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Los primeros 100 días del gobierno de Laura Fernández permiten formular una opinión que va más allá de una simple valoración de sus primeras decisiones. Más que ante la mera continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves, podríamos estar frente a la consolidación de una forma de ejercer el poder que tiene características claramente populistas.
¿Cuáles son esas características? Para la académica argentina María Esperanza Casullo, el populismo no es una ideología, sino una narrativa: un relato que construye un “nosotros”, integrado por el pueblo y su líder, frente a un “ellos”, constituido por quienes son acusados como responsables de los problemas que aquejan a ese pueblo.
Cualquier análisis de estos primeros 100 días debe partir del hecho de que el gobierno de Fernández dispone de una condición política excepcional: 31 diputados de los 57 que integran la Asamblea Legislativa. Tiene, por tanto, una capacidad para aprobar legislación que ningún gobierno reciente había tenido. Ya no puede explicar sus dificultades fundamentalmente por la ausencia de apoyo parlamentario o por la imposibilidad de negociar con una Asamblea dominada por la oposición, como fue el caso en la administración anterior.
Y, sin embargo, el conflicto sigue ocupando un lugar central en su estrategia política. Esto obliga a preguntarse si algunas de las iniciativas que el gobierno impulsa tienen como principal propósito producir políticas públicas eficaces o si, en determinados casos, cumplen otra función política: generar una controversia que permita reforzar la frontera entre “nosotros” y “ellos”.
La política pública seria comienza con la definición de un problema, continúa con la identificación de alternativas técnica y jurídicamente viables, considera sus costos y consecuencias, y procura construir los apoyos necesarios para su implementación. Su éxito se mide finalmente por los resultados que produce.
La lógica populista funciona de otra manera. Lo importante no es necesariamente que la iniciativa llegue a producir el resultado anunciado. Lo importante puede ser el conflicto que genera su presentación.
Una iniciativa jurídicamente cuestionable, técnicamente deficiente o manifiestamente difícil de aprobar puede ser políticamente muy rentable, pues permite construir un antagonista. Si la Sala Constitucional la cuestiona, se puede presentar al Poder Judicial como parte de los que impiden el progreso. Si la oposición legislativa se resiste, puede convertirse en la representación de los intereses que se oponen al cambio. Si los medios de comunicación cuestionan la propuesta, pueden ser incorporados al mismo campo de los adversarios. Y si organizaciones sociales o profesionales expresan objeciones, estas pueden ser presentadas como parte de un sistema que pretende mantener el statu quo.
El problema es que esta estrategia tiene consecuencias que van más allá de la disputa meramente electoral. Una democracia necesita instituciones capaces de forzar al gobierno a cumplir con las leyes.
La Asamblea Legislativa debe deliberar, la Contraloría debe controlar, los tribunales deben revisar la constitucionalidad de las decisiones y la prensa debe cuestionar. Estos controles no son obstáculos que dificultan la acción gubernamental; son los mecanismos que impiden que una mayoría electoral se transforme en poder sin límites. Y esto es importante señalarlo porque la presidenta parece homologar su triunfo electoral con un mandato sin contrapesos.
Si este gobierno realmente quisiera maximizar los resultados de sus políticas, tendría incentivos para negociar, mejorar los proyectos, corregir errores y evitar conflictos innecesarios. Tiene los votos para hacerlo. Pero si su principal activo político es la construcción permanente de rivales políticos, entonces la confrontación puede resultar más valiosa que el acuerdo.
Y ahí aparece la diferencia esencial entre gobernar y hacer política populista. Gobernar consiste en resolver problemas. Hacer política populista consiste en construir un relato convincente sobre quién es responsable de esos problemas y quién representa al pueblo en su lucha contra ellos.
Los resultados de las políticas públicas son lentos, complejos y difíciles de atribuir. El conflicto, en cambio, es inmediato, apela a la emoción de la gente y se comunica con facilidad.
La presidenta Laura Fernández tiene una oportunidad excepcional: una mayoría legislativa para transformar buena parte de su programa en políticas públicas. Podría utilizarla para demostrar que el proyecto político que representa es capaz de producir resultados concretos. Pero, para hacerlo, tendría que abandonar la comodidad del conflicto permanente.
Tal vez esto signifique separarse de los artífices de este discurso, que no tiene por qué ser el suyo en esta coyuntura tan favorable.
Solo así podrá dejar su marca en la historia nacional y no terminar siendo solo una nota al pie de página de un fallido experimento populista.
rjgallardon@gmail.com
Roberto J. Gallardo N. es politólogo de la Universidad de Costa Rica.
