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El actual debate sobre la gobernanza de la seguridad social suele plantearse como una tensión entre representatividad democrática e idoneidad técnica. Lejos de ser un vestigio del pasado, el modelo de gestión tripartita —donde el Estado, los empleadores y los trabajadores comparten la dirección— constituye un baluarte fundamental para la estabilidad institucional y la legitimidad de los sistemas de seguridad social en el mundo.
Para guiar una discusión técnica rigurosa, es imperativo mirar la experiencia internacional, donde este modelo no solo predomina, sino que es promovido activamente por los organismos mundiales líderes en la materia.
Las Directrices sobre Buena Gobernanza, de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) —institución que agrupa a 340 instituciones de seguridad social de 165 países— validan y promueven el modelo de gestión participativa de la seguridad social. Los principios incluidos buscan asegurar que la gestión no sea un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar derechos fundamentales.
El principio de administración democrática de la seguridad social constituye un estándar internacional de buena práctica. El Convenio 102 de la OIT —conocido como la Norma Mínima de la Seguridad Social— establece que los representantes de las personas protegidas deben participar en la administración del sistema o estar asociados a ella. El instrumento ha sido ratificado por Costa Rica, es parte integral del bloque de constitucionalidad y es un referente internacional vinculante para el país.
En Costa Rica, la concepción tripartita de la seguridad social se afirma en el artículo 73 de la Constitución Política, que establece la contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, y confiere autonomía de gobierno a la institución; en tanto que la estructura de gobierno tripartita se encuentra plasmada en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Además, la jurisprudencia constitucional ha blindado el modelo tripartito como un elemento infranqueable del “núcleo duro” de esa autonomía.
La Sala Constitucional ha sido categórica en afirmar que el diseño democrático de su Junta Directiva está protegido contra las injerencias del poder político de turno, por lo que cualquier reforma legal que intente debilitar la representación sectorial o imponer una tecnocracia vertical es manifiestamente inconstitucional por el fondo.
Históricamente, esta estructura jurídica ha funcionado como una “coraza protectora” de la gestión en democracia, imponiendo límites a la concentración de poder y blindando a la CCSS contra intereses corporativos e ideológicos que han buscado su captura o debilitamiento.
El mito de la obsolescencia
Contrario a la narrativa que sugiere una tendencia hacia la gestión estatal directa o puramente tecnocrática, el bloque de la OCDE demuestra lo contrario. El modelo participativo con inclusión de actores sociales es el enfoque mayoritario, presente en 22 países que representan el 60% de la membresía.
En estos sistemas, predominantemente de tradición bismarckiana como el costarricense, los fondos de la seguridad social son independientes del presupuesto general del Estado y los sectores cotizantes mantienen un peso decisorio directo, garantizando que quienes financian tengan voz y voto. La evidencia internacional se distribuye en tres grandes enfoques participativos:
- Gestión paritaria y autogestión autónoma: modelos donde las organizaciones de trabajadores y empleadores llevan el peso directo de la dirección o codecisión. Es el caso de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Suiza y los Países Bajos.
- Gobernanza tripartita e institucionalizada: estructuras consolidadas donde convergen formalmente el Estado, los patronos y los trabajadores. Aquí se ubican Costa Rica, México, España, Finlandia, Grecia, Lituania, Portugal, Turquía y la República Eslovaca.
- Modelos mixtos y multipartitas: integran la gestión pública o paritaria con comités de supervisión de amplio espectro, incluyendo a expertos o sectores específicos como los pensionados. Este enfoque opera en Corea del Sur, Dinamarca, Israel, Italia, Polonia y Eslovenia.
La experiencia internacional demuestra que la participación social no compromete la eficiencia; al contrario, además de aportar legitimidad política, asegura un equilibrio indispensable entre la sostenibilidad financiera y la justicia social.
Hacia una profesionalización sin exclusión
La vigencia internacional de este modelo plantea reflexiones cruciales para Costa Rica. El debate no debería centrarse en sustituir la representación democrática de la Junta Directiva de la CCSS por una tecnocracia aislada o un “CEO” con poder vertical —una estrategia peligrosa que facilitaría la captura institucional o profundizaría el histórico manoseo político—, sino en fortalecer la idoneidad técnica dentro de la misma representatividad.
Se requiere también una mayor delimitación estructural de las funciones de la Junta Directiva, concentrándola en el manejo estratégico y la definición de políticas de largo plazo. Solo mediante el fortalecimiento de este modelo democrático se garantizará que la seguridad social costarricense siga siendo un derecho humano y no el botín ideológico de sus detractores.
Fabio Durán Valverde es economista y especialista internacional en Seguridad Social.
