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El libro Keibril, hundida en el silencio, escrito por Rodolfo Martín Ovares y Ronald Moya Chacón, reconstruye uno de los casos más relevantes de la crónica reciente costarricense y coloca frente al país una pregunta ciudadana de fondo: ¿qué hacemos, como sociedad, con las historias que leemos en las noticias?
Desde esa perspectiva, además de ser una reconstrucción periodística, el libro puede leerse como un documento de conciencia pública. Es una obra capaz de convocar a instituciones, academia, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanía a discutir cómo avanzar de una administración centrada en procedimientos hacia una gestión pública orientada a resultados humanos verificables.
El caso de Keibril permite formular una pregunta que supera el expediente judicial: ¿estamos midiendo la eficiencia del Estado por lo que hace o por lo que logra proteger? La diferencia es decisiva. Una institución puede mostrar actividad, cobertura y cumplimiento formal; sin embargo, la eficiencia pública, especialmente en materia social, también debe medirse por su capacidad para reducir riesgos, anticipar daños y modificar condiciones concretas de vulnerabilidad.
Un foro nacional sobre este tema podría partir de una premisa clara: la eficiencia del Estado comprende más que ahorro, contención del gasto o velocidad administrativa. En protección social, eficiencia significa llegar a tiempo, coordinar bien, actuar con sentido de urgencia, sostener el seguimiento y producir cambios reales en la vida de las personas. La eficiencia consiste en lograr que la acción pública tenga mayor capacidad de protección.
Por eso, la lectura de Keibril, hundida en el silencio podría convertirse en un punto de inflexión. Más que una acusación general contra todo el aparato institucional, puede ser un llamado a revisar qué indicadores usamos para saber si el sistema funciona. Costa Rica necesita avanzar de una cultura institucional que demuestra actividad a una cultura pública que demuestra impacto. Necesita medir cuántas personas fueron atendidas y, junto con ello, cuántos riesgos fueron reducidos, cuántas alertas recibieron atención oportuna, cuántos casos tuvieron seguimiento efectivo y cuántas vidas quedaron mejor protegidas después de la intervención del Estado.
Ese foro, además, debería convocar una conversación necesaria sobre la relación entre protocolos y víctimas. Los protocolos son indispensables cuando funcionan como caminos para proteger. Su mayor valor está en ordenar la acción institucional, facilitar decisiones oportunas y conectar procedimientos con resultados humanos. Una evaluación institucional madura debe observar el procedimiento cumplido y, al mismo tiempo, valorar el efecto producido en la vida de las personas.
La nueva mentalidad de evaluación institucional debería integrar alcance y logro. El alcance dice a cuántas personas llega el Estado. El logro dice qué efecto produce esa llegada. El alcance describe cobertura. El logro revela protección. El alcance permite informar de actividad. El logro permite valorar si la acción pública cambió realmente una situación de riesgo.
En ese sentido, el libro de Rodolfo Martín Ovares y Ronald Moya Chacón puede ser más que una obra periodística sobre un caso de alto interés nacional. Puede ser el punto de partida de una discusión sobre la calidad moral, técnica y operativa del Estado social costarricense. Una sociedad honra a sus víctimas cuando recuerda su historia y, sobre todo, cuando corrige las condiciones que deben ser transformadas para proteger mejor.
José Mairena Morera es especialista en información y gestión del cambio.
