EscucharApenas el año pasado, el Colegio de Médicos promovió un tarifario de servicios médicos que habría elevado el costo de las consultas y otros servicios hasta en un 300%. Curiosamente, y sin ningún asidero legal, intentó publicarlo en el diario oficial La Gaceta, con el posible ánimo de revestirlo de una apariencia de formalidad de la cual carece.
El tarifario habría sido de acatamiento obligatorio para los médicos, porque así lo establece el artículo 77 del Código de Ética Médica del propio Colegio. El artículo 78 sentencia que “es falta a la ética” cobrar “sumas inferiores a las tarifas establecidas por el Colegio”. Y por si hiciera falta, el inciso i del artículo 195 establece como falta grave el cobro de cifras inferiores a las del arancel autorizado, llamándolo un acto de competencia desleal.
Así las cosas, un médico que desee atender privadamente a pacientes de escasos recursos, y cobrarles una fracción de sus honorarios usuales, se expone a amonestaciones, multas económicas y hasta una eventual suspensión del ejercicio de la medicina. El compromiso solemne que asume el médico al prestar el juramento hipocrático de consagrar su vida al servicio de la humanidad parece chocar de frente con la “ética” del colegio profesional.
El artículo 15 de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (CPCECR) establece que “solamente los miembros (...) del Colegio podrán (…) ejercer la profesión en los campos de competencia de las ciencias económicas, tanto en el sector público como en el sector privado”.
Esta es una grosera violación al derecho al trabajo del profesional. Los economistas no dan fe pública, su trabajo no pone en riesgo la vida de sus clientes, y no hay motivo alguno para obligarlos a pertenecer a un club privado para poder ejercer la profesión para la que estudiaron y se prepararon.
Pertenencia ilógica. La afiliación de un profesional al colegio de su especialidad nada le agrega a la calidad del trabajo que puede realizar. No ser miembro del colegio no me ha hecho olvidar lo aprendido en las aulas universitarias, ni mucho menos la experiencia adquirida a lo largo de mi vida profesional. Incorporarme al colegio no me habría agregado conocimientos ni experiencias, ni me habría cambiado mi visión y perspectiva de la realidad económica. Tampoco me habría convertido en un profesional más ni menos ético.
Algunas de las peores políticas económicas adoptadas desde la creación del entonces llamado Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas y Sociales, hace 47 años –las más clientelistas, las que crearon los abusos salariales del sector público, las que encarecen la canasta básica a punta de aranceles y arreglos cuasi monopolísticos–, fueron diseñadas, promovidas, defendidas y adoptadas por distinguidos economistas costarricenses afiliados al Colegio. También, seamos justos, algunas de las mejores.
Igual se puede colegiar un profesional con dos maestrías y un doctorado de Oxford, que un bachiller en Ciencias Económicas de cualquier universidad del país. Portar el mismo carné en la billetera no los iguala en calidad ni en capacidades, no certifica que uno sea mejor que el otro, ni que ellos sean mejores que un colega no afiliado.
Origen. Un poquito de historia nos permite comprender la insensatez de la colegiación obligatoria. Desde la Edad Media, los gremios de artesanos reservaban la práctica de los oficios para sus miembros, en un esfuerzo por controlar la oferta y presionar al alza el precio de sus servicios. La costura, por ejemplo, no podía ser ejercida sin pertenecer al gremio de los sastres. En la Prusia del siglo XVIII, a los sastres agremiados únicamente les estaba permitido confeccionar y vender las prendas sencillas que vestía el pueblo.
El rey Federico II el Grande, conocido por sus gustos extravagantes y admiración por las costumbres de la aristocracia francesa, no podía encontrar en su comarca las prendas de lujo que deseaba para los miembros de su corte, y recurrió a una solución muy curiosa.
El Código General para los Judíos de 1730, promulgado por su padre Federico Guillermo I, establecía una enorme cantidad de restricciones para los judíos del reino. Federico II emitió en 1750 una revisión a dicho Código, en la que agregó algunas actividades económicas que les serían permitidas.
Como los judíos no eran aceptados por los gremios, y a los sastres agremiados solo les estaba permitido producir ropa sencilla, Federico II incluyó en la nueva lista “fein zeug”, o tela fina para hacer ropa de lujo para los nobles y el clero superior. La historia la conozco porque ahí se origina mi apellido.
Entonces, como ahora, cuando las “protecciones” arbitrarias van en contra de los intereses de las autoridades que las avalan, ellas pueden crear regímenes de excepción que les permiten desarrollar relaciones simbióticas con los beneficiarios. Una especie de quid pro quo. El clientelismo no fue inventado en Costa Rica, ni en el siglo XX, ni tampoco con las mejores de las intenciones.
Sutilezas. En tiempos modernos, las prohibiciones son más sutiles. En Costa Rica, por ejemplo, una persona con un diplomado en Economía puede afiliarse al Colegio sin más estudios, pero una persona que haya obtenido su licenciatura en cualquier carrera, no del área económica –digamos ingeniería–, nunca podrá ser miembro activo del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, aunque haya sacado posteriormente una maestría en Administración, otra en Estadística y un doctorado en Economía en la universidad más prestigiosa del planeta.
Bajo la lógica perversa de la ley, el derecho al trabajo se reserva para quienes se afilien a un club privado con inicuos requisitos de admisión, y quienes no lo hacen son considerados: a. personas sin escrúpulos y sin principios éticos, y b. profesionales de la más baja ralea académica.
Resulta entonces curioso que, mediante sentencia N.° 4570-97 de la Sala Constitucional, se eliminara el inciso c del infame artículo 15 de la ley orgánica del CPCECR, que establecía que solo los profesionales afiliados al Colegio podían “ejercer la docencia en materias de las ciencias económicas en centros de educación superior”.
De lo cual tenemos que concluir, siempre bajo la retorcida lógica de la ley, que no hay problema con que cualquier Juan Vainas forme a los estudiantes que después van a tener el derecho exclusivo a ejercer la profesión.
Todo sigue igual. Mucho tiempo ha transcurrido desde la Edad Media, pero el fin último de los colegios profesionales sigue siendo el mismo de los gremios de artesanos. En el caso del tarifario médico, el objetivo no era garantizar la calidad de la atención médica, ni el ejercicio ético de la profesión, ni tampoco proteger al ciudadano de los profesionales mediocres o de aquellos que practican especialidades que no han obtenido. El objetivo era mejorar los ingresos de los agremiados.
Lo cual me recuerda que el verdadero objetivo escondido detrás de la creación de los diversos colegios profesionales es el que con sorprendente transparencia establece el inciso ch del artículo primero de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas: “Promover la dignificación, la solidaridad y el mejoramiento profesional, social, cultural y económico de sus miembros”. Sobre todo el económico.
