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En marzo de 1958, don José Figueres Ferrer dispuso el traslado de la Asamblea Legislativa a cuesta de Moras. Había que desalojar el antiguo Palacio Nacional para construir el edificio del Banco Central y se recurrió, como solución temporal, a una edificación iniciada durante el gobierno de León Cortés Castro para albergar la Casa Presidencial.
Lo temporal duró más de 60 años. Ese año se aprobaron recursos para una sede que nunca se construyó. Vendrían otros. Mientras tanto, la Asamblea creció dispersa entre edificios del centro de San José. Nos acostumbramos a caminar de uno a otro. Pero acostumbrarse a una situación no la convierte en razonable.
La Asamblea necesitaba una sede apropiada, no por comodidad, sino porque es uno de los poderes de la República y la casa de representación política de los costarricenses.
Alrededor de 2010, el Directorio legislativo encargó a la Administración coordinar una solución definitiva. Participé en aquel proceso. Con la Contraloría, estudiamos el mecanismo jurídico y financiero para realizarla. No buscábamos atajos: una obra pública de esa importancia debía hacerse correctamente.
Así se avanzó hacia el fideicomiso. El 27 de setiembre de 2011 se suscribió el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR, refrendado por la Contraloría. El financiamiento contó con el Banco Nacional y el Banco Popular. Tres bancos públicos hicieron posible una obra esperada durante décadas.
El proyecto fue del arquitecto Javier Salinas. Reconozco especialmente a los funcionarios que dedicaron años a hacerlo posible. La construcción comenzó el 7 de marzo de 2018. En vez de otra primera piedra –ya se habían colocado varias–, depositamos una cápsula con documentos esenciales de nuestra institucionalidad. Esta vez sí llegó a convertirse en edificio.
La sede fue concebida para tener significado. Su solidez exterior quería representar la solidez de nuestra democracia. El plenario se ubicó bajo el nivel de la calle para expresar una idea sencilla: por encima de los diputados, está el pueblo que los eligió.
También debía ser responsable con los recursos públicos. Aprovecha aguas de lluvia y del subsuelo para servicios sanitarios y jardines, y utiliza materiales que disminuyen el mantenimiento. Prácticamente, no requiere pintura en sus principales acabados. No se construyó un palacio: se procuraron funcionalidad y durabilidad.
El plenario tiene dimensiones superiores a las requeridas por los actuales 57 diputados porque durante años se han presentado propuestas para aumentar su número. No sabemos si alguna vez se aprobará esa reforma, pero una sede destinada a servir durante décadas debía contemplarla. Administrar también significa pensar más allá del periodo en que se ejerce una responsabilidad.
El edificio ha requerido ajustes y debe ser fiscalizado. Pero, después de más de 60 años de proyectos frustrados, Costa Rica logró dotar a su Poder Legislativo de una sede adecuada.
La experiencia deja una enseñanza: sí es posible realizar una gran obra pública respetando el ordenamiento jurídico, los controles y articulando capacidades institucionales. El fideicomiso vence en 2033 y, conforme a lo pactado, el inmueble pasará plenamente a manos del Estado costarricense.
Durante diez años de mi vida profesional, estuve ligado a este proyecto. Nunca fue una obra personal. En 2021, el Directorio presidido por don Eduardo Cruickshank acordó que una pequeña sala llevara mi nombre. Lo recibí como reconocimiento a quienes conseguimos terminar una tarea que había atravesado generaciones.
El 19 de agosto de 2026, el actual Directorio decidió dejar sin efecto aquel acuerdo y denominar el espacio “Salón Arenal”. No cuestiono su facultad para hacerlo. Los directorios cambian criterios. Lo que me sorprendió fue algo más sencillo: nadie me lo comunicó. Me enteré por terceras personas.
Después de tantos años en una institución a la que serví con lealtad, habría agradecido una llamada o una nota. No para discutir la decisión ni pedir que mi nombre permaneciera en una puerta. Simplemente, porque creo en las formas.
Se puede discrepar con respeto. Se pueden cambiar las decisiones de quienes nos precedieron con consideración. Se puede ejercer plenamente una potestad administrativa sin olvidar que detrás de los actos institucionales también hay personas.
Una pequeña placa nunca fue lo importante. Lo importante está en cuesta de Moras: en el plenario donde se encuentran las voces de la República; en las comisiones donde se escuchan posiciones encontradas; en los ciudadanos que conversan con sus representantes, y en quienes hicieron posible construir esa casa.
Durante la inauguración, dije que aquel edificio debía ser tan sólido como la democracia costarricense. Sigo creyéndolo. Los directorios cambian, los funcionarios nos jubilamos, los diputados terminan sus periodos y los nombres en las puertas pueden desaparecer.
Las personas pasamos. Las instituciones permanecen. Y con ellas permanece su historia.
aayales@yahoo.com
Antonio Ayales Esna es exdirector ejecutivo de la Asamblea Legislativa.
