La inteligencia artificial (IA) está transformando el mundo a una velocidad que desafía nuestra capacidad de respuesta. Desde asistentes virtuales que redactan documentos hasta algoritmos que predicen enfermedades o automatizan decisiones judiciales, la IA ya no es una promesa lejana del futuro, sino una realidad que moldea nuestras vidas y economías. Sin embargo, mientras su desarrollo avanza aceleradamente, las respuestas legales y políticas siguen atrapadas en marcos rígidos, obsoletos y, muchas veces, desconectados de la realidad.
En Costa Rica, como en muchos países de América Latina, hemos empezado a discutir cómo regular la IA. Ya existen varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que intentan ordenar este fenómeno. Pero al analizarlos con detenimiento, salta a la vista un problema mayor: la mayoría copia modelos extranjeros, en especial el europeo, sin considerar nuestras propias capacidades institucionales, nuestra infraestructura tecnológica, ni las prioridades reales de desarrollo del país.
A esto se suma un asunto más profundo: las características propias de la IA –su autonomía, velocidad de evolución, complejidad técnica, opacidad algorítmica y capacidad de aprender por sí sola– dificultan seriamente aplicar los enfoques clásicos de regulación. No se puede gobernar una tecnología disruptiva con leyes que asumen un mundo estable. Por ejemplo, exigir transparencia absoluta en sistemas basados en redes neuronales profundas puede sonar bien, pero en la práctica es muchas veces imposible. La realidad técnica impone límites a lo que jurídicamente podemos exigir.
Además, cualquier intento de regulación está condenado al fracaso si no se acompaña de una estrategia nacional de educación y apropiación social de la IA. Una población que no entiende cómo funciona esta tecnología no puede ejercer sus derechos de manera efectiva, ni aprovechar sus beneficios. La alfabetización en IA, desde las escuelas hasta los centros de trabajo, no es un complemento de la regulación: es una condición previa o, al menos, concomitante. Regular sin educar es como legislar en la oscuridad.
Frente a este panorama, necesitamos un enfoque más sensato, más humilde y más acorde a nuestra realidad. Costa Rica no necesita leyes “copia y pegue”. Necesita una estrategia de opcionalidad, es decir, mantener disponibles diversas formas de intervención que puedan ajustarse conforme la tecnología evoluciona.
No hay una única forma correcta de regular la IA, pero sí podemos diseñar mecanismos que nos permitan aprender y adaptarnos en el camino. Esto incluye la creación de espacios de experimentación regulatoria (como los sandboxes) y la posibilidad de revisar y reformar nuestras leyes sectoriales conforme se presenten nuevos retos y oportunidades.
También es urgente invertir en nuestras capacidades técnicas e institucionales. Sin un Estado que entienda de IA, que sepa supervisarla y tenga los recursos para hacerlo, cualquier ley será letra muerta. Y sin una ciudadanía con las habilidades para convivir críticamente con estas tecnologías, el riesgo no solo es quedar rezagados, sino perder soberanía sobre nuestro propio desarrollo.
Regular la IA no es solo poner límites: es también habilitar su uso para el bien común. Para ello, debemos combinar medidas de protección con políticas activas de impulso, como fomentar el uso responsable de la IA en las pymes, abrir el acceso a datos públicos, capacitar a nuestra fuerza laboral y apoyar el desarrollo de soluciones locales.
Estamos ante uno de los mayores cambios tecnológicos de nuestra era. No podemos seguir usando marcos pensados para el siglo XX para enfrentar los desafíos del XXI. La pregunta no es si regular o no la IA. Es cómo hacerlo de forma que tenga sentido en nuestro contexto, que realmente proteja sin sofocar, y que nos prepare para un futuro que ya empezó.
daniel@datalexlatam.com
Daniel Rodríguez Maffioli es abogado especialista en tecnología.
