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¿Usted creería si le dijera que, dentro de 50 o 60 años, la población de Costa Rica podría reducirse –en un escenario optimista– a una cifra de entre 2,5 y 3 millones de habitantes y que una proporción significativa de quienes vivan entonces serán personas mayores de 65 años?
Aunque suena poco creíble, no es un número sacado del sombrero. Los datos lo confirman: Costa Rica está envejeciendo y lo hace más rápido de lo que el país parece estar dispuesto a reconocer. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el año 2050 una de cada cuatro personas tendrá 65 años o más y, a partir de 2045, la población total comenzará a disminuir.
El principal motor de este cambio es la fuerte caída en la tasa de fecundidad. En apenas una década, el promedio pasó de 1,76 hijos por mujer a 1,19 en 2023. Esto sitúa al país en niveles de ultrabaja fecundidad y abre un escenario desafiante: de mantenerse estas condiciones, Costa Rica podría perder una parte sustantiva de su población en el transcurso de dos generaciones.
El impacto no es solo demográfico. Al haber menos personas jóvenes, habrá menos trabajadores, menor consumo y un crecimiento económico más lento, además de una fuerza laboral con menor dinamismo para innovar y generar nuevas oportunidades. Al mismo tiempo, aumentarán las presiones sobre el gasto público en pensiones, salud y cuidados para una población cada vez de mayor edad.
Durante años, la economía costarricense se sostuvo gracias al bono demográfico: una mayor proporción de población en edad productiva impulsó el crecimiento, incluso sin mejoras sustanciales en productividad. Ese bono, sin embargo, se está agotando.
América Latina afronta este fenómeno de manera acelerada. Mientras Europa envejeció de modo gradual a lo largo de varias décadas, la región atraviesa esta transición en apenas 25 años, en medio de crisis fiscales, rezagos persistentes de productividad y mercados laborales frágiles. Y Costa Rica no es la excepción.
Ante este panorama, la economía plateada deja de ser un concepto teórico y se convierte en una necesidad urgente. Reconocer a las personas mayores como trabajadoras, emprendedoras y consumidoras activas será clave para evitar un estancamiento económico prolongado. Países como Japón han demostrado que el envejecimiento puede transformarse en una oportunidad cuando existen políticas públicas claras y una sólida articulación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado.
En esta línea, recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo y Crusa impulsan en Costa Rica una estrategia orientada a colocar este tema en la discusión nacional y a promover alternativas innovadoras para enfrentar, con visión de futuro, este desafío estructural.
Costa Rica aún tiene margen de acción, pero requiere una estrategia nacional que articule políticas de empleo, pensiones, cuidados, salud y emprendimiento sénior, y que combata de forma decidida la discriminación por edad. Envejecer no debe entenderse como una carga, sino como una etapa con un enorme potencial productivo y social.
Sin una respuesta integral que elimine las barreras al empleo de las personas mayores, la discriminación en el acceso a crédito y la debilidad estructural de la economía del cuidado, el envejecimiento poblacional terminará profundizando las desigualdades y las presiones fiscales.
Costa Rica aún está a tiempo de decidir cómo quiere envejecer. Puede anticiparse al cambio o reaccionar tarde, incorporar las canas a la economía no es una opción ideológica; es una necesidad económica y una decisión estratégica para sostener el crecimiento, la cohesión social y el bienestar del país en las próximas décadas.
Byron Salas Conejo es el director ejecutivo de Crusa.
