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En Costa Rica, se habla de “reforma judicial” como si se tratara de arquitectura; se habla de estructuras, jerarquías, órganos, nombramientos. Se discute “la Corte” como si fuera un edificio viejo en remodelación. Pero el problema no es el edificio. El problema es que no se está entregando justicia. Esa justicia que, por mandato constitucional y por decencia republicana, debe ser pronta y cumplida.
Reformar por reformar, sin una idea superior, es caer en un sofisma, como “el Estado por el Estado”, la institución como fin en sí misma. Bajo esa lógica, la reforma sería un simple discurso político. Pero el Poder Judicial solo existe para servir al ciudadano.
Por eso, la reforma judicial debe tener un solo norte: beneficiar al usuario. El político habla de justicia cuando le interesa nombrar, controlar o decidir. El ciudadano, en cambio, habla de justicia como quien habla de supervivencia. Como la madre que espera una pensión alimentaria, el trabajador despedido que necesita sus prestaciones, la víctima de un abuso sexual que exige ser oída o el imputado que vive 10 o 15 años bajo una acusación sin sentencia.
El problema central del Poder Judicial en Costa Rica es la mora judicial. Si no hubiera mora, no habría urgencia de reforma. Por eso, si se quiere hablar seriamente de transformación, hay que empezar por lo único que importa: reducir la mora. Todo lo demás es secundario.
La administración de justicia afronta también el problema económico básico, que son recursos escasos frente a necesidades ilimitadas. Por tanto, el sistema debe priorizar, y debe hacerlo con un criterio racional y moral. Y tal criterio no puede ser otro que el mayor bien para el mayor número de personas. Desde esa perspectiva, las prioridades son claras.
Primero, la justicia penal frente a los grandes flagelos sociales, como el crimen organizado, los delitos sexuales, los robos violentos. Aquí está en juego la vida y la integridad de la población, y es donde se decide si Costa Rica será una república o un territorio en guerra.
En este punto, conviene decir algo que el populismo penal suele ocultar: el aumento de penas no es la solución. Algunos creen, ingenuamente, que alargar condenas es sinónimo de seguridad. Pero el frío no está en las cobijas. Ningún delincuente sale a delinquir calculando los años de prisión, como quien hace sumas o restas. El delincuente delinque porque cree que no lo van a agarrar. Lo que disuade no es la pena más alta, sino la certeza de castigo. Y esa certeza solo existe cuando el sistema funciona, investiga rápido, acusa pronto y condena sin demora. Un país con penas altísimas y mora judicial sigue siendo un país impune.
Segundo, la justicia familiar. Porque la familia sigue siendo la base de la sociedad. Un Estado que abandona la justicia familiar abandona a los niños, y con ellos, abandona el futuro.
Tercero, la justicia laboral. Porque el trabajo es dignidad y sustento, y la mora laboral es injusticia social disfrazada de trámite.
Si esta es la ruta, entonces hay que liberar recursos judiciales. Y uno de los mayores drenajes del sistema es el cobro judicial, pues son miles los casos en que el Poder Judicial actúa como cobrador de bancos y emisores de tarjetas, como si esa fuera la función sagrada de la justicia estatal. Ese trabajo podría trasladarse, mediante reformas legales, a notarios públicos, siguiendo modelos ya existentes en fideicomisos de garantía y que el juez intervenga únicamente para controlar legalmente nulidades procesales, excepciones de pago o prescripción. Así, se devolverían jueces al lugar donde realmente se necesitan.
En materia penal, el país debe tener el valor de aceptar algo fundamental. No puede existir una justicia que permita procesos eternos. Nadie debería vivir bajo la amenaza perpetua de una investigación interminable.
Por eso, deben imponerse plazos taxativos para investigaciones y juicios, con sanciones reales para el funcionario que incumpla. Debe prohibirse la apelación estatal de sentencias absolutorias, porque el Estado no puede tener infinitas oportunidades mientras el ciudadano envejece dentro del expediente. Deben facilitarse procesos abreviados como política criminal racional y abrir espacio para arbitraje penal o acción privada en delitos sin interés público relevante, reservando el músculo estatal para lo verdaderamente grave.
Además, debe detenerse el circo mediático judicial. La filtración de información, los allanamientos convertidos en espectáculo y la justicia usada como show de televisión han destruido la presunción de inocencia y la credibilidad institucional. El secreto procesal no es un tecnicismo, sino un principio republicano.
En el plano estructural, urge modernizar la gobernanza judicial. Los magistrados deben juzgar, no gestionar. Finalmente, debe discutirse seriamente la separación del Ministerio Público del Poder Judicial. Incluso, como lo decía Juvenal hace más de dos mil años, “los vigilantes deben ser vigilados”. Una democracia madura exige control político institucional sobre quien persigue penalmente.
Costa Rica no necesita una reforma judicial cosmética ni satisfacer ambiciones políticas. Necesita una reforma para el ciudadano. Una reforma que reduzca la mora. Una reforma que devuelva el sentido de urgencia moral que debe tener la justicia. Porque cuando un país normaliza la lentitud judicial, deja de ser república.
Cristian M. Arguedas es abogado.
