EscucharCosta Rica compite en un entorno internacional cada vez más exigente, donde la competitividad no se construye con discursos, sino con acciones concretas: infraestructura de clase mundial, energía a precios razonables, una fuerza laboral educada, un Estado de derecho sólido y predecible, instituciones eficaces y marcos regulatorios modernos. En este último punto, el país ya compite en desventaja, y en muchos de ellos está rezagado.
Mientras otras naciones han actualizado sus leyes laborales para adaptarse a las nuevas dinámicas productivas, en Costa Rica seguimos atascados. Esto ya se traduce en pérdida de oportunidades. Empresas interesadas en invertir en zonas costeras o rurales han advertido de que, sin flexibilidad horaria, sus operaciones simplemente no son viables.
Sectores clave como la manufactura avanzada, los servicios corporativos y las tecnologías de la salud operan día y noche, los siete días de la semana. Estos sectores requieren modalidades de jornada que combinen flexibilidad con responsabilidad, de modo que podamos seguir siendo un destino competitivo para la inversión y el empleo formal.
Ante esta realidad, ya existe una propuesta concreta: el proyecto de ley 24.290, que busca introducir jornadas laborales excepcionales, reguladas bajo estrictos criterios de voluntariedad, fiscalización y pleno respeto a los derechos laborales. No se trata de una liberalización indiscriminada del régimen laboral, sino de una herramienta cuidadosamente delimitada y técnica, aplicable solo a sectores específicos, con aprobación previa del Ministerio de Trabajo.
Lamentablemente, el Congreso rechazó recientemente su trámite por vía rápida. Desde el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), lamentamos esta decisión e instamos a las diputadas y diputados del primer poder de la República a retomar su discusión con visión de país. No se puede seguir postergando una reforma que podría abrir nuevas puertas a la inclusión laboral, especialmente cuando cerca de la mitad de la población permanece en la informalidad.
Este proyecto no impone una jornada única ni generalizada. Es una opción voluntaria que excluye a personas menores de edad y a mujeres embarazadas, exige estudios técnicos en salud ocupacional, establece un periodo de prueba de tres meses –durante el cual la persona trabajadora puede volver a su jornada anterior sin represalias– y contempla medidas de cuido, transporte, fiscalización reforzada e incentivos salariales.
Los beneficios serían inmediatos: mayor empleo formal, atracción de inversión fuera de la Gran Área Metropolitana y retención de talento nacional. Empresas que ya operan bajo regímenes similares –autorizados de forma puntual– reportan altos niveles de satisfacción, especialmente por la posibilidad de contar con tres días libres para estudiar, emprender, descansar o compartir en familia.
No podemos seguir aplazando decisiones estratégicas por cálculo político. Frente al avance de la inteligencia artificial, el surgimiento de hubs tecnológicos en la región y una economía global en transformación, modernizar nuestras reglas laborales es apenas el primer paso para no perder relevancia.
La competitividad del país también depende de su capacidad de legislar con visión de futuro. Desde el CPC, creemos en una Costa Rica donde el empleo de calidad no sea un privilegio, sino una posibilidad real, especialmente para jóvenes y mujeres que lidian con altas tasas de desempleo desde hace décadas. Nos hemos acostumbrado a ver esas cifras con normalidad e indiferencia, pero son una clara señal de un sistema que no está funcionando para todos.
La ventana de oportunidad se está cerrando. Modernizar nuestras jornadas laborales no es solo una necesidad técnica. Es también un acto de responsabilidad con el presente y de compromiso con el futuro.
Carlos González: abogado y empresario, es presidente del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC)
