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Después de la contienda, amanecimos sin sobresaltos, en la normalidad que caracteriza a una democracia madura. El pueblo costarricense, sereno y consciente, retoma sus labores cotidianas tras la culminación del proceso electoral, desarrollado bajo la custodia del Tribunal Supremo de Elecciones, baluarte institucional en el resguardo de la pureza del sufragio y de la vigencia del orden democrático.
Para algunos, el día después de los comicios llegó con la legítima satisfacción del resultado obtenido; para otros, con el recogimiento propio de la reflexión. Ambas actitudes son inherentes a la vida democrática y merecen igual respeto.
Sin embargo, por encima de las legítimas diferencias expresadas durante la campaña, prevalece una convicción común: Costa Rica es una casa compartida y solo existe un camino para su conducción. Ese camino es el del respeto al orden constitucional, de la responsabilidad patriótica y del compromiso cívico con el interés general, valores que deben guiar tanto a gobernantes como a ciudadanos.
La democracia no se agota en el acto electoral. Se nutre del diálogo respetuoso, del reconocimiento de las minorías y de la aceptación del veredicto popular expresado en las urnas, conforme a las reglas del Estado de derecho y bajo la autoridad de los órganos constitucionales llamados a garantizarlo.
La legitimidad democrática exige que quienes han resultado electos gobiernen para toda la nación y que quienes no obtuvieron la mayoría ejerzan una oposición responsable, vigilante y constructiva, conforme a los principios republicanos.
Costa Rica es una nación singular porque, una vez concluida la contienda electoral, se imponen la mesura, la convivencia pacífica y el respeto mutuo. Se honra así el principio fundamental según el cual la soberanía reside en el pueblo, cuya voluntad, libremente expresada, constituye el fundamento último de la autoridad pública.
Superada la ventisca electoral, corresponde restablecer plenamente la armonía cívica, pasar la página de este capítulo de nuestra historia democrática y mirar hacia adelante con esperanza.
Que el nuevo gobierno, investido por la voluntad popular, sea capaz de honrar la Constitución, fortalecer las instituciones y dignificar al pueblo que le confirió el mandato. Ese es el deber que impone la democracia y la expectativa legítima de una ciudadanía comprometida con la paz, la legalidad y la justicia.
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Ferdinand von Herold es abogado.
