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El 30 de enero de 1933, Adolfo Hitler fue nombrado canciller de Alemania. En ese momento no era un dictador y su partido apenas controlaba el 33% de los escaños del Parlamento (Reichstag). Estaba rodeado de políticos conservadores tradicionales que, subestimándolo, aseguraban: “Lo hemos contratado para que nos sirva; en dos meses lo habremos arrinconado”.
Sin embargo, Hermann Göring y Joseph Goebbels llevaban una década estudiando cómo conquistar no solo el poder político, sino el alma misma de una nación, aprendiendo de los errores de su fallido golpe de Estado en Múnich, en 1923.
El punto de inflexión ocurrió el 23 de marzo de 1933 con la aprobación de la Ley Habilitante, seguida en abril por la Ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional. Estas normativas permitieron al régimen perseguir, purgar y despedir a comunistas, maestros, judíos, abogados, médicos, jueces y fiscales. Hitler ya no necesitaba del Parlamento, de la Constitución ni de la negociación con la oposición; gobernó a través de miles de decretos, nazificando el Estado sin controles ni contrapesos.
Muchos ciudadanos celebraron estas destituciones porque les permitieron ocupar esos puestos a dedo, sin exámenes de idoneidad ni méritos. Paralelamente, el régimen disolvió y absorbió todas las organizaciones comunales independientes. Al eliminarlas, extinguió cualquier capacidad de protesta social.
La propaganda fue tan efectiva que la mayoría de los alemanes vio con buenos ojos estas medidas. Colgaron banderas en cada hogar, lo que disparó las ganancias de las fábricas textiles. Pronto, la libertad de expresión desapareció. Nadie podía disentir, mucho menos los maestros. Las personas comenzaron a ser encarceladas sin juicio, sin cargos formales y sin sentencias; eran recluidas en campos de concentración por tiempo indefinido.
Para entonces, Alemania tenía más de 60 millones de habitantes y el movimiento sindical más fuerte del mundo, con seis millones de afiliados. Estas organizaciones manejaban cooperativas de alimentos a bajo costo, pólizas de seguros y fondos de pensiones. El régimen nacionalsocialista sedujo a la clase obrera prometiéndole que, mediante el ahorro masivo, cada familia recibiría un automóvil diseñado por el Estado (el futuro Volkswagen). Todo fue un engaño: los ahorros del pueblo se desviaron para financiar las fábricas de armamento militar.
El 1.° de mayo de 1933, en un acto de profunda astucia y cinismo, el régimen celebró el Día del Trabajo. Al día siguiente, el 2 de mayo, Hitler disolvió todos los sindicatos, confiscó sus bienes, los integró a la fuerza en el Frente Alemán del Trabajo y encarceló a sus dirigentes.
En conclusión, en 1933 el pueblo alemán no fue despojado de sus derechos fundamentales únicamente por la fuerza. Hubo un consentimiento social generalizado para perder la libertad de tránsito, renunciar a la libertad de expresión y aceptar el encarcelamiento de opositores, judíos, personas con discapacidad y minorías sexuales, sin pruebas ni procesos judiciales. A cambio, la ciudadanía fue sometida a una vida de austeridad y salarios congelados, mientras la élite nazi construía mansiones y planeaba el saqueo de Europa.
Hoy, en Costa Rica, se presentan alarmas similares. El Poder Ejecutivo busca debilitar y desmantelar los controles de la Contraloría General de la República mediante reformas legales que pretenden neutralizar la fiscalización de las finanzas públicas y los procesos de contratación del Estado.
Asimismo, avanzan intenciones peligrosas que amenazan las garantías civiles individuales y la soberanía nacional, lo que abriría la puerta a intervenciones en la propiedad privada sin el debido proceso y a la entrega de la riqueza de recursos naturales, como el oro de la frontera norte, a intereses particulares.
La historia demuestra que las democracias no siempre mueren por golpes de Estado militares; a veces, se desmantelan desde adentro, con el aplauso de una ciudadanía encandilada.
aalvarado25@gmail.com
Augusto Alvarado Boiriban es politólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR).
