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Un hecho reciente ocurrido en Cartago, en el que un incidente vial terminó con una persona fallecida, debe llamarnos a una reflexión serena y humana. Lo primero es lamentar la pérdida de una vida y reconocer el dolor que una tragedia así provoca en familias, comunidades y en la sociedad entera.
No corresponde a estas líneas emitir criterio sobre responsabilidades penales, legítima defensa, portación de armas, proporcionalidad en el uso de la fuerza ni sobre las circunstancias específicas del caso. Ese análisis pertenece a las autoridades competentes, al proceso judicial y a la valoración integral de la prueba.
Pero sí corresponde hacer una advertencia desde la seguridad vial: Costa Rica debe empezar a tratar la violencia en carretera —conocida internacionalmente como road rage— como un problema de salud nacional.
No se trata solo de conductores enojados. Se trata de una combinación peligrosa de estrés, prisa, frustración, intolerancia, sensación de impunidad, deficiente educación vial y ausencia de mecanismos adecuados para resolver conflictos cotidianos en la vía pública. Un roce, un cierre, un choque menor, una pitada o una mala maniobra pueden convertirse, en segundos, en una confrontación desproporcionada.
Durante años, hemos abordado la seguridad vial desde una perspectiva principalmente normativa: señales, multas, licencias, alcohol, velocidad, cinturón, casco y revisión técnica. Todo eso importa. Pero hemos prestado menos atención a un componente igual de decisivo: el comportamiento emocional del conductor.
Conducir no es solo dominar un vehículo. Es tomar decisiones bajo presión, tolerar errores ajenos, ceder cuando corresponde y renunciar a tener la razón cuando insistir en esta puede escalar el conflicto. Detrás de cada volante, hay una persona con cansancio, estrés, miedo, enojo o problemas que los demás no siempre ven.
También se requiere una narrativa pública clara: bajarse del vehículo para discutir no es valentía; perseguir a otro conductor no es justicia; cerrar el paso no es corrección; responder una provocación no es defensa de la dignidad. En carretera, muchas veces la decisión más inteligente es alejarse, documentar, llamar a las autoridades y preservar la vida.
Por eso, reducir el problema a más multas sería quedarse corto. La violencia vial requiere una estrategia nacional que combine educación, salud pública, fiscalización, tecnología y cultura ciudadana. La formación de conductores debe incorporar conducción defensiva, gestión emocional, resolución no violenta de conflictos, actuación posterior a un choque, deber de auxilio y protocolos para retirarse de una situación riesgosa.
También el sistema institucional debe modernizarse. Cámaras, aplicaciones de reporte, coordinación con emergencias, registros audiovisuales y procedimientos claros pueden ayudar a convertir un conflicto vial en un trámite verificable, no en una disputa directa en plena calle.
La presencia policial sigue siendo indispensable, pero debe enfocarse estratégicamente en conductas objetivamente peligrosas: persecuciones, cierres deliberados, conducción temeraria, intimidación con el vehículo, agresiones y abandono de la escena. La autoridad debe proteger la vida, no solo levantar boletas.
Costa Rica necesita comprender que la seguridad vial no termina en evitar choques. También implica evitar que un choque, una imprudencia o una discusión se conviertan en violencia. Ningún daño material vale una vida. Ningún enojo momentáneo justifica una tragedia.
Si de verdad queremos proteger la vida, debemos reconocer que el road rage no es solo mala educación al volante. Es una señal de alerta nacional que debe atenderse con prevención, educación, control efectivo y responsabilidad colectiva.
barqueroa77@gmail.com
Alberto Barquero Espinoza es administrador de empresas con énfasis en transporte terrestre y seguridad vial.
