Guatemala: ¿adiós a las armas?

Ramiro de León Carpio abandona la presidencia de Guatemala como quien sale ileso de un incendio pavoroso y --además-- consigue rescatar a la muchacha de las llamas. Y no es para menos: ese es el país más difícil de gobernar en toda América Latina. El más violento. Tanto como Colombia, pero con un mayor grado de complejidad. Posee un cincuenta por ciento de población indígena fragmentada en media docena de etnias, veinte lenguas, cincuenta mil muertos, muchos de ellos todavía tibios, y una extraña mezcla de miedo, indiferencia y rencor que suele enmascararse tras ciertos gestos rituales de servilismo inducidos por el tremendo racismo que flota en el ambiente. (Cuando debato con los norteamericanos sobre Guatemala siempre me gusta preguntarles cómo creen que sería el panorama estadounidense si existiese una población marginal y marginada de ciento treinta millones de indios sioux o de orgullosos comanches cabalgando por las praderas o deambulando cabizbajos por las ciudades.)

Ramiro de León deja el terreno abonado para que arraigue la democracia que ha sembrado. Su principal contribución a la historia de los guatemaltecos forma parte del reino de las abstracciones: salvó y saneó considerablemente el Estado de derecho en su país. Primero, cuando asumió la presidencia tras el fallido autogolpe de Jorge Serrano Elías en 1993. Después, cuando depuró el Congreso eliminando un número considerable de políticos corruptos. Ahora --ahorita, dicen los guatemaltecos-- al trasmitir la autoridad en unas elecciones democráticas a su sucesor, Alvaro Arzú, dejando instalado un parlamento dotado de un abanico político que va desde la izquierda radical a la extrema derecha, pero con una amplia zona de equilibrio en el centro.

En una nación que tiene una debilísima tradición democrática esto es una hazaña notable, aunque sus adversarios se nieguen a admitirlo. Y si se le añade que deja encarrilado el proceso de paz con la guerrilla comunista --que acaso se firme a lo largo de 1996--, y los cauces creados para que los grupos que la integran se sumen a la vida política nacional, como hicieran el M-19 en Colombia o los Tupamaros en Uruguay, transformando la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en un partido político de la izquierda vegetariana, pacífico y sedentario, delirante, pero no letal, esa hazaña casi se convierte en un milagro.

Esa es la Guatemala que hereda Alvaro Arzú, político --por cierto-- con talla de gran estadista. Una democracia cogida con alfileres, pero mucho más esperanzadora que la que dejó Vinicio Cerezo o abandonó Jorge Serrano, aunque solo sea porque las instituciones son algo más sólidas, el ejército más respetuoso del poder civil, y la clase dirigente bastante más estructurada que en el pasado. Lo que no quiere decir, por supuesto, que la tarea que tiene por delante el nuevo presidente sea fácil. Una sociedad en la que se abstiene de votar el 64 por ciento del censo electoral hay algo que anda bastante mal. Y si de ese 36 por ciento que acudió a las urnas, la mitad votó por Ríos Montt --convenientemente travestido en Alfonso Portillo--, un general de mano dura que solo cree en la paz de los sepulcros, la conclusión inevitable es que la masa de guatemaltecos realmente imbuidos de los valores democráticos no es demasiado voluminosa: apenas uno de cada cinco adultos.

Esos espinosos resultados electorales probablemente contribuyan a definir las prioridades del gobierno de Arzú. ¿Por qué Portillo/Ríos Montt (o al revés) sacaron el 48 por ciento de los sufragios en el cómputo general y ganaron en 18 de los 22 departamentos del país? Probablemente, por la inseguridad, la violencia política, los continuos secuestros, el bandolerismo. Esos guatemaltecos quieren orden a cualquier precio, y no les importa que en la hoja de servicio del general Ríos Montt hubiera aldeas arrasadas o fusilamientos sumarios. De donde se deduce que la primera tarea de Arzú es demostrar que se puede hacer respetar la ley sin necesidad de recurrir a ese tipo de violencia brutal e indiscriminada. Es decir, tendrá que tecnificar los cuerpos policíacos, y ampliar y modernizar el sistema penitenciario, mientras fortalece y agiliza el poder judicial, de manera que la expresión "el imperio de la ley" deje de ser una figura retórica y se convierta en una verdad esencial.

Solo que muy pronto Arzú descubrirá que la represión del delito es la parte más difícil e ingrata en la labor de cualquier gobierno democrático. Es costosísima y --al mismo tiempo--totalmente invisible. No hay monumentos ni cintas que cortar. El éxito no es más que un cómputo estadístico a la baja. Una curva trazada sobre un papel cuadriculado. Menos asesinatos, menos secuestros, menos robos, menos violaciones. Pero para lograr esos resultados hay que aumentar sustancialmente los recursos públicos y abultar la nómina de funcionarios, sacrificio que inmediatamente es cuestionado con el argumento de que la pobreza extrema o el analfabetismo tienen una urgencia mucho mayor.

¿Cómo romper ese círculo empedernidamente vicioso? Tal vez no sea disparatado utilizar para esos fines al ejército. Aprovechar la paz que se avecina para paulatinamente transformar el ejército en una gran fuerza policíaca, urbana y rural, como hizo Panamá tras el derrocamiento de Noriega. Al fin y al cabo, dado el altísimo costo de los equipos militares, ningún país de Centroamérica puede hoy mantener un ejército realmente moderno, pero sí puede, en cambio, costear una gran policía con magníficos sistemas de investigación, transporte y comunicación comparables a los que poseen Alemania o Estados Unidos.

Un cambio de ese tipo contribuiría a consolidar el proceso democrático guatemalteco, sacaría a las Fuerzas Armadas del ámbito de las decisiones políticas, solucionaría en gran medida el tema de la inseguridad ciudadana, y le procuraría un destino razonable a una institución tan fuera de nuestro alcance como la tecnología espacial o la guerra atómica. Un simple dato lo demuestra: a principios del siglo XXI un soldado de infantería norteamericano entrará en combate con ropa blindada climatizada, guiado y observado desde un satélite, provisto de equipos de visión nocturna, cámaras de televisión adosadas al casco, misiles portátiles terriblemente destructivos y asombrosos medios de transporte. Equipar cada uno de estos "terminators" le costará al Estado doscientos cincuenta mil dólares. ¿Tiene algún parentesco este extraño bicho artillado por la ciencia con nuestros soldaditos de la era de la guerra de Corea?

Arzú, que es un hombre inteligente, y que tiene una larga experiencia como administrador --fue un gran alcalde-- sabe que un buen presidente puede hacer muy pocas cosas en los cuatro o cinco años de su mandato. Y tal vez descubra que la mejor --la mejor para el país y la mejor para la propia institución armada-- es esa conversión de un ejército inútil e imposible en una gran policía moderna, sujeta a un gran sistema judicial que les elimine a los guatemaltecos la inseguridad que tanto daño le hace a la consolidación de la democracia. Si lo hiciera --como sucede con su predecesor-- pasaría a la historia como un gran presidente.

(Firmas Press)