En una de las redes sociales se ha suscitado un interesante debate entre varios colegas abogados en relación con la condena que recién le impuso el Tribunal de Flagrancia de San José a un indigente por robar 10 latas de atún en un supermercado, condenándosele a una sanción de 12 días de prisión (conmutables a ¢12.000 de multa) por el delito de hurto simple; y, además, en caso de que este no pagase la multa, de todos modos no la descontaría en un centro penitenciario, ya que se le otorgó el beneficio de condena de ejecución condicional por tratarse de un delincuente primario.
En dicho debate varios de los colegas cuestionan la validez de esa sanción y, entre otras cosas, manifiestan que es desproporcionada o injusta para un indigente, que el hurto de las latas de atún se justifica porque tenía hambre, que, por el precio de las latas, debió considerarse un hecho insignificante o una bagatela, etc. Es decir, como es costumbre en los ticos, se recurre a la falacia del “pobrecito” para intentar validar un hecho que, cometido por un indigente o por cualquier otra persona, igual violenta la ley y no es posible que quede impune.
No soy fan de la pena de prisión, pero –a mi juicio– no es desproporcionado haber impuesto al señor indigente dicha sanción. Y menos que la pena impuesta de 12 días de prisión podría ser canjeada –en este caso concreto– por el pago de ¢12.000. Una suma de dinero, nada desorbitante, que el sentenciado podría ganarla lavando 2 o 3 vehículos en un solo día.
Si se justificara un hecho de esta naturaleza por la condición de indigencia o porque la acción se cometió por causa de hambre, entonces caeríamos en el absurdo de que todos los indigentes podrían hurtar justificadamente e ingresarían a los supermercados, abastecedores y pulperías del país con el fin de apropiarse válidamente de todo lo que necesiten para suplir sus necesidades alimentarias. Si fuera así, irónicamente, los comerciantes tendrían letreros en sus negocios que dirían: “Prohibido robar, salvo los indigentes”.
Pero por dicha no es así y no debe caerse en el error de valorar equivocadamente un hecho bajo el argumento del “pobrecito”. El hambre o la pobreza pueden explicar un hecho delictivo, pero no justificarlo. El análisis de la acción debe realizarse de forma objetiva e imparcial y, luego, confrontarse el mismo con las previsiones legales que existen para determinar su ilicitud.
Y es que los hurtos, que son delitos de apropiación (de la cosa ajena), se sancionan con prisión por el desvalor de la acción (aspecto subjetivo) y por el desvalor del resultado (aspecto objetivo); de manera tal, que el quantum de la pena que se imponga debe ponderar la intención que se tuvo y no solo focalizarse en el resultado (los objetos y el precio de lo que se hurta). Pareciera entonces que imponer una pena de prisión por 10 latas de atún es muy riguroso, pero como lo que se sanciona también es el aspecto subjetivo antes mencionado (la intención), a mi juicio, no hay desproporción.
No debe confundirse el garantismo penal y el respeto a los derechos humanos, con evasión de responsabilidad. Es una canallada condenar a un imputado sin pruebas suficientes o con pruebas ilegítimas, o una injusticia sentenciar a una persona sin certeza de culpabilidad más allá de una duda razonable; pero jamás es desproporcionado –o una injusticia– imponer una pena de 12 días de prisión (conmutables por ¢12.000) a quien se le demostró –con pruebas legítimas– la comisión de un hecho ilícito.
Un abogado defensor no puede “tapar el sol con un dedo” y, menos, esforzarse a ultranza por intentar que se mire como un acto “sacramental” un hecho que evidentemente no lo es.
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