No es un secreto que en Costa Rica existen grupos sociales con mejor y mayor acceso al conocimiento, así como grupos sociales que siempre han tenido dificultades para obtener educación de calidad o expresar sus propios saberes.
Tampoco es un secreto que es común la migración de estudiantes hacia la Gran Área Metropolitana (GAM), donde se concentra el conocimiento en un punto geográfico y, por ende, origina la marginación de este en otros puntos.
Esta no es una regla, personas o grupos en riesgo social o de zonas lejanas logran sobresalir dentro y fuera del país; sin embargo, muchos otros sobresalen debido a que pertenecen a familias acaudaladas o están ligados a la política, además de que coinciden con que viven dentro de la GAM o que debido a su capacidad económica se trasladaron a esta en busca de mejores oportunidades educativas.
El concepto de injusticia cognitiva lo planteó el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos para referirse a la desigualdad o exclusión del acceso al conocimiento validado por la ciencia, así como también a la invisibilización de la ecología de saberes que existe en un lugar (saberes no necesariamente científicos).
Para este autor no existe la justicia social sin la justicia cognitiva, y esta no puede alcanzarse mientras domine un capitalismo hegemónico que controle el tipo de conocimiento que se establece como válido y privilegie a ciertas personas o grupos para que puedan adquirirlo.
Costa Rica es parte de un capitalismo global que impide una justicia social ideal; sin embargo, siendo un país democrático renombrado y con grandes progresos en materia social, cabe preguntarse por qué el acceso a la educación y producción de conocimiento propio no se promueve más y mejor.
Es común escuchar de escuelas o colegios públicos cerrados por problemas de infraestructura o sin tecnología o internet. En zonas alejadas son casi nulos algunos programas educativos u oportunidades laborales en donde aplicar el conocimiento.
Al mismo tiempo, en otras instituciones existe cobertura tecnológica e internet idóneas, amplios programas educativos y mejores oportunidades de trabajo.
Con respecto a los saberes autóctonos, o a la generación de conocimientos propios, que muchas veces se ven en los emprendimientos, es todavía más desalentador en las zonas fuera de la GAM.
El país apuesta por el conocimiento global (ingenierías, tecnología, medicinas, idiomas) que ha importado y se establece como el único válido para ser transmitido. Como si esto ya no fuera una enajenación cognitiva, también está el problema de que no todos pueden llegar al conocimiento y casi se invisibilizan saberes que pueden aportar los indígenas o grupos comunitarios marginados.
Todo esto se traduce en injusticia cognitiva, es decir, en desigualdad en el acceso a la educación, en la invisibilización de saberes locales y en la poca o nula promoción de la generación propia de conocimientos, principalmente en regiones marginadas o rurales.
La mala distribución y administración de los recursos físicos, financieros y humanos educativos y culturales es la causante de que esta injusticia exista y se mantenga mientras pasan los gobiernos.
Es admisible tener buenas expectativas en un nuevo gobierno. En la cartera de Educación, por ejemplo, la elegida para el cargo cuenta con gran experiencia profesional en varias especialidades —incluida la educación—, así como en varios países y organizaciones, como la Unesco.
La nueva jefatura podría representar una esperanza en cuanto al acceso al conocimiento y a la validación y promoción de diversos saberes autóctonos.
De esta manera, una nueva gestión gubernamental despierta la nueva ilusión de construir un país en el cual la repartición y la administración de los recursos educativos y culturales se lleven a cabo de manera justa.
El autor es educador y filósofo.