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Costa Rica ha sido reconocida por su compromiso con los derechos humanos y por contar con un marco legal que garantiza el derecho a una educación inclusiva. Sin embargo, para cientos de estudiantes, especialmente aquellos con discapacidad cognitiva y autismo, ese derecho parece tener una fecha de vencimiento: el último día de sexto grado.
Aunque muchas escuelas han logrado avanzar hacia la inclusión, la transición a secundaria sigue siendo uno de los mayores vacíos del sistema educativo. No porque estos estudiantes no puedan aprender ni porque sus familias hayan dejado de creer en la inclusión, sino porque el propio Estado deja de brindar los apoyos que permiten ejercer ese derecho.
Durante décadas, familias, organizaciones y docentes hemos trabajado para que los estudiantes con discapacidad puedan asistir a la escuela de su comunidad y aprender junto a sus compañeros.
La evidencia demuestra que la educación inclusiva beneficia a toda la población estudiantil: promueve la empatía, el respeto por la diversidad, el trabajo colaborativo y reduce prejuicios. La inclusión no es un beneficio exclusivo para los estudiantes con discapacidad; es una oportunidad para construir una mejor sociedad.
Además, diversos estudios internacionales del Banco Mundial, la Unesco y la literatura científica coinciden en que la educación inclusiva, cuando cuenta con los apoyos necesarios, no solo garantiza mejor el derecho a la educación, sino que también es más costo-efectiva que mantener sistemas segregados de educación especial. En lugar de duplicar escuelas, infraestructura, transporte y servicios especializados, la inversión se concentra en fortalecer un único sistema educativo capaz de responder a la diversidad de todos los estudiantes.
Gracias al esfuerzo de administraciones anteriores y a voluntad política, muchas escuelas cuentan hoy con servicios de apoyo que acompañan tanto al estudiantado como al personal docente. Sin embargo, al llegar a secundaria, esos apoyos prácticamente desaparecen.
La mayoría de los colegios públicos carecen de equipos profesionales especializados y de recursos suficientes para garantizar la continuidad de la inclusión. Como consecuencia, los docentes enfrentan esta realidad sin el acompañamiento necesario y las familias deben tomar una decisión imposible: desean que sus hijos continúen estudiando junto a sus compañeros, pero saben que enviarlos a un colegio sin apoyos puede significar condenarlos a pasar horas dentro de un aula sin participar realmente del proceso educativo, sin aprender y sin que nadie pueda responder a sus necesidades.
Ninguna familia quiere que su hijo o hija asista al colegio únicamente a “sentarse de maceta”. Eso no es inclusión: es exclusión dentro de la inclusión.
Muchas familias terminan aceptando el traslado al Plan Nacional de Educación Especial y no continuar en secundaria regular, no porque crean que sea la mejor alternativa, sino porque el propio sistema les cerró las demás opciones. La ausencia de apoyos, y no la capacidad del estudiante, es la que determina esa “decisión obligada”.
¿Qué sentido tiene invertir seis años construyendo inclusión si el sistema la abandona justamente cuando el estudiante ingresa a secundaria?
Costa Rica ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la Ley 8661 y cuenta con normativa como el Decreto Ejecutivo N.° 40955-MEP que reconoce el derecho a una educación inclusiva en todos los niveles. El problema no es la legislación; el problema es que la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad no es una prioridad presupuestaria.
La inclusión no consiste únicamente en matricular a un estudiante en un aula regular. Requiere apoyos especializados, capacitación docente, ajustes razonables, recursos técnicos y financiamiento suficiente. Sin estos elementos, la inclusión deja de ser un derecho y se convierte en un discurso.
También los docentes resultan afectados. Miles de docentes creen en la educación inclusiva y desean responder a la diversidad de sus estudiantes, pero trabajan sin las herramientas, el tiempo y el acompañamiento profesional necesarios. No es justo exigirles resultados cuando el propio sistema no les brinda las condiciones para alcanzarlos.
Costa Rica no necesita nuevas leyes; necesita cumplir las que ya existen.
Ha llegado el momento de que el Ministerio de Educación Pública y las autoridades responsables de asignar el presupuesto conviertan la continuidad de la educación inclusiva en secundaria en una verdadera política pública, con financiamiento suficiente, planificación y mecanismos de seguimiento.
Porque la inclusión no termina en sexto grado. Y los derechos humanos, tampoco.
rkasidown@gmail.com
Rosette Kleiman Neuman forma parte de la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica.
