Ese principio no distingue cargos ni jerarquías. Presidentes, diputados, alcaldes y regidores representan la voluntad popular, pero también están sujetos a deberes legales claros, como la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Es necesario desterrar la idea equivocada de que el voto popular otorga una especie de inmunidad frente al control administrativo. Por eso, nuestra Constitución establece que los servidores son simples depositarios de la autoridad y que deben actuar conforme a la ley y sus reglamentos.
Este mandato se desarrolla en un marco legal que permite exigir responsabilidades administrativas, civiles y penales cuando se incumplen los deberes, se debilitan los sistemas de control interno o se desvirtúa el interés público. El deber de probidad no es solo un ideal ético; es una obligación jurídica exigible.
En el ámbito municipal, estos mecanismos ya existen. Los Concejos Municipales y la Contraloría General, en sus respectivas competencias, pueden investigar, garantizar el debido proceso y aplicar sanciones, que van desde amonestaciones hasta suspensiones. En los casos más graves, incluso pueden recomendar la cancelación de credenciales ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
Este modelo respeta la voluntad popular y, al mismo tiempo, protege el interés general, evitando que una investidura se convierta en un escudo frente a la legalidad.
En los ámbitos del Legislativo y del Ejecutivo, en cambio, aún tenemos tareas pendientes. Si bien el artículo constitucional 112 establece un marco general de responsabilidades para los legisladores, su aplicación real se ha visto imposibilitada por la ausencia de normas específicas que regulen adecuadamente la pérdida de investidura frente a las inmunidades de las que, con alguna frecuencia, se abusa del poder público, y es hasta muy recientemente que una iniciativa de la diputada Cambronero Aguiluz propone atender esta deuda. En momentos en que la confianza en las instituciones públicas afronta retos, este debate resulta más urgente que nunca.
Los sistemas de fiscalización fortalecen la institucionalidad y la confianza ciudadana, pues con reglas claras y controles efectivos se protege a la población, pero también a los funcionarios honestos, que necesitan seguridad jurídica para servir con independencia. La ley no debilita la política; la dignifica.
Recordar que nadie está por encima de la ley no es un acto punitivista, sino una defensa de la democracia. Fortalecer la responsabilidad de quienes ejercemos el poder público es cumplirle a la ciudadanía.
Cuando la probidad guía la acción pública, fortalecemos la confianza, la institucionalidad y a Costa Rica.
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Antonio Trejos Mazariegos es abogado y diputado electo.
