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La posible incorporación de Costa Rica al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) no puede analizarse únicamente desde la lógica fría de las exportaciones, las estadísticas macroeconómicas o las promesas de apertura comercial. El tema exige una discusión mucho más profunda, responsable y humana, porque lo que está en juego no es solamente la competitividad económica del país, sino también la estabilidad de su tejido social rural.
Costa Rica tiene una larga tradición agrícola. Detrás de cada actividad productiva existen comunidades enteras que dependen de ella: pequeños productores, trabajadores agrícolas, transportistas, comercios locales, cooperativas, ferias del agricultor y familias que, durante generaciones, han construido su vida alrededor de la tierra. Cuando se habla del agro, no se habla únicamente de mercados; se habla de arraigo, identidad y cohesión social.
Por ello, resulta legítimo preguntarse si el país está realmente preparado para competir, en igualdad de condiciones, contra potencias agrícolas como Nueva Zelanda, Australia o Vietnam, cuyos costos de producción, escalas industriales y niveles de subsidio son radicalmente distintos a los costarricenses.
El riesgo no es abstracto. Sectores sensibles como arroz, lácteos, carne de cerdo, pollo, papa, cebolla y parte de la agricultura familiar podrían enfrentar una presión enorme. Y cuando una actividad agrícola colapsa, sus efectos no se limitan al productor. El impacto se expande hacia toda la comunidad: desempleo rural, endeudamiento, migración, pobreza y debilitamiento del comercio local.
Costa Rica ya enfrenta profundas desigualdades territoriales. Mientras algunas zonas urbanas avanzan en servicios y tecnología, muchas regiones rurales sobreviven con enormes dificultades. Una apertura comercial mal gestionada podría profundizar todavía más esa fractura social.
Esto no significa que el país deba rechazar automáticamente cualquier acuerdo comercial. Sería un error caer en posiciones simplistas o ideologizadas. El comercio internacional también puede generar oportunidades, atraer inversión y abrir mercados para sectores competitivos. Pero, precisamente por eso, el debate debe darse con seriedad, transparencia y responsabilidad nacional.
La verdadera discusión no debería ser si el tratado es “bueno” o “malo” en términos absolutos. La pregunta correcta es otra: ¿qué mecanismos de protección, transición y fortalecimiento productivo existen para evitar que miles de familias rurales queden abandonadas frente a una competencia imposible de sostener?
Porque si el Estado no acompaña adecuadamente este proceso, el costo no se medirá solo en toneladas de producción perdida. Se medirá en comunidades debilitadas, en jóvenes que abandonan el campo, en aumento de la desigualdad y en el deterioro silencioso del equilibrio social costarricense.
El agro no es únicamente una variable económica. Es parte esencial de la estabilidad nacional. Y cualquier decisión que pueda afectar ese equilibrio debe tratarse con extrema prudencia, lejos de consignas políticas y cerca de la realidad de quienes viven y trabajan la tierra todos los días.
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Ferdinand von Herold es abogado.
