EscucharAllá por los inicios de la década de 1970 en los altos del cerro Azahar, en San Ramón, mi abuelo compró una finca de unas 70 hectáreas. Le había costado ¢60.000 y la negoció a pagos: cinco años sin intereses. Con colinas y nacientes, la finca tenía mucho potencial. El problema es que casi toda estaba inundada de bosque. Mi abuelo, así como casi todos los dueños de fincas de ese entonces, decidió contratar una empresa local para botar la montaña y abrir campo para potreros.
El contrato era muy simple: limpien la finca del bosque y estamos a mano. Robles, dantos, marías, aguacatillos, chapernos y quién sabe qué más cayeron vencidos al son de la motosierra. En esos tiempos los precios de la carne de ganado vacuno estaban en tendencia creciente, así que botar la montaña para abrir campo para el ganado era una cuestión lógica y de supervivencia económica. Para mi abuelo, así como muchos finqueros, el bosque no tenía ningún valor económico y era un estorbo para el desarrollo.
A mediados de la década de 1980, el país cayó en cuenta de que el bosque estaba siendo reducido a una tasa catastrófica. De un 60% de cobertura forestal a principios de 1950 había caído a menos de un 20% a mediados de 1980. En esos mismos tiempos, el valor del precio de carne ya había alcanzado su punto máximo y la rentabilidad para el pequeño productor de ganado de engorde ya no era lo mismo.
Por otro lado, el movimiento ambiental a nivel mundial empezaba a tomar fuerza y el país descubría que ante los ojos del mundo era un lugar privilegiado por sus bellezas naturales. Estas coyunturas despertaron el interés de los gobernantes por empezar a definir políticas de protección más agresivas para aumentar el número de parques nacionales y reservas biológicas. Esto ha dado sus frutos, ya que hoy en día el país cuenta con más de 160 áreas protegidas, un 26% del territorio nacional.
Sin embargo, poco o nada se había hecho para impulsar la protección del bosque por parte de la población y la empresa privada. Por lo tanto, a principios de la década de 1980, empiezan a surgir diferentes mecanismos de mercado de protección del bosque privado como créditos suaves, rebaja de impuestos y certificados de pago forestal, con la intención de conservar el bosque privado así como incentivar plantaciones de árboles. En 1990, mi padre y tíos, quienes mantenían la finca de mi abuelo, tuvieron acceso a estos programas y se plantaron unas seis hectáreas de ciprés. Además de recibir el almácigo gratis, el programa incluía pagos anuales por cinco años para asistir la plantación. Así se recuperó una parte del bosque y mi familia logró generar algún flujo de caja. Este incentivo económico empezó a cambiar la percepción histórica de aquellos años cuando el finquero no le veía ningún valor al bosque.
Nuevo programa. A mediados de 1990 se crea por medio de la Ley Forestal 7575 el Pago por Servicios Ambientales (PSA). El PSA paga a finqueros y protectores del bosque por varias modalidades de conservación, incluyendo protección al bosque, protección de vida silvestre, protección de fuentes de agua, reforestación y servicios ambientales agroforestales, entre otras categorías. La parte más importante del programa es el financiamiento, el cual se logra a través de un impuesto a los combustibles fósiles de un 3.5%, y de recibir donaciones de empresas privadas y de organizaciones no gubernamentales extranjeras.
Hoy en día ,el bosque de la finca que mi abuelo había comprado continúa su recuperación y casi la totalidad del terreno está incluido en el PSA. Gracias a esto, mi familia recibe un pago anual por protección del bosque y disfruta de otros beneficios no económicos que son incluso más importantes que el mismo pago.
Es evidente que la protección del bosque privado a través de los PSA trae una gran cantidad de beneficios. El concepto de bosque sostenible solo se da si existen beneficios sociales, ambientales y económicos. Si alguna de estas dimensiones no se cumple, entonces la actividad no puede ser sostenible. El caso del PSA es una política sostenible de protección del bosque que cumple con las tres dimensiones. Primero, hay un beneficio social que se refleja en el disfrute del bosque para actividades recreativas, de salud mental y de aprendizaje. En la dimensión ambiental hay una lista enorme de beneficios que incluyen el secuestro de carbono, protección a fuentes de agua, combate al calentamiento global, protección de biodiversidad y la mitigación de la erosión, entre otros. Finalmente, en la dimensión económica hay beneficios importantes, porque el PSA permite a entes privados generar un flujo de caja anual, además de otras actividades económicas, como el ecoturismo.
La política de PSA no es perfecta. Una de las debilidades que tiene es que no permite la extracción del bosque natural, al ser sólo para conservación. Esto se debe quizás al trauma que le quedó al país después de años de deforestación inmisericorde. Aunque hoy la cobertura forestal esté por arriba del 55%, es importante reconsiderar los procedimientos de manejo del bosque natural privado y público. En países desarrollados hay políticas forestales que permiten la extracción del bosque natural como una manera de manejar y crear una mejor regeneración del bosque. Esto hay que mejorarlo bajo el marco PSA, especialmente porque el uso de madera como materia prima ayuda a evitar el uso de combustibles fósiles, así como a incrementar el secuestro de carbono.
El modelo PSA es objeto de estudio en muchos países del mundo y es una de las pocas políticas estatales costarricenses que son sostenibles. Gracias a esto, mi familia logró ver un valor económico en el bosque y decidió conservarlo. Así hay miles de ejemplos de costarricenses que hoy en día ven el bosque con unos ojos muy diferentes a los que mi abuelo lo vio hace más de 40 años.
