EscucharEl término gentrificación, cada vez más en boga en ciertos círculos sociales y académicos de Costa Rica, se ha convertido en un tema político en este año electoral. La Real Academia Española lo define como el “proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de mayor poder adquisitivo”.
¿Existe gentrificación en Costa Rica? Definitivamente sí. ¿Es el turismo tradicional el responsable de este fenómeno? Definitivamente no.
El turismo ha sido una pieza clave en la economía costarricense desde inicios de los años 90. Se podría argumentar que la llegada del hotel Four Seasons marcó la apertura del país al segmento de lujo, al atraer a visitantes con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, la gentrificación es un fenómeno más reciente, que comenzó a manifestarse con fuerza a finales de la década de 2010 y se ha acelerado desde la pandemia.
Si analizamos este proceso en detalle, encontramos una correlación evidente con el auge de los alquileres a corto plazo. No es una simple coincidencia.
Los propietarios de viviendas en zonas turísticas, tanto nacionales como extranjeros, han identificado que el alquiler a corto plazo ofrece una rentabilidad mucho mayor que el alquiler tradicional a largo plazo. Veamos un ejemplo: una casa de dos dormitorios en una zona costera de alta demanda puede alquilarse hasta por $200 por noche. Con una ocupación del 65%, esto equivale a un ingreso mensual de $4.000. Aun restando costos de mantenimiento, limpieza, comisiones y mercadeo por aproximadamente $1.000, la ganancia neta sigue siendo de $3.000. Ante este panorama, ¿por qué alquilar a un residente local por un precio significativamente menor si el retorno es mucho más atractivo en el mercado turístico?
Desafortunadamente, tanto el Gobierno Central como las autoridades locales han fallado en regular esta actividad. Esta falta de regulación permite a los más de 35.000 soluciones (fuente AirDNA) la evasión de impuestos y el incumplimiento de responsabilidades tributarias y solidarias, como las contribuciones a la CCSS, las patentes comerciales y el cobro del IVA. A pesar de algunos intentos legislativos por regular la industria, los datos del ICT revelan que menos del 5% de los prestadores de este servicio cumplen con sus obligaciones fiscales.
Si bien el alquiler a corto plazo representa una oportunidad de ingresos para algunos locales, la realidad es que la mayoría de los operadores son inversionistas costarricenses y extranjeros que han encontrado un negocio lucrativo, no regulado y de fácil acceso. Como consecuencia, el precio de los bienes raíces ha aumentado drásticamente en zonas como Tamarindo, Nosara, la Fortuna, Santa Teresa, Jacó, Quepos, Monteverde y Puerto Viejo, provocando el desplazamiento de la población local en favor de una de mayor poder adquisitivo, aunque sea de forma temporal.
Culpar al turista tradicional que se hospeda en hoteles no reducirá la gentrificación en Costa Rica, pero sí pondrá en riesgo el sustento de más de 180.000 personas que dependen directamente de esta actividad. Si realmente queremos mitigar el impacto de este fenómeno en nuestras zonas costeras y turísticas, el gobierno y la Asamblea Legislativa deben actuar en dos frentes: regular y controlar la industria de alquileres a corto plazo e incentivar la construcción de vivienda de nivel medio en estas áreas, generando competencia y reduciendo los precios.
Sin embargo, la voluntad política para implementar estas soluciones parece inexistente. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué?
