la criminalidad.
ceciliacortes668@gmail.com
Cecilia Cortés es politóloga e internacionalista.
