EscucharCada vez se hace más compleja la gobernabilidad en nuestro Estado, un Estado cada vez con más problemas de eficiencia y donde se hace más difícil tomar decisiones, un Estado urgido de instituciones públicas más eficaces, más transparentes y donde exista mayor rendición de cuentas y capacidad para ejecutar políticas económicas y sociales. Estamos ante un atrofiado Estado con duplicidad de funciones y un grave problema de articulación de políticas publicas.
En la Asamblea Legislativa, las mayorías no pueden tomar decisiones por un reglamento que debe reformarse a corto plazo, si queremos salir del actual retardo. No puede ser que el Ejecutivo requiera 38 votos para que un proyecto avance en la agenda legislativa en un plazo razonable y se pueda votar.
No es posible, tampoco, que el Poder Ejecutivo esté sujeto a la voluntad de una minoría legislativa y que los plazos para votación razonables no se puedan lograr con una simple mayoría.
La Asamblea, al igual que el resto del sector público, sufre graves problemas estructurales, que le restan posibilidad al Ejecutivo de avanzar.
La Asamblea debe mantener y fortalecer los mecanismos de control político, pero primero debe avanzar en una agenda de proyectos prioritarios. Hoy más que nunca requerimos acuerdos oportunos y relevantes.
Otro actor importante en la operatividad del Estado es la Sala Constitucional, que, debido al creciente volumen de recursos de amparo, consultas de la Asamblea y habeas corpus, no logra agilizar los tiempos. La lentitud de la resolución de los procesos de amparo, la suspensión de actos y la inconstitucionalidad de muchos procesos judiciales están causando problemas complejos entre el sector público y el privado.
Controles previos de la Contraloría General de la Republica (CGR) se convierten, en muchas ocasiones, en un obstáculo para el eficiente actuar del Ejecutivo. Todavía hay decenas de recursos que les permiten a muchos actores atrasar arbitrariamente licitaciones sin ninguna penalización.
Por otra parte, muchos dictámenes de la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la CGR pueden paralizar actos administrativos y generar consecuencias perjudiciales. Deben delimitarse claramente las funciones de la CGR y la PGR para evitar interferencias.
Descentralización y organización. El Poder Ejecutivo, tal como está estructurado, no gobierna; difícilmente apenas administra. Hemos creado un sector público demasiado grande e ineficiente, con 18 ministerios, 84 órganos adscritos, 35 instituciones autónomas, 48 entes públicos no estatales, 82 municipalidades, consejos de distrito y otros órganos para sumar más de 335 instituciones.
Nuestro desordenado crecimiento estatal se ha convertido en un caos; no obstante, cada vez hay más entes descentralizados, con independencia administrativa, autonomía organizativa, personería jurídica, patrimonio propio y muchos problemas de coordinación.
Estos famosos órganos adscritos a ministerios e instituciones no siempre cumplen las directrices dictadas por el Poder Ejecutivo, lo cual causa graves problemas de ejecución de políticas públicas.
Crecimiento. En las últimas cinco décadas, creamos 216 instituciones; o sea, un promedio de 4,3 al año, lo cual habla mucho del afán de resolver problemas sin buscar soluciones más simples y menos costosas. Solo los órganos adscritos al sector público en los últimos 20 años pasaron de 40 a 100, para un presupuesto superior a los ¢4 billones anuales en el 2017.
En 1949 se creó la figura de las instituciones autónomas, con leyes que les confieren independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. Actualmente, existen 35 instituciones autónomas creadas en su mayoría entre los años 40 y 60, que prácticamente están a la libre en materia de inversión, endeudamiento, costos, salarios e incontables prebendas, causando un problema serio en el ordenamiento de los recursos públicos y en la implementación de políticas públicas.
Reingeniería. Este complejo marco institucional, en crisis por su propio diseño, nos obliga a hacer una reingeniería de la actual estructura. Elegir un nuevo gobernante en el 2018 no es una solución a todos los complejos problemas de gobernabilidad que tenemos. Un gobierno requiere instituciones públicas eficientes que con transparencia y probidad puedan ejecutar sus funciones.
La coordinación, la articulación de políticas, la oportunidad, la agilidad, la flexibilidad y, ante todo, la simplicidad se hace imprescindible ante este Estado descentralizado que no permite gobernar.
Presupuesto público y rectorías. La Constitución de 1949 estableció procedimientos diferentes para los presupuestos públicos de acuerdo con su naturaleza jurídica. Solo las instituciones del Gobierno Central presentan su proyecto de gastos e inversiones al Ministerio de Hacienda, y está a la Asamblea para su discusión y aprobación.
Los presupuestos del resto del sector público se presentan a la CGR, donde se verifica la vialidad de los ingresos, mas no se cuestionan los costos. Lo preocupante de esta compleja maraña de instituciones es la falta de una rectoría clara y definida.
En la administración financiera se supone que el Ministerio de Hacienda es el rector, pero se excluyen universidades, la CCSS, bancos públicos, municipalidades y el INS. En el caso de la infraestructura, el Ministerio de Transportes, a partir de 1998, con la creación de una serie de consejos, redujo totalmente su capacidad práctica de rectoría.
En el sector social, la atomización es también clara y preocupante. Por un lado, encontramos al IMAS, creado en 1971, y Fodesaf, que esta administrado por el Ministerio de Trabajo.
En el campo energético, el Minae no tiene una rectoría clara sobre el ICE y Recope. En telecomunicaciones y ciencia, el Micitt no tiene rectoría sobre el grupo ICE, el INA, los colegios técnicos y las universidades.
Otro caso claro es el de rectoría y coordinación en vivienda y ordenamiento territorial, donde existen varias instituciones, como el INVU, Mivah y el Banhvi.
Las causas. Estamos ante un Estado incoherente, ineficiente, costoso y carente de coordinación. Estamos carentes de herramientas para alinear los objetivos de cada institución a las directrices del Poder Ejecutivo y el plan nacional de desarrollo.
Tenemos centenas de instituciones con diferentes juntas directivas, representación de diferentes grupos sociales y productivos, personería jurídica independiente, oficinas dispersas, costos duplicados y crecientes problemas de control y eficiencia.
Todo este terrorífico cuadro ha generado ingobernabilidad e ineficiencia en el manejo de los recursos y la permanencia de muchas instituciones que ya dejaron de ser claves para el desarrollo.
El autor es ingeniero.
