La ética en la función pública

En primer lugar, resulta necesario señalar que la ética pública no es un tema abstracto que se pierde en postulados del deber ser, o un conjunto caprichoso de buenos propósitos sin contenido específico. Por el contrario, en nuestro país, a lo largo del tiempo se ha venido diseñando un sistema normativo formal, que con precisión y coherencia técnica regula la conducta ética de los servidores públicos.

Algunas de estas normas son de carácter general y, por lo tanto, se aplican a todos los funcionarios públicos, mientras que otras son específicas para un determinado ente, órgano, o segmento de servidores. Entre otros, tenemos la Constitución Política, la Ley Contra la Corrupción y su Reglamento; los principios éticos que deben observar los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo (Decreto Ejecutivo N° 33146 de 31 de mayo del 2006); La directriz D-2-2004-CO de la Contraloría General de la República, Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores públicos en general; y los códigos de ética de las diferentes instituciones públicas.

Las obligaciones contenidas en estas y otras normas (cuyo texto es de aplicación obligatoria de conformidad con el principio de legalidad), ponen de manifiesto que ser un funcionario público probo no es una elección que descansa en el libre arbitrio de la persona que desempeña un cargo público, sino que está determinado por las disposiciones que regulan la materia.

Rectitud y buena fe. Según nuestro sistema de ética, en la Administración pública solamente hay cabida para funcionarios que diariamente se comprometan a cumplir con la obligación de orientar su gestión a la satisfacción del interés público, identificando y atendiendo, primordialmente, las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República.

En los términos señalados, es impensable un funcionario que no demuestre rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que por ley se le confieren, o que no se asegure de que las decisiones que adopte en el ejercicio de su cargo se ajustan entera y exclusivamente a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución que representa. A estos deberes se suman la exigencia de administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia y rendición de cuentas, así como la prohibición de aceptar dádivas u obsequios por el cumplimiento de sus funciones; pautas de conducta que expresamente contiene el deber de probidad al que se encuentra sometido el funcionario público (por la sola razón de serlo) y que se regulan en los artículos 3 y 1 de la Ley contra la Corrupción y su Reglamento.

Los textos normativos de la materia enumeran con rigurosidad la magnitud de las sanciones a las que se expone el funcionario público que actúe en contravención con los deberes y obligaciones que implican el ejercicio ético de su cargo, las cuales pueden ser de naturaleza tanto administrativa, como civil y penal.

Vigilancia y transparencia. Asimismo, es necesario que la vigilancia y aplicación de las normas éticas, se encuentre en manos de órganos estatales técnicos especializados, dotados de recursos materiales y humanos suficientes, investidos con independencia de criterio, funcional y operativa, aspectos que tienden a legitimar en mayor medida no solo el cumplimiento de sus competencias y objetivos específicos, sino el ejercicio transparente y libre de corrupción por parte de las instituciones y servidores públicos.

Uno de estos órganos de control es la Procuraduría de la Ética Pública, que fue creada por ley formal para investigar y comprobar la comisión de eventuales actos de corrupción en la Administración pública, así como emprender las acciones que permitan prevenir, detectar y erradicar la corrupción en la función pública, incrementando los valores éticos y la transparencia en el desempeño de los cargos públicos.

Según se puede leer en el expediente legislativo de tramitación de la ley que crea la Procuraduría de la Ética Pública, a partir del establecimiento de esta instancia de lucha contra la corrupción, el Estado costarricense cuenta con “un órgano que, aunque parte de nuestra Administración pública, sea capaz de resguardar los valores éticos y de probidad dentro de la actividad administrativa”.