EscucharPartiendo de que los bienes públicos son diseñados y renovados para el disfrute de todas las personas sin excepción, la accesibilidad debe considerarse una característica esencial de un bien público.
Escuelas, hospitales, acueductos, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, carreteras, aceras, transporte, puertos, aeropuertos, paradas de bus, estaciones de tren, plazas, parques, polideportivos, centros comunales y oficinas estatales son bienes públicos.
Por tanto, la posibilidad de que las personas con discapacidad y adultos mayores los utilicen de manera segura debe considerarse también un bien público.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los bienes públicos poseen características que, en teoría, los ponen al alcance de toda la población. No obstante, si la interacción de la población con deficiencias físicas, sensoriales, psicosociales o intelectuales con los bienes públicos presenta obstáculos y barreras para su uso y disfrute, en la práctica se impide el ejercicio de sus derechos humanos.
Debido a estas barreras, el principal problema que enfrentan las personas con discapacidad no es su deficiencia física, sino la exclusión social y la pobreza, que se originan por la imposibilidad de emplear bienes y servicios públicos.
Esto, sin mencionar las barreras adicionales que generan las actitudes negativas, los estereotipos y los prejuicios hacia la discapacidad, el envejecimiento y la vejez.
Por tanto, la accesibilidad se convierte en una condición indispensable para que la población, particularmente las personas con discapacidad y los adultos mayores, vivan de forma independiente y participen plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones.
Analizado de otra manera, la inadecuada planificación urbana, la infraestructura deficiente y los servicios públicos insuficientes contribuyen a crear barreras de acceso, lo que, a su vez, genera exclusión y pobreza. Esta es una cuestión trascendental que, según la Ley 7600, debe estudiarse en las carreras universitarias afines.
Así se agrega valor público y cobra sentido para las personas con discapacidad y los adultos mayores, al contar con una vivienda adecuada y una planificación urbana inclusiva y sostenible. Esto debe extenderse también a las áreas rurales, con un enfoque de derechos humanos y de género, tal como lo contempla la Nueva Agenda Urbana.
Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el diseño universal, como concepto y principio, debe reflejarse en los planes para nuevos desarrollos urbanos y en la renovación de edificios, instalaciones, servicios urbanos y espacios públicos existentes, para garantizar que sean accesibles para todos.
La accesibilidad es esencial para el empoderamiento, la participación ciudadana y la inclusión económica, social, cultural y política de las personas con discapacidad y los adultos mayores. Recordemos que una ciudad bien diseñada está bien diseñada para todos.
El autor es politólogo.
