EscucharEl pasado 9 de mayo, diferentes medios de comunicación nacionales describieron la clausura de un restaurante por no cumplir ciertos requisitos para su funcionamiento. Aunque se mencionó brevemente entre las razones de su cierre, no se profundizó en el elemento central que generó la acción de la Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud.
Como persona con discapacidad, al igual que todos ustedes, intento disfrutar de cualquier espacio público o privado que brinda un servicio; como ciudadana no pido un trato preferencial, sino que se respeten mis derechos y se den las condiciones necesarias para llevar una vida completamente independiente. Si esto no se cumple, estamos ante un acto discriminatorio ya que el voto de la Sala Constitucional 11802-2005 del 2005 así lo denota.
Costa Rica debe entender y promover la accesibilidad al espacio físico como un derecho humano el cual permite el desarrollo personal, potencia la autonomía dejando atrás elementos asistencialistas y que al final generan gastos insostenibles.
El conocimiento experto que me da ser persona con discapacidad, sumado a mi estudio en temas legales, me permite realizar denuncias cuando estos elementos no se cumplen, pero sé que soy afortunada. Muchas personas con discapacidad no conocen los derechos que le brinda el ordenamiento jurídico, por lo que se ven afectadas por este tipo de instalaciones excluyentes, sin que ejerzan su derecho a exigir un entorno accesible que tome en cuenta las necesidades de todas las personas.
Se debe visualizar la accesibilidad a cualquier espacio como una inversión: cuando un local cumple con la reglamentación tiene más clientes que realizan sus compras sin ninguna dificultad. En el último censo nacional efectuado en el 2000 se definió que el 5,3% de la población tiene alguna discapacidad, y a esto le debemos sumar las familias de estas personas, que escogen en qué lugar realizar sus actividades diarias dependiendo del nivel de accesibilidad que encontraran.
Diversos expertos consideran que la cantidad de personas con discapacidad es mucho mayor, lo tendremos más claro después del censo que está por realizarse.
Dejo la reflexión para todos los empresarios, comerciantes y por supuesto al Gobierno acerca de todo este nicho poblacional que son consumidores en potencia, solo a la espera de poder hacerlo con absoluta independencia. Lo podemos analizar en esta inquietud: ¿cuánto dinero habrá dejado de recibir este local por cerrar aunque sea solamente un día?
Por último, el Estado debe entender que el cumplimiento de la Ley N.° 7600, que fue la primera acción clara dirigida a los derechos humanos de las personas con discapacidad, sumado a otras leyes y convenciones ratificados por Costa Rica como la Ley N.° 8661, son elementos generadores de participación social y de inclusión. Esta ratificación fue un hito, porque en su núcleo se busca la equiparación de oportunidades para todos los ciudadanos, no se trata de caridad si no de posibilitar que todos puedan desarrollarse completamente en cualquier ámbito según sus diferentes capacidades.
Como persona con discapacidad, aplaudo la iniciativa del Ministerio de Salud, la fiscalización de la accesibilidad de los locales comerciales se convierte en otro paso en la búsqueda del cumplimiento de la legislación nacional y de un país cada día más igualitario.
Las personas con discapacidad tenemos todas las capacidades necesarias para desarrollarnos en cualquier espacio; no estamos pidiendo ninguna ayuda, solamente que se entienda que el respeto a nuestros derechos y las acciones que se desarrollan hacia nosotros son inversiones con réditos sociales y económicos innumerables.
