EscucharRÍO DE JANEIRO – Parece la trama de una película de terror, del tipo en la que un fallo muy poco notorio en la matriz amenaza con causar caos mundial. En esta oportunidad fue un paso en falso en la programación, un paso simple pero fatal que, de pronto, hizo que la información más privada de millones de consumidores se torne en vulnerable frente a los ataques de los hackers . Los titulares de noticias advertían a gritos sobre los peligros en línea que apenas podíamos entender, alertando, a su vez, a enjambres de piratas digitales sobre la posibilidad de acceder a recompensas, si aprovechaban estas nuevas oportunidades delictivas. Las empresas de todo el mundo se apresuraron a garantizar su seguridad en línea.
La historia del agujero de seguridad, denominado “ Heartbleed bug ”, es, sin embargo, demasiado real. Apunta a una cruda realidad: en un sorprendentemente corto tiempo, nos hemos vuelto completamente dependientes de la red de Internet, una frontera que apenas empezamos a comprender, y ni qué decir sobre empezar a mapearla y regularla. Muchos debates importantes –como los debates de la libertad frente a la seguridad, la privacidad frente a la piratería, y el impacto del ciberespacio en la democracia– están lejos de ser resueltos.
Sin embargo, los temores relacionados con el Heartbleed y amenazas similares, y el furor que rodea a las tácticas agresivas de vigilancia estadounidenses reveladas por el antiguo contratista de inteligencia Edward J. Snowden, ya han puesto a muchos países en una postura defensiva. En muchos lugares, se han obstaculizado los esfuerzos para proteger la libertad en Internet.
Pero Brasil, mi país de origen, ha demostrado que es posible recorrer un camino distinto. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una genuina “Carta de derechos” sobre Internet, la cual fue aprobada por unanimidad en el Senado y promulgada por la presidenta Dilma Rousseff la semana antepasada, causando enorme felicidad a sus impulsores de la sociedad civil.
La legislación, ampliamente descrita como una constitución de la red de Internet, busca salvaguardar la libertad de expresión en línea y limitar la recolección y uso de los metadatos de los usuarios de Internet. La ley se cerciora de que exista una “neutralidad de la red” (lo que significa que los proveedores de servicios de Internet deben tratar de manera igualitaria a todos los usuarios y a toda la información), y se debe someter a las empresas mundiales, como Google y Facebook, a la legislación y a los precedentes brasileños en los casos que involucren a los ciudadanos de este país.
La inspiración para que Brasil acoja la libertad en Internet surgió, en parte, de la histórica campaña electoral del presidente de EE. UU., Barack Obama, en el año 2008. El presidente Obama recurrió a millones de pequeñas donaciones a través de sitios en las redes sociales, revolucionando la recaudación de fondos electorales y, posiblemente, abriendo nuevos horizontes para la democracia y la participación cívica.
Sin embargo, no todos en el mundo estaban convencidos de las bondades de una legislación más liberal. Parecía que otra ola de legislación –que criminalizaba a varios tipos de uso de Internet, tales como los usos relacionados con compartir música, y propugnaba usos que permiten una mayor vigilancia gubernamental– estaba haciendo retroceder a la ola liberal. Esto también aconteció en Brasil, donde las autoridades tomaron un mayor control sobre la red de Internet, poniendo al país a la vanguardia de la lucha internacional contra los delitos cibernéticos.
No obstante, la situación comenzó a cambiar en el año 2009, después de que el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participara en un evento sobre la libertad en Internet, comprometiéndose posteriormente a bloquear cualquier legislación que restringiera las libertades en línea. También se comprometió a presentar el proyecto de ley, que es el proyecto de ley que dio lugar a la ley recientemente aprobada.
Curiosamente, el proyecto de ley no fue redactado por el grupo habitual de burócratas. En lugar de ello, el proceso se abrió al público, permitiéndose que los ciudadanos comunes y corrientes contribuyan vía blog del Gobierno. Los defensores del software libre se mezclaron con quienes exigían el cumplimiento de las leyes y con grupos de presión de la talla de los de Google y Yahoo; todo esto se constituyó en un ejemplo pionero de lo que se puede denominar como “wiki-democracia”.
En el año 2011, después de dos años de debate y discusión, se envió un proyecto de ley al Congreso. La oposición fue feroz. Los grupos de presión buscaron diluir la legislación propuesta, y fueron las empresas de telecomunicaciones las que particularmente se opusieron a las disposiciones sobre la neutralidad de la red.
Sin embargo, la coalición de fuerzas que respaldó el proyecto de ley –formada por grupos de la sociedad civil, con una petición fortísima apoyada por unas 350.000 personas, y que fue organizada por el legendario músico brasileño y exministro de Cultura Gilberto Gil– prevaleció sobre los intereses políticos tradicionales. En el proceso, ellos probablemente impulsaron el surgimiento de un nuevo modelo para la formulación de leyes.
En otras partes del mundo, sin embargo, los acontecimientos se han movido en una dirección diferente. El resplandor electoral de Obama se atenuó. Los levantamientos inspirados por la red de Internet en Irán y, posteriormente, en gran parte del mundo árabe fueron brutalmente aplastados. Nuevas revelaciones sobre la vigilancia gubernamental, junto con sustos de seguridad del tipo del Heartbleed , siguen poniendo a prueba la fe que tiene el mundo en la libertad en línea.
No obstante, a pesar de los temores –y los peligros inherentes a una red de Internet libre–, el mundo no debe renunciar a explorar el potencial transformador del ciberespacio. Los que están perdiendo su determinación en cuanto a explorar dicho potencial transformativo simplemente necesitan mirar hacia el sur: desde allí, Brasil está liderando el camino.
Pedro Abramovay, exsecretario de Justicia de Brasil (2010-2011) y profesor de la Facultad de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro, es el director regional para América Latina de la Fundación Sociedad Abierta. © Project Syndicate.
