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El pasado 22 de setiembre, don Rubén Hernández Valle, destacado abogado constitucionalista, enunció una serie de elementos socio-jurídicos que al día de hoy han construido, más que una panoplia, una aparente camisa de fuerza que impediría la mejor gestión del gobierno costarricense. Y como último elemento distorsionador de la idílica realidad criolla presenta a: los mandos medios, quienes, dice don Rubén, son los que realmente ejercen el poder.
Quiero desmitificar dicho mensaje, porque el frío no está en las cobijas.
Primero. Es un gran error suponer que el grueso del funcionariado estatal es competente solo por haber ganado una prueba para ingresar a la Función Pública (con mayúscula, por lo que esta significa), principalmente dentro del Régimen del Servicio Civil. Reconozco las falencias de este a pesar del sentido de dignificación y tecnificación que idearon para él los diputados constituyentes, como también reconozco que existen funcionarios que acarician diariamente la incompetencia, la falta de compromiso y la desidia, ignorando al Estado como fuerza motora y arquetipo del desarrollo nacional.
Pero sí que resulta valiosa la existencia del Régimen del Servicio Civil para la vida administrativa pública. No quisiera imaginar lo que sería estar a merced de jerarcas de turno que solo pretenden devolver favores políticos y “montar” a sus conocidos en las estructuras gubernativas, sin reconocer su capacidad para administrar lo público.
Sobre esto último, debo decir que fui espectador en primera fila de lúgubres personajes que solo querían quedar bien con el gran jefe, sin importarles sus instituciones, subalternos o los recursos públicos que prometieron resguardar. Por eso, gracias a Dios por el principio de legalidad que resguarda al actuar gubernativo, y por la serie de normas, instituciones y acciones que don Rubén hoy critica.
Segundo. Retomando el punto anterior, tendríamos otra gran causa de por qué el barco estatal encalla constantemente: la calamitosa incapacidad de los jerarcas de turno por comprender el terreno que pisan. Hará más de una década que en la Revista de Ciencias Económicas de la UCR, me referí a lo que significaba que los cuadros gubernativos fueran producto de las ocurrencias de un presidente, y todo sigue igual. Los jerarcas elegidos desconocen la actividad del ente que deben administrar de primera mano, y menos aún aquellos a los que les corresponde dirigir conforme la rectoría política que constitucionalmente les fue otorgada, y por la que el profesor Johnny Meoño Segura ha clamado durante lustros, sin que nadie se le haya opuesto o lo haya refutado.
Tercero. También muy ligado con los dos anteriores, tenemos la falsa e irresponsable creencia de que cualquiera puede administrar la cosa pública. Incluso se infiere, también muy erróneamente, que los egresados de carreras como Administración Pública son, casi por derecho divino, los llamados a ser los cuadros funcionariales que pondrán en acción diligentemente la maquinaria gubernativa. ¡Por favor, salgamos de ese error!, ya que, un vicio que aquellos arrastran desde su educación académica es que pudieran ser (de)formados por académicos que no fueron, son ni serán empleados estatales, sino simples recitadores de teorías y perspectivas teóricas. Es como si un cirujano general tuviera como mentor a un personaje que jamás ha empuñado un bisturí, pero sí recuerda de tajo a rajo el libro de la asignatura.
Cuarto. La resolución de problemas, el compromiso y la innovación surgen naturalmente del funcionario comprometido, no siempre de los jerarcas. Don Rubén tiene razón al afirmar que el exceso de leyes, la tramitología innecesaria y la cultura burocrática pasan factura a valiosas iniciativas que potenciarían el servicio público de los entes gubernativos. Pero no vaya a creerse que lo anterior nació por iniciativa de los cuadros medios para tener excusas y así no cumplir sus responsabilidades. No. Es a estos a los que más frustra tal abigarramiento. Porque un administrador o administradora pública de vocación innova y resuelve a pesar de todo. No le endilga su impericia a la maraña de leyes o al funcionario mañoso que nunca ha visto, pero que asegura que existe y que le atraviesa el caballo cual fantasma de Max Weber con sus perversas cadenas de burocracia, al mejor estilo de Ebenezer Scrooge.
Tampoco maldice a las “ías” (Contraloría, Procuraduría, Defensoría), sino que valora, analiza y, si bien su propuesta inicial puede caer, se levanta y vuelve a empezar, silencioso, pero con paso más firme, con un mejor proyecto, una nueva maqueta, un mejor reglamento, atemperado al bloque de legalidad y a los requerimientos de la colectividad.
Que se necesitan cambios en el marco normativo, se necesitan, algunos con urgencia. Será interesante leer la propuesta que don Rubén nos regalará al respecto en un próximo artículo.
Rolando Bolaños G. es tutor e investigador en la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED.
