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Las encuestas electorales ocupan hoy un lugar central en la conversación pública. Se difunden con amplitud, se comentan como si fueran pronósticos definitivos y, con frecuencia, se presentan como anticipos del resultado electoral.
Para algunos, son instrumentos técnicos confiables; para otros, simples fotografías parciales, y para muchos ciudadanos, herramientas que influyen en percepciones y expectativas políticas.
La experiencia reciente de Costa Rica obliga a mirar este fenómeno con cautela. En los tres procesos presidenciales más recientes, quienes finalmente resultaron electos no encabezaban las encuestas en los días previos a la elección. Este dato no invalida el valor técnico de los estudios, pero sí permite cuestionar el peso político y simbólico que se les ha atribuido.
Las encuestas son instrumentos estadísticos basados en muestras, probabilidades y márgenes de error. Su utilidad depende del rigor metodológico, de la representatividad, del momento en que se aplican y de la transparencia con que se comunican los resultados. Aun en las mejores condiciones, no dejan de ser aproximaciones sujetas a incertidumbre.
El problema surge cuando, en el debate público, la encuesta deja de ser una herramienta descriptiva y se convierte en un actor político indirecto. Su repetición acrítica puede instalar la idea de que “todo está decidido”, influyendo especialmente en quienes aún no han definido su voto.
Este comportamiento invita a recordar un principio esencial del orden constitucional: la soberanía popular. Nuestra Constitución es clara en establecer que la soberanía reside exclusivamente en la Nación y se ejerce mediante el sufragio.
El voto es, al mismo tiempo, un derecho y un deber cívico. La democracia no se sostiene solo sobre derechos proclamados, sino sobre ciudadanos que los ejercen.
El día de la elección no es un trámite administrativo. Es el momento en que el pueblo ejerce directamente el poder que le pertenece. En ese sentido, el 1.° de febrero es la gran encuesta: la única jurídicamente vinculante y la única que expresa de forma auténtica la voluntad popular.
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Ferdinand von Herold es abogado.
