Costa Rica enfrenta un escenario electoral complejo a un año de los comicios del 2026, donde la creciente influencia de la inteligencia artificial (IA) y las redes sociales plantea riesgos significativos para la integridad democrática. Estas preocupaciones aumentan ante una mayor penetración de las tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial (IA) y el auge de las redes sociales.
Tales elementos han dado lugar a realidades, procesos y distorsiones como la posverdad, que el Diccionario Oxford define como el fenómeno en el que "los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales“. Dicho término fue nombrado Palabra del Año en 2016, ya que, según Coughlan para la BBC, esta ayudó a explicar el sentimiento anti-establishment que impulsó a Donald Trump a la presidencia de EE. UU. y al brexit, la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea.
La relevancia de este fenómeno se halla en el creciente protagonismo de las redes sociales para los costarricenses. Según una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada en 2016, el uso de redes para informarse pasó de 4 de cada 10 personas en 2013 a 6 de cada 10 en 2016. Cabe preguntarse: ¿cómo evolucionará este número hacia 2026? Máxime si se considera el Informe del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), también de la UCR, del 17 de junio de 2024, que detalla cómo Costa Rica destaca a nivel latinoamericano por el alto uso de las tecnologías digitales: 90% de la población usa redes sociales y 98%, aplicaciones de mensajería.
Este uso de datos podría ser un terreno fértil para las advertencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la influencia y los riesgos que la inteligencia artificial (IA) pueden representar en los procesos electorales. Y es que, a través del aprovechamiento del conjunto de reacciones, intereses y posturas traspasadas a macrodatos, la IA tiene el potencial de “lanzar ciberataques, producir deepfakes y difundir desinformación que podría desestabilizar los procesos democráticos, amenazar la integridad del discurso político y erosionar la confianza pública”. La preocupación radica en que las herramientas de IA son capaces de crear imágenes, videos e incluso grabaciones con la imitación de una persona –como ya se ha visto–, y utilizarse con fines maliciosos de desinformar y propagar desde noticias hasta posturas falsas.
En este contexto, también surge una preocupación adicional sobre cómo se utilizan estos datos y su finalidad en la difusión de información falsa o engañosa. Cambridge Analítica (CA) demostró una generación de campaña política, equiparable con las campañas comerciales de las empresas de consumo masivo, donde el candidato se mercadeó como si fuese un producto para ofertar a los consumidores, con base en psicografía (segmentación de mercado según características psicológicas). Tal como cita Valeria Villalobos en su artículo, Alexander Nix, ex-CEO de CA, explicó que: “En CA utilizan un modelo llamado OCEAN que mide cinco factores de personalidad. OCEAN es un acrónimo para: Openness (apertura mental), Conscientiousness (dedicación, responsabilidad), Extraversion (extroversión), Agreeableness (gentileza) y Neuroticism (neuroticismo).”
Con base en esto, se personalizó la propaganda considerando los datos, comportamientos y reacciones de las personas que interactuaron en Facebook. “Por ejemplo, para alguien altamente neurótico y muy escrupuloso, se necesita una publicidad muy racional; mientras que para alguien conservador y con conciencia comunitaria, se requieren anuncios que lo trastoquen emocionalmente”.

Esta situación se vuelve de mayor cuidado ante los cambios recientes de las redes X y Meta (Facebook, Instagram y Threads) al eliminar los programas de verificación de datos, lo que genera interrogantes sobre el potencial aumento significativo de noticias falsas. Incluso, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado su alarma, al sugerir que podría traer consecuencias para la confianza pública, estabilidad democrática y el fomento de la discriminación y los estigmas. Así lo publicó el diario El Comercio, de Ecuador, 10 de enero pasado.
Esta situación es alarmante por una coyuntura de polarización social que se ha venido exacerbando desde hace varias elecciones, máxime si se considera el rol que han jugado las redes sociales desde las elecciones de 2018 en la formación de opiniones, percepciones y discusión de posturas. Así, Costa Rica tiene el reto no solo de educar, generar plataformas y medios para procurar la veracidad y transparencia de la información, sino también de abrir la discusión para establecer un marco regulatorio que aborde el uso de las tecnologías de información en la política.
Para enfrentar estos desafíos, se deben adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo:
• Impulsar campañas educativas mediante alianzas estratégicas. A corto plazo, el TSE debe impulsar el desarrollo de iniciativas de verificación de datos o fact-checking electoral. Para ello, es necesario promover campañas masivas de educación en colaboración con colegios profesionales, academia y medios de comunicación, con el objetivo ayudar a la ciudadanía a reconocer noticias falsas y contenidos manipulados, y darle estrategias para la verificación de fuentes.
• Establecimiento de un marco regulatorio sólido y colaborativo. En un mediano plazo, establecer un marco que supervise el uso de tecnologías de la información en el ámbito político. Este esfuerzo debe ser liderado por el TSE, pues se trata de un elemento emergente pero que será vertebral en los próximos procesos electores.
• Incorporar educación digital en el currículo nacional. A largo plazo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) pueden jugar un rol esencial al incluir contenidos sobre análisis y pensamiento crítico, desinformación y uso ético de la tecnología en el currículo de 10.º y 11.º años. Estas habilidades serán claves hasta para la identificación de estafas y delitos cibernéticos.
En conclusión, la combinación del auge de la IA, los cambios recientes en políticas digitales y una coyuntura preelectoral de discusiones más emocionales, pero menos veraces y sustentadas en hechos fácticos, representan un desafío significativo para la democracia en Costa Rica. Por lo que es urgente actuar a la brevedad para salvaguardar la integridad democrática y fomentar un entorno informativo responsable y veraz.
castrocarballoroberto@gmail.com
Roberto Castro Carballo es politólogo y máster en Comercio y Mercados Internacionales